En Honduras no hay justicia para los ambientalistas y los defensores de los derechos humanos. No solamente los delitos contra ellos, en su gran mayoría, quedan impunes, sino que, además, corren el riesgo de terminar en prisión. Es lo que le está pasando a seis de los ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) quienes fueron encarcelados en 2019, a raíz de su lucha contra la realización del proyecto minero Guapinol que lleva adelante la empresa Inversiones Los Pinares. Este proyecto afectaría una zona protegida y tendría graves repercusiones en los ríos San Pedro y Guapinol. Kevil Alejandro Romero, José Abelino, Orbin Nahúm Hernández, Porfirio y Hébert Alexander Cedillo y José Daniel Márquez, han sido condenados bajo la acusación de privación injusta de la libertad, delitos de asociación ilícita, uso ilegal de armas, robo, e incendio agravado.
De poco o nada sirvieron las protestas del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que desde el primer momento juzgó «arbitraria” la detención de los ambientalistas explicando que “contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
La directora para las Américas de Amnesty International, Erika Guevara Rosas, en diciembre pasado envió una carta al Fiscal General Óscar Fernando Chinchilla, expresando “la preocupación de Amnistía Internacional por el uso indebido del sistema de justicia penal hondureño para detener y procesar injustamente a ocho defensores de los derechos humanos de Tocoa, departamento de Colón… Amnistía Internacional ha investigado en profundidad la causa penal que ha desembocado en su procesamiento y detención. Al igual que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU, la organización ha llegado a la conclusión de que las acusaciones penales contra los ocho hombres y su prolongada prisión preventiva son injustificadas y constituyen un uso indebido del sistema de justicia destinado a perseguir, acosar y, en última instancia, silenciar a los defensores de los derechos humanos”.
Ya otras veces se pudo percibir la injusticia con la cual se maneja el derecho en Honduras y cuán difícil sea luchar contra los poderosos y quienes detienen el poder económico y político.
Fue solamente gracias a la fuerte presión internacional que el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, quien había recién recibido el prestigioso premio Goldman Enviromental Prize, lograra una parcial justicia. Después de cinco años, fueron encarcelados siete presuntos asesinos materiales y sobre todo fue condenado Roberto David Castillo Mejía, claramente implicado en el delito. Castillo Mejía era un directivo de Desarrollos Energéticos, DESA, la empresa que tenía que construir la represa que hubiera afectado gravemente el río Gualcarque, sagrado para la comunidad indígena lenca, y contra la cual estaban luchando Berta Cáceres.
Sin embargo, según la hija de Berta y demás miembros de COPINH, otros involucrados en su asesinato, siguen impunes.
Defender el ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe puede representar un boleto hacia la muerte. Solamente en enero de este año, según declaraciones de Erika Guevara, directora de Amnesty International por las Américas, 20 activistas han sido asesinados. De ellos, tres en Honduras: “El 9 de enero, dos hombres desconocidos asesinaron a Pablo Isabel Hernández, líder Indígena, comunicador social, y defensor de los derechos humanos y ambientales, mientras se dirigía a una Iglesia en el municipio de San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira. De acuerdo con el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras, Pablo había sido víctima de múltiples amenazas por su trabajo de defensa de derechos humanos, en particular por sus denuncias en la radio comunitaria en la cual trabajaba.
El día siguiente, Thalía Rodriguez, defensora trans de derechos humanos, fue asesinada en Tegucigalpa. Thalía desempeñó su activismo desde diversas organizaciones como la Asociación Kukulcán, Cattrachas, Colectivo Violeta y Cozumel Trans, entre otras, realizando labores de sensibilización en derechos humanos, liderando grupos de autoapoyo y promoviendo alternativas laborales al trabajo sexual de mujeres trans.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que el 22 de enero, Melvin Geovany Mejía, Indígena tolupán y defensor del territorio, fue encontrado muerto con heridas de arma de fuego en el municipio Morazán, departamento de Yoro”.
La injusticia que encarceló a los seis ambientalistas para sembrar el terror en los demás ecologistas y defensores de derechos humanos, el pasado 9 de febrero ordenó además el desalojo de más de 120 familias de la Comunidad Indígena Lenca Tierras del Padre.
En un comunicado Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, ha denunciado que estas familias “fueron desalojadas violentamente por un contingente de la Policía Nacional y Fuerzas Especiales con al menos 600 efectivos visiblemente armados. Dicha acción fue promovida por la Empresa Inmobiliaria Siglo XXI S.A., cuyo dueño es Mario Facussé Handal quién acusa de delincuentes y estafadores a los pobladores, y niega su identidad indígena lenca. Hay que decir que en el desalojo varias defensoras fueron golpeadas y las niñas y niños están sufriendo de crisis nerviosas importantes. La comunidad se encuentra bajo asedio policial”.
Acusas graves, detrás de las cuales están seres humanos que sufren todo tipo de agresiones y de violencia solamente por defender un territorio en el cual viven desde generaciones y que unos pocos están dispuestos a destruir para aumentar sus riquezas personales.
Si bien, aun con el apoyo internacional, no se logren los resultados deseados, peor, mucho peor es la lucha en soledad. Es importante, y es lo que piden muchas organizaciones, que a la voz de los protagonistas se unan muchas otras, y que las batallas de unos sean las batallas de todos.
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