La reciente Asamblea General sobre drogas realizada por la OEA en Guatemala ha mostrado, una vez más, cuán difícil resulta tratar este asunto de manera coordinada y unitaria.
Los conceptos más importantes se han ido colando en un hablar entre susurros mientras las proclamas declamadas en voz alta sirvieron sobre todo para consumo interno de los gobiernos. Nuevamente se han hecho evidentes las asperezas que encierra un problema tan complejo y delicado como es el del consumo y tráfico de las drogas.
Jefes de estado y de gobierno conscientes de la inmensa cantidad de dinero que gira alrededor del negocio de las drogas, saben que deben proceder con enorme cautela. Pero, aún a pesar de los que preferirían hablar de cambios más que actuarlos, la realidad se va imponiendo cada día con mayor fuerza y la inutilidad de la política punitiva adoptada hasta el momento es implacablemente evidente.
Los millones de dólares que se invierten en sistemas de policía que, en la mayoría de los casos, sirven para llenar las cárceles de drogadictos y pequeños traficantes, ni han disminuido el consumo ni, mucho menos, han debilitado los grandes carteles de la droga que, por el contrario, se enriquecen a desmesura y alargan sus tentáculos en el mundo político.
En junio pasado, en el ‘The Global Commission on Drug Policy’ (GCDP) constituido por personalidades de muy alto nivel, entre ellos también el ex secretario General de la ONU, Kofi Annan, varios ex Jefes de Estado y Premios Nobel, han presentado un informe en el cual subrayan la necesidad de promover un cambio en el enfoque de la lucha contra las drogas. Muchas las recomendaciones que surgen de ese documento. Los líderes mundiales pidieron enfrentar el problema de las drogas como una cuestión de salud pública, que sea eliminada la criminalización del consumo y que se trabaje para reducir el poder de la delincuencia organizada.
La esperanza de ambas reuniones internacionales es la de lograr que la ONU en su Asamblea General sobre esta temática, que se realizará en 2016, impulse los países a nivel global a una revisión de las fórmulas empleadas hasta hoy para contrarrestar el cáncer de las drogas en el mundo.
Naturalmente los primeros opositores a estos cambios son los narcotraficantes. Ellos necesitan del sistema de prohibición para seguir ejerciendo el poder actual sobre los adictos quienes en muchos casos se transforman en traficantes para conseguir la droga que necesitan para uso personal. A pesar del gran trabajo que llevan adelante los cuerpos de policía especializados como la DEA estadounidense y de las bajas que en algunos casos han dejado los carteles sin cabecillas, es evidente la capacidad que tienen esas organizaciones de llenar en breve tiempo los espacios vacíos, dejados por los que fueron apresados o muertos. El dinero que mueve el narcotráfico en muchos casos es superior al de los estados mismos y el poder también, a veces, es superior al de los gobiernos, cuanto menos en las regiones donde están sus cuarteles generales. Donde no llegan con la corrupción llegan con el terror y un ejemplo de la desfachatez de ese poder lo pudimos apreciar recientemente con los videos que puso en YouTube el narcotraficante Servando Gómez Mártinez, alias La Tuta, líder del cartel Los Caballeros Templarios.
Este narco ha ridiculizado públicamente a políticos y últimamente también a periodistas, a través de videos en los cuales queda demostrada no solamente su capacidad de corrupción sino sobre todo la del miedo. Las víctimas de la criminalidad organizada son tantas que su sangre es una mancha oscura y amenazadora que se alarga sobre enteras regiones, enteros países. Nadie está a salvo de incrementar ese río de dolor y de muerte.
Hasta que un prohibicionismo obtuso siga dictando la pauta en la política de lucha a las drogas, los negocios y el poder de los narcotraficantes irán creciendo. La vida de enteras naciones se verá condicionada por ese estado dentro de los estados.
Estamos conscientes de la dificultad que implica un cambio radical en una cuestión tan delicada y con tantas diferentes características. No es igual el problema en los países productores, los de tráfico, y los de consumo y no es fácil romper el entramado de intereses que se mueve alrededor de un mercado que no solamente beneficia a los productores sino también a muchos ciudadanos, sobre todo a campesinos, que viven de los dividendos que se derivan de ese tráfico.
Pero el desangramiento humano y económico que están enfrentando los diversos gobiernos obliga a mirar de frente la realidad. En Estados Unidos la población carcelaria ha crecido de un 800 por ciento en los últimos 30 años a causa de las detenciones relacionadas con el consumo y el pequeño tráfico de sustancias psicotrópicas y eso genera un gasto público de más de 80mil millones de dólares. En centro y suramérica el costo económico que genera la guerra contra la droga es tan alto que los gobiernos deben sacrificar sectores fundamentales para las poblaciones como lo son, por ejemplo, educación y sanidad. Y, a pesar de tanto gasto, la fuerza de los carteles sigue intacta, el número de los muertos aumenta, la corrupción corroe las distintas instituciones públicas y los ciudadanos sienten que están encerrados en un camino sin salida. El prohibicionismo nunca ha resuelto problema alguno y mucho menos está resolviendo ni resolverá el de las drogas. No hay país que pueda decirse libre de esta plaga así que no quedará más remedio que encarar el problema con honestidad, quizás en voz baja pero de manera efectiva para imprimir el viraje necesario a una guerra que hasta el momento tiene un ganador anunciado: el narcotráfico.