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Photo by: Phil Roeder ©

Día de luto para los derechos humanos en EEUU

Los estadounidenses, sobre todo las mujeres, marcarán en su calendario el viernes 24 de mayo como día de luto. 

Uno de los derechos humanos más importante, esenciales para la salud de las mujeres, el derecho al aborto libre y asistido fue enterrado por una Corte Suprema con una mayoría de jueces conservadores.

Tras la aprobación de una ley en Misisipi, estado gobernado por una mayoría republicana, que prohibía la realización de abortos después de las primeras 15 semanas de embarazo, la clínica de salud reproductiva de Jackson Women’s Health Organization emprendió una batalla legal al considerar la norma en conflicto con el derecho existente.

La ocasión fue propicia para que los detractores del aborto pidieran la intervención de la Corte Suprema a sabiendas que encontrarían un terreno favorable en esa institución que debería ser apartidista y libre de influencias religiosas. La sentencia demostró que no es ni lo uno ni lo otro.

La sentencia dictada en el caso Roe contra Wade que, en 1973, permitió el acceso al aborto sin restricciones durante el primer trimestre de embarazo, fue cancelada por la sentencia que emitió la actual Alta Corte en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization. 

Ahora cada estado tendrá la libertad de legislar sobre una materia que tiene una repercusión profunda sobre la salud física y psicológica de las mujeres. Como siempre en estos casos la situación será más grave para las de menores recursos y las que tienen un acceso limitado a la educación y al internet.

Si ya ahora en varios estados como Texas y Oklahoma es sumamente difícil realizarse un aborto con asistencia médica, después de esta sentencia se prevé que será imposible en más de la mitad de los 50 estados norteamericanos. En muchos de ellos los legisladores ya tienen listos para su inmediata aprobación, los textos de las denominadas trigger laws. Enterrando definitivamente un derecho que permitió a muchas mujeres, a muchas familias, tener los hijos deseados, y a salvar la vida de quienes anteriormente iban a comadronas para interrumpir sus embarazos poniendo en riesgo su vida y su salud.

Por otro lado, aumentará inevitablemente el número de niños que serán víctimas de violencia y abandono al nacer en hogares incapaces de darles la protección y el cariño que necesitarían. Muchos de ellos terminarán en orfanatos y cárceles de menores que representan un lucro para quienes los dirigen.

Es un retroceso gravísimo en materia de derechos humanos, un insulto a las personas quienes lucharon fuertemente para que esos derechos fueran realidad.    

En una situación tan grave será deber de todos apoyar a las organizaciones que ayudan a las mujeres que quieren abortar para que puedan tener acceso a informaciones veraces, a las medicinas que pueden ayudarlas a interrumpir su embarazo sin poner en peligro su salud y, cuando sea necesario, a viajar a otro estado que les asegure asistencia médica.

A comienzos de esta semana aciaga, pocas horas antes de la aprobación por parte del Senado de una ley que empieza tímidamente a fijar un control para la adquisición y posesión de armas de fuego, el Supremo, con otra decisión desconcertante, consideró anticonstitucional la ley que en el Estado de Nueva York limita la posibilidad de llevar pistolas en la calle y en los espacios públicos.

La decisión que deja sin protección a los millones de ciudadanos que se movilizan con el transporte público y transitan por las calles de la ciudad, es una ulterior demostración de la ceguera e insensibilidad de los jueces de la Corte Suprema. 

Después de los meses en los cuales la pandemia puso en evidencia la disparidad social y dejó las calles regadas de personas sin recursos y con problemas físicos y psíquicos, la violencia volvió a Manhattan. A pesar de las restricciones actuales, algunas riñas o peleas familiares terminan regularmente con muertos y heridos por armas de fuego. La actual administración, así como los mismos ciudadanos, en estos últimos meses están haciendo grandes esfuerzos para que la ciudad vuelva a la vida de antes, sin miedos y con una violencia limitada.  

Para lograrlo, tras las últimas matanzas de Búfalo y Uvalde, fue aprobada una ley que restringía ulteriormente la compra de las armas. Prudencia inútil ya que la Corte Suprema echó para atrás todas las precauciones que, desde 1913 había establecido la llamada Ley Sullivan, según la cual pueden llevar armas únicamente quienes demuestren que tienen una causa que lo justifique. Brandon Koch y Robert Nash, apoyados por la sección local de la Asociación Nacional de Rifle (NRA) acusaron de inconstitucionalidad esa ley y los jueces de la Corte Suprema, a pesar de las repetidas matanzas que ensangrientan casi diariamente el país, les dieron la razón.

¿Qué pasará ahora que cualquier persona puede caminar con una pistola en su bolsillo? ¿Cuántas más víctimas inocentes deberán morir en aras de la ceguera de unos pocos?

Trump no logró ser reelecto. Sin embargo, los efectos nefastos de su presidencia siguen empañando la democracia de los Estados Unidos gracias a los jueces que nombró en una institución que finalmente tiene la última palabra en cuestiones sumamente importantes para los derechos humanos de los ciudadanos.

No nos sorprendería que el próximo paso de los sectores más retrógrados del país, con la connivencia de la Corte Suprema, fuera el de enterrar los derechos de la comunidad LGTBQ+.

El derrumbe de los derechos humanos en Estados Unidos puede tener repercusiones muy graves dentro y fuera del país. 

Frente a ese peligro ya no hay espacio ni justificación para la indiferencia. 


Photo by: Phil Roeder ©

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