Lograr que un estado reconozca derechos humanos como el de los matrimonios igualitarios, el del aborto, entre otros, y condene toda discriminación racial y étnica conlleva años de lucha. Luchas durante las cuales muchas personas sufren violencia física, son encarceladas y en algunos casos mueren.
Sin embargo, para que esos derechos se pierdan son suficientes pocos meses. Una Corte Constitucional con mayoría conservadora, un Presidente autoritario y machista, un fortalecimiento de la presencia religiosa, pueden fungir de borrador de derechos que parecían inamovibles.
Es lo que está pasando en Estados Unidos con el derecho al aborto. Las limitaciones que exigen ahora algunos estados transforman el aborto en un vía crucis a veces muy perjudicial para la vida de la mujer. La ola de regulaciones antiabortistas en varios estados regidos por gobiernos republicanos, entre ellos Arkansas, Oklahoma, Montana, Yowa, Tennessee, Misisipi y Texas, restringe ulteriormente un derecho ya suficientemente comprometido por la escasez de clínicas en las cuales las mujeres pueden interrumpir un embarazo indeseado en condiciones seguras.
En el estado de Texas el gobernador logró acortar el tiempo en el cual es posible realizarse un aborto, llevándolo a seis semanas, un lapso absolutamente insuficiente ya que a veces no da tiempo ni para enterarse del embarazo. Muchas mujeres de las zonas fronterizas prefieren ir a México para comprar las píldoras antiabortivas o para practicarse un aborto seguro.
A pesar de tantas restricciones, pareciera que los políticos más conservadores y los grupos antiabortistas buscaban más. Su sed inquisitoria deseaba ver entre rejas a una mujer acusada de asesinato tras un aborto.
En su intolerancia ciega, pensaron haber encontrado a esa primera víctima en Lizelle Herrera, hispana de 26 años, quien, según el comunicado difundido por la oficina del alguacil del condado de Starr, fue detenida tras la acusación “de haber causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido».
Al difundirse la información se movilizaron de inmediato los grupos que defienden los derechos de las mujeres en el valle del Río Grande, al cual pertenece el Condado en el cual fue encarcelada Lizelle Herrera. En particular se activó la organización Frontera-Fund cuyo propósito es el de recopilar fondos para ayudar a las mujeres a abortar. Las activistas hicieron hincapié en las irregularidades que encerraba ese encarcelamiento y reunieron los 500mil dólares de la fianza. A los dos días Herrera fue liberada. Sin embargo, su encarcelamiento ha marcado un precedente muy peligroso y el caso, que tiene muchos matices de abuso, no está cerrado.
En las próximas semanas la Corte Suprema deberá pronunciarse y decidir si será revocada, después de casi 50 años, la ley que se implementó en todo el país tras el caso Roe contra Wade y que garantiza el derecho al aborto en un plazo de 22 a 24 semanas.
Si consideramos la mayoría conservadora de los jueces que componen la Corte Suprema, se teme que ese derecho se vea notablemente debilitado, ocasionando así un retroceso significativo en temas de derechos humanos. Como bien dice Amnesty International: El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
Si la Corte tomara la decisión de echar para atrás la ley que garantiza a las familias y sobre todo a las mujeres norteamericanas decidir algo tan importante como es el nacimiento de un hijo, se perdería la confianza en la justicia que quedaría manchada irremediablemente por la política.
Photo: Lorie Shaull ©. Norma McCorvey, left, who was Jane Roe in the 1973 Roe v. Wade case, with her attorney, Gloria Allred, outside the Supreme Court in April 1989, where the Court heard arguments in a case that could have overturned the Roe v. Wade decision.