¿Qué sucede cuando una sociedad no puede compensar su sentimiento de ofensa a través de mecanismos de justicia nacionales? ¿Qué sucede cuando la justicia internacional no logra satisfacer, castigar, retribuir y reparar graves violaciones de Derechos Humanos? A menudo, graves rupturas políticas obligan a recurrir a formas alternativas de justicia que suelen ser muy variadas según el contexto cultural y que se conocen como justicia transicional.
La justicia transicional se aplicó entre los atenienses durante varios períodos oligárquicos sucedidos por ciclos democráticos que trataron de sortear experiencias traumáticas anteriores, al sustituir ejecuciones sumarias por exilios masivos. En el caso de las restauraciones borbónicas en Francia, hubo que combinar avances del periodo revolucionario, con el deseo de los emigrados de que se les restablecieran sus privilegios pre revolucionarios.
Mas recientemente numerosos países que transformaron sus modelos políticos de dictaduras militares (América Latina), regímenes de exclusión (Suráfrica) o sistemas ideológicos (Europa del Este) por otros mas liberales, inclusivos y democráticos, acompañaron dichos cambios con medidas y mecanismos que buscaban compensar y sanar profundas heridas que las ofensas, abusos, persecuciones, torturas y muerte dejaron en dichas sociedades.
Pero la justicia transicional no solo aplica en situaciones de cambio de gobierno. A menudo, tras largos periodos de conflicto armado, una sociedad logra la paz en procesos de negociación entre el Estado y los insurgentes, que permiten la normalización del funcionamiento político, económico y social de esa sociedad. Tal fue el caso de Venezuela en los años sesenta y de Centro América en los años noventa.
Actualmente Colombia se encuentra en pleno proceso de negociación de la paz con una de las facciones guerrilleras mas numerosa, las FARC, y justamente el tema de la justicia y los enjuiciamientos por delitos considerados de lesa humanidad, constituyen una de las mayores trabas del proceso de negociación, debatiéndose entre la impunidad y un esquema punitivo.
No es fácil llegar a acuerdos en materia retributiva como la repartición de tierras a campesinos y desplazados víctima de la violencia, donde se oponen nociones de propiedad individual con desarrollos agroalimentarios masivos que buscan maximizar la eficiencia de la tierra.
En materia política, la guerrilla busca asegurarse su presencia en las estructuras del poder por vías nada democráticas, como el sistema de cuotas automáticas, tal vez consciente que por vía electoral no va a lograr el apoyo necesario, como bien lo sabe la izquierda venezolana, quien luego de la pacificación nunca tuvo una representación parlamentaria significativa y ató su carruaje a la cola de un militar golpista que reivindicó la violencia como forma política.
Ningún jefe de la organización guerrillera parece querer asumir su responsabilidad en la escalada de la violencia colombiana, donde el Estado ciertamente tampoco es inocente. Es cierto que nadie negocia su encarcelamiento, pero tampoco parecen estar dispuestos a hacerse de un lado, como lo hizo Joaquín Villalobos del Salvador, quien aceptó el exilio en Inglaterra y es hoy un conocido analista político, a pesar de tener un prontuario criminal que incluye el asesinato del poeta Roque Dalton por un lio de faldas, que no de enfrentamiento conceptual.
Al final, en este tipo de enfrentamientos, la ideología cede el paso a la mera ofensa, donde lo que cuenta es quien mató a quién, quien torturó a quién y quien desapareció a quién. En muchos casos la justicia sólo logra tener un carácter meramente simbólico, pero no por ello menos importante.
Como lo dijo Richard Goldstone, el presidente de la Comisión de la Verdad de Suráfrica: La verdad también es una forma de justicia. El cómo se cuenta la Historia en una época post conflicto es muy importante y casi nunca hay un acuerdo al respecto.
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