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Maria Puerto Rico
Photo Credits: Roosevelt Skerrit ©

Puerto Rico merece respeto

Los escándalos sexuales que están estremeciendo Hollywood, mientras destapan años y años de silencios cómplices y silencios obligados, son solamente la punta del iceberg de un problema que todos conocemos: la prepotencia del poder. Un mal que ahonda sus raíces en la historia, una realidad que une a víctimas y verdugos. Es el bullying que se vive en los hogares, en las escuelas y en los trabajos. Es la violencia verbal y física que, muchas veces, deben soportar, las mujeres, los inmigrantes, las personas con discapacidades, los más pobres, los indígenas, y, a nivel internacional los países menos desarrollados.

Lo sabemos y sin embargo duele. Duele asistir a la constante, persistente actitud denigratoria de un Presidente hacia los inmigrantes latinoamericanos, hacia los países latinoamericanos, hasta hacia uno de esos países que es parte de su territorio como Puerto Rico. No hay piedad humana frente a las tragedias. La palabra solidaridad se va borrando de un diccionario del poder cada vez más hiriente, cada vez más irrespetuoso.

Los huracanes Irma y María sin duda agudizaron males que Puerto Rico venía arrastrando hace años, pero la población, en un momento tan doloroso, merece no solamente ayuda sino sobre todo consideración.

A pesar de todo, los puertorriqueños, así como los mexicanos después de los terremotos, han reaccionado a sus desgracias con actitud resiliente, generosidad y mucha solidaridad.

Lluvias y vientos no solamente barrieron hogares y vidas humanas sino que dejaron al país sin electricidad, sin agua, sin gasolina y pocos alimentos. Problemas todos que se han ido transformando en nuevas causas de muerte, sobre todo en los hospitales, en los cuales es muy difícil atender debidamente a los pacientes, sobre todo a los más graves.

Poco pueden ayudar unos cuanto rollos de papel lanzados a un público que los recibía atónito y que, igualmente atónito, escuchaba un discurso que, lejos de enviar un mensaje de aliento y comprensión, transformaba a las víctimas en culpables, culpables del desastre ocasionado por dos huracanes que los cambios climáticos han convertido en poderosas armas de destrucción, culpables hasta de tener “solamente” 16 muertos para ese momento.

La isla tenía una economía débil y ciertamente hay una responsabilidad de sus gobernantes. Sin embargo, las razones de esa crisis son más complejas. Una de ellas fue la decisión federal de eliminar las exenciones fiscales para empresas estadounidenses establecidas en Puerto Rico que les permitía enviar sus ganancias a la casa matriz sin tener que pagar impuestos federales sobre los ingresos corporativos. Al perder este privilegio muchas empresas empezaron a retirarse o a reducir sus inversiones. Eso ocasionó un aumento considerable de desempleo y de pobreza.  La deuda del país creció exponencialmente hasta llegar a un momento de crisis tan fuerte que el entonces gobernador Alejandro García Padilla admitió que era imposible seguir pagándola. La condición de estado libre asociado de Puerto Rico no les permitía acogerse al Código de Bancarrota de Estados Unidos y al no ser una nación soberana tampoco tenía la posibilidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional.

La administración Obama firmó en 2016 la llamada ley Promesa que establecía la creación de una Junta de Supervisión Fiscal cuya misión era “trabajar con el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico para crear las bases de un crecimiento económico sostenible y restablecer la oportunidad para el pueblo de Puerto Rico”.

En la realidad esa “Promesa” se ha traducido en una serie de recortes a las pensiones y a los sistemas de salud, educación y otros programas sociales que agravaron las condiciones de una sociedad en la cual casi un cincuenta por ciento de la población vive por debajo de los niveles de pobreza.

Otra de las causas de la crisis de Puerto Rico se puede encontrar en las consecuencias sobre su economía de la “Ley Jones”. Esta establece que solamente los barcos estadounidenses puedan transportar bienes y pasajeros a los puertos de Estados Unidos, que esos transportes deben llevarse a cabo con embarcaciones con bandera estadounidense, construidas en astilleros del país y con tripulación local. Esa ley no solamente está a la base del alto costo de la vida en Puerto Rico, más alto que en el resto de Estados Unidos, sino de la imposibilidad de desarrollar una industria naval local que abriría nuevas posibilidades de trabajo y de expansión.

Tras la devastación de los huracanes la eliminación de la Ley Jones se volvió clave para enfrentar la emergencia humanitaria que se traduce en necesidad urgente de medicinas y alimentos. Sin embargo la administración Trump la suspendió solamente durante diez días sin posibilidad de extensión, y ahora es prácticamente imposible recibir la ayuda internacional que llegaría con barcos de otros países.

En el mientras los mensajes que llegan de la Casa Blanca son inciertos y cambiantes. Por momentos alimentan las esperanzas y por otros suman en el desconcierto a una población que todavía no sabe bien en qué puede contar para reconstruir los hilos de su vida.

Puerto Rico necesita ayuda humanitaria, requiere oxígeno para recuperarse y lo precisa con urgencia, antes que más muertos se sumen a la cifra inicial que ya se ha duplicado. Demanda fondos para reconstruir una infraestructura que si antes era obsoleta y deteriorada, ahora aparece destrozada en su gran mayoría, necesita devolverle esperanza a una población que está emigrando en masa al no vislumbrar un futuro en su país.

Pero, aún más que eso, el pueblo de Puerto Rico necesita y merece respeto.


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Photo Credits: Roosevelt Skerrit ©

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