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protestas colombia 2021
Photo by: Fernando Rojas ©

Colombia, una tierra que no conoce paz

Una reforma tributaria, sin duda inoportuna en un momento en el cual la pandemia está sembrando muerte y pobreza, fue la chispa que hizo estallar la rabia de los colombianos.

Miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes pero no solo, se han volcado a las calles después de muchos meses de encierro a causa de la Covid 19. El malestar acumulado por las muchas promesas fallidas del Presidente Duque y su gobierno, el miedo por un futuro cada vez más incierto con un aumento vertical del desempleo y de la pobreza, y en medio de una pandemia que está cobrando centenares de víctimas sin que se vea luz al final del túnel, han sido el carburante que ha mantenido a los manifestantes en las calles. El anuncio del Jefe de Estado de retirar la reforma tributaria, llegó con retraso. A la rabia acumulada, se ha ido agregando la indignación por la actitud de la policía y de los militares que se han ensañado con violencia inusitada contra los manifestantes. Más aun contra las mujeres quienes, además de la violencia que ha golpeado a todos, han sido también víctimas de abusos sexuales por parte de los uniformados. Ulterior gasolina al fuego la echó el ex Presidente Álvaro Uribe, quien, en su constante deseo de protagonismo, defendió y justificó a los policías y militares que hacían uso de las armas contra la población civil mostrando una vez más su talante autoritario.

Las imágenes aterradoras de la violencia policial y militar que ha dejado decenas de heridos y 27 muertos han dado la vuelta al mundo. Amnesty International denunció: “La policía ha hecho uso de la fuerza de manera indiscriminada y desproporcionada, y se reportan alarmantes cifras de violencia sexual y de personas dadas por desaparecidas. La desaparición forzada y la violencia sexual perpetrada por autoridades son crímenes de derecho internacional que cualquier Estado está facultado a investigar y perseguir”.

La ONU Colombia emitió un comunicado en el cual: “hace un llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, e insiste que toda acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 ofrece elementos para reglamentar estas garantías y fortalecer la participación ciudadana”.

Muchas y diversas las voces que se han levantado de América Latina, Europa y Estados Unidos para pedir al Presidente que detenga la violencia. Finalmente, Duque accedió a encontrarse con líderes políticos de oposición y con el Comité Nacional del Paro, liderado por el movimiento estudiantil y las centrales obreras. La esperanza es que de esos encuentros surja un acuerdo real entre las partes y que el diálogo no se diluya entre promesas pronto olvidadas. 

Colombia, tierra amarga en la cual el asesinato, la violencia, la tortura han marcado décadas de historia, por un momento tuvo la esperanza de un futuro de paz. Quimera efímera que, cual sueño que desvanece en la madrugada, ha sido de una brevedad dolorosa.  El proceso de paz, lento, delicado, sin duda imperfecto, pero alcanzable, era un camino frágil que fue entorpecido por quien ha basado su poder en la confrontación y necesita a un enemigo para sobrevivir.

Alejado de sus propósitos iniciales, el proceso de paz, en lugar de traer paz, ha profundizado frustraciones, miedos y sed de venganza.

Desde la firma del acuerdo de paz hasta ahora más de 250 ex militantes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) desmovilizados fueron asesinados, y paralelamente el vacío dejado por este grupo guerrillero está siendo ocupado por bandas criminales, herederos de los paramilitares y otros grupos guerrilleros que siembran terror en comunidades olvidadas por el gobierno central.

Crece el número de asesinados entre los líderes sociales, los indígenas y los defensores de derechos humanos. Según el informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas” de Human Rights Watch, desde 2016, más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)”.

Sigue además sin respuesta la sombría interrogante sobre los crímenes de los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles en manos de militares. Según datos de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), órgano del gobierno que tiene la función de administrar la justicia transicional, por lo menos 6.402 personas, en su mayoría jóvenes, fueron asesinados y falsamente presentados como guerrilleros fallecidos en combate, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2008.

Trago amargo para el gobierno del Presidente Duque, delfín del ex Presidente. Y no sorprende que el mismo Uribe haya propuesto derogar o reformar la JEP y sustituirla con una sala especial que juzgue a los militares que han perpetrado esos crímenes.

La proximidad de las elecciones, previstas para 2022, poco ayuda a crear un clima de diálogo y distensión. Si por una vez los políticos que aspiran a la silla presidencial pensaran en la población más que en sí mismos, las cosas podrían llegar a ser distintas. Sin embargo, este anhelo se parece más a una quimera que a una posible realidad.


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