Desde el 4 de mayo un grupo de presos políticos mapuche (una de las naciones indígenas del sur de Chile) entraron en huelga de hambre. El primero en adoptar esta medida fue el machi o autoridad espiritual Celestino Cordova, para exigir que el estado chileno respete el Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Chile. Según este convenio “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento a los miembros de pueblos originarios”, necesidad que en el contexto de la pandemia es todavía más vital, ya que pone a los presos en alto riesgo de contraer el virus covid-19. Junto a él entraron en huelga 8 presos mapuche, pero el 5 de julio se unieron once presos más y el día 17 de julio, 5 más, repartidos en las cárceles del territorio mapuche o Wallmapu, (zona centro-sur del país). El estado de salud del machi Celestino y de los huelguistas es crítico.
Los derechos del pueblo mapuche establecidos por el Convenio 169 de la OIT, han sido violados sistemáticamente, al punto que las organizaciones de ddhh hablan de una situación de apartheid carcelario y racismo institucional, que está condenando a los miembros de la nación mapuche a una persecución política constante y violenta, y en el caso de los presos mapuche, a tortura.
Este año, en el contexto de la pandemia mundial, el congreso de Chile aprobó un proyecto de ley que concede un indulto conmutativo para unos 1.700 presos que podrían cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario, una medida sanitaria para prevenir el contagio del virus. Sin embargo, ninguno de ellos era mapuche.