Hugo Chávez, con su fino olfato político, entendió desde el primer momento que, si quería perpetuarse en el poder y manejarlo a su antojo, tenía que destruir dos pilares de la sociedad: los medios de comunicación y las organizaciones humanitarias. Unos y otros iban a servir de caja de resonancia de los malhumores que su política iba a causar en la sociedad. Unos y otros permitirían conocer tanto a nivel nacional como internacional las injusticias, los atropellos a los derechos humanos, las condiciones inhumanas de las cárceles, los abusos de policías y militares, en fin la realidad de Venezuela. Un país que, ya desde entonces, se proponía mantener bajo el yugo de un gobierno indiferente a las reglas democráticas, lleno de palabras y consignas, y falto de acciones positivas.
La herencia de Chávez la recogió con disciplinada coherencia su delfín Nicolás Maduro quien terminó el trabajo empezado por el primero.
Tras aniquilar, amenazar, comprar o ahogar la casi totalidad de la prensa libre, obligando la mayoría de los medios impresos a transformarse en digitales, a miles de periodistas a emigrar y a muchas emisoras radio a transmitir desde fuera o someterse, llegó el momento de la destrucción de las organizaciones humanitarias.
Durante años y años, prácticamente desde el momento en el cual, a raíz de las manifestaciones antichavistas empezaron a llenarse las cárceles de detenidos políticos y la calidad de vida de los venezolanos se fue deteriorando, el gobierno se ha dedicado a dificultar el trabajo de las ONG’s. Ha lanzado acusaciones vueltas a poner en duda la transparencia de sus intenciones y ha promovido diferentes acciones intimidatorias.
A pesar de todo, estas organizaciones han logrado echar sus raíces en lo más profundo de la sociedad, una sociedad que cada día iba sufriendo más privaciones y necesitando más ayudas, desmontando con su trabajo diario las acusaciones del gobierno. Ha ido creciendo también el respeto del que gozan a nivel internacional. Se refleja en la seriedad con la cual organizaciones como la Corte Penal Internacional y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, reciben sus múltiples y bien documentadas denuncias.
Al entender que no podían someter a los actores de las ONG’s a pesar de las muchas agresiones, allanamiento de sedes, y otras acciones disuasivas, el gobierno decidió intervenir de manera radical. Las declaró posibles organizaciones terroristas.
Así las había calificado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, en diferentes ocasiones y en el transcurso de su programa “Con el mazo dando”. Más de una vez dijo que las Organizaciones No Gubernamentales pueden ser vehículo para un golpe de estado forjado en el exterior.
Inútiles, hasta el momento, las protestas de muchas organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El gobierno de Maduro publicó en Gaceta Oficial una Providencia Administrativa que obliga las ONG’s que operan en Venezuela a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Eso significa que tienen que dar los nombres de sus integrantes, especificar cuáles son sus fuentes de financiamiento, mostrar los movimientos bancarios, decir cuáles son las organizaciones asociadas y, además, al ser precalificadas como terroristas, el nombre de los beneficiarios. Sobran las palabras.
En respuesta a este nuevo y más peligroso atropello, más de 700 organizaciones de la sociedad civil firmaron un documento en el cual expresan su firme rechazo a la nueva ley. En el documento escriben que la Providencia Administrativa: “…al establecer la posibilidad de ilegalización e inclusive cárcel, por incumplimiento, pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población en un momento en que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
El último informe del Índice Anual de Miseria Hank (HAMI) indica que Venezuela fue en 2020, por quinto año consecutivo, el país más miserable del mundo. Para esta evaluación toman en cuenta la suma de la inflación, préstamos bancarios, las tasas de desempleo y el cambio porcentual en el PIB real per cápita.
Según un estudio de la FAO realizado a petición de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) la pandemia incrementará ulteriormente la pobreza y el hambre. Más dolor, más miseria, para una población que desde hace años atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de la historia de la región.
En un documento que publicó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP) en 2020 se lee que, ya en 2019, uno de cada tres venezolanos no tuvo acceso a una cantidad suficiente de alimentos con consecuente aumento del número de personas con desnutrición sobre todo entre los sectores más vulnerables, en particular los niños, las mujeres en edad fértil, los trabajadores de la economía informal, los habitantes de las zonas rurales y los indígenas.
Tras la pandemia la situación ha llegado a tales extremos de criticidad que el gobierno aceptó llegar a un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU para mitigar la crisis alimentaria que afecta sobre todo a los niños.
Considerando la ayuda que podrían dar las ONG’s a la población y en particular a esos sectores más vulnerables, resulta incomprensible la actitud destructiva del gobierno.
Lo único que se desprende de esa política es que lo último que les interesa a los gobernantes de Venezuela es el bienestar de su pueblo.
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