Colombia dijo “No” al acuerdo de paz que durante meses y meses estuvo llevando adelante el Presidente Juan Manuel Santos. Una vez más se esfuma la posibilidad de poner fin a un conflicto entre gobierno y guerrilla que ha sembrado de muertos, desplazados, dolor y odios el territorio colombiano. De las urnas salió la radiografía de un país dividido en dos aunque la gran ganadora de este referéndum ha sido la abstención.
Al acuerdo de paz alcanzado en Colombia se le critican fundamentalmente tres aspectos que tienen en común lo que pudiera llamarse un tratamiento preferencial a la guerrilla con respecto al resto de la sociedad colombiana. En otras palabras, se le atribuye un balance de injusticia.
El primero se refiere al hecho mismo de la justicia, es decir, la posibilidad de otorgar indultos y amnistías a personas que han cometido actos delictivos y por los cuales otros ciudadanos (incluyendo ex guerrilleros), cumplen las condenas previstas en el código penal. Esto es cierto y hubiera tenido que ser resuelto con criterios de equidad por el sistema penal de ese país. Conciliar, por ejemplo, una condena de 10 años de prisión a una persona, versus, una amnistía a otra persona que haya cometido el mismo delito, no hubiera sido tarea fácil. Veremos cómo se hubiera podido resolver este evidente desequilibrio. Pero lo que no dijeron los opositores al Acuerdo, es que no iba a haber impunidad. Se hubiera creado un Tribunal Especial para la Justicia Transicional, que hubiera juzgado los delitos cometidos por la guerrilla durante los últimos 52 años. Exentos de amnistía estaban los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros crímenes graves. Esto es una dosis de justicia bastante más elevada que la que se aplicó en los casos de la desmovilización de los paramilitares, por sólo citar un caso.
El segundo es más sencillo, pero no por ello menos generador de suspicacia y sentimiento de injusticia: A los desmovilizados se le hubiera otorgado el equivalente al 90% del salario mínimo, unos 218 dólares, que pareciera ser una especie de subsidio al “Paro”, pero que en una sociedad de contrastes sociales tan grandes como en Colombia, puede generar distorsiones importantes.
El tercer aspecto, pareciera ser el que despertó más aprehensiones y resistencias políticas, muy denostado por el Uribismo y se refería al acceso al poder político de las FARC. Según los detractores del Acuerdo, se estaría abriendo la puerta en grande al acceso a los poderes públicos a las FARC. Al transformarse en un movimiento político, los otrora criminales tendrían la posibilidad de ser electos para cargos públicos. A ello se le puede oponer que la popularidad de las FARC merodea un pobre 1% y que es muy poco probable que salgan electos. Tan conscientes están de ello, que el Acuerdo estipula una adjudicación automática de 10 escaños en el Parlamento por dos períodos legislativos. Para darnos una idea de la desproporción, la población afrocolombiana y la indígena que representan un 30% de los colombianos, tienen una adjudicación de apenas 3 escaños. Esta fue por cierto la fórmula que impuso Pinochet en Chile, para asegurar la continuidad política del universo militar en el senado chileno.
Al ganar el no, estos tres puntos serán el objeto de unas eventuales nuevas negociaciones. Algo muy difícil de lograr aunque la esperanza es que no se pierda el gran trabajo hecho hasta ahora porque significaría un retroceso importante para Colombia, a nivel económico, pero sobre todo a nivel humano.
Sin embargo, por el momento lo único seguro es que en Colombia la pesadilla continúa.
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