Era una protesta anunciada. Sí, también en Colombia al igual que en Chile, el malestar de diferentes sectores de la sociedad era palpable desde hace meses. Y también en Colombia como en Chile el último en entender la magnitud de ese descontento y de tomarlo en cuenta con la seriedad que merecía, fue el mismo Presidente.
Cuando los países estallan en protestas es porque la medida está colmada y la sociedad se ha cansado de esperar una escucha que ni llega ni da señales de que llegará.
La marcha fue convocada por los sindicatos que se oponían a las medidas económicas denominadas el “paquetazo” que, sin ser oficialmente presentadas, habían dejado entrever algunos ministros y sobre todo por los estudiantes quienes, durante todo el año, habían salido a la calle para pedir un incremento del presupuesto para las Universidades. Sin embargo, los organizadores nunca imaginaron que iban a sumarse tantos otros sectores de la población. Las múltiples facetas de un descontento trasversal en cuanto a edad, posición social, lugar de residencia, encontraron en esa protesta un lugar común en el cual expresarse y también a un mismo culpable hacia el cual dirigirse: Iván Duque. Ya la encuesta Gallup Poll del pasado octubre había mostrado que solamente un 26 por ciento de la población seguía apoyando la gestión del actual Presidente mientras que el 69 por ciento la desaprobaba.
Bastaría analizar las heridas viejas que nunca cicatrizaron y las nuevas que tampoco han encontrado un tratamiento adecuado, así como la débil e indiferente respuesta del gobierno, para entender que ese estallido social no fue manejado por manos de otros países ni por políticos de oposición que más bien corrieron a sumarse solo después de ver la magnitud de la protesta. Fue la sociedad entera, con sus múltiples matices, la que decidió gritar: ¡Ya Basta!
Basta a los muchos problemas que claman una solución. Basta a la corrupción e ineptitud de algunos ministros. Por ejemplo, a la gestión de los uribistas Nancy Patricia, quien ocupó el Ministerio del Interior teniendo como único mérito el de ser muy fiel al ex Jefe de Estado; Alberto Carrasquilla, quien a los pocos días de asumir el de Hacienda quedó involucrado en un escándalo de corrupción y Guillermo Botero, titular de la Defensa, quien fue protagonista de una de las más vergonzosas gestiones mintiendo sin pudor para disimular errores graves. Mintió cuando dijo que el excombatiente de las FARC Dimar Torres había muerto durante una pelea con un soldado; mintió cuando dijo que la activista social María del Pilar Hurtado había sido asesinada por la guerrilla del ELN y finalmente mintió cuando trató de esconder la muerte de ocho niños causada por un bombardeo contra un grupo de disidentes de las FARC.
La gravedad de las consecuencias generadas por un Proceso de Paz que ha quedado estancado, por las graves y nunca resueltas asimetrías territoriales y por la avidez de un capitalismo salvaje que destruye ambiente y seres humanos, quedó reflejada en el último reporte de Global Witness “Enemies of the State 2019”: Colombia fue la segunda nación con el mayor número de activistas asesinados en el mundo.
Según los registros de Indepaz (Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo), y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, “entre el 1 de enero de 2016 y el 8 de septiembre de 2019, 777 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados, 155 hasta el 8 de septiembre de 2019.
En el mismo informe leemos también que “desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP hasta septiembre de 2019, 151 ex guerrilleros de FARC – EP en proceso de reincorporación han sido asesinados en Colombia, 2 en el año 2016, 38 en el año 2017, 76 en el año 2018 y 55 en el año 2019 (8/09/2019). A nivel Nacional en el mismo periodo han sido asesinados 35 familiares de ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación, 15 en el año 2017, 11 en el año 2018 y 9 en el año 2019”. En su gran mayoría estos crímenes siguen impunes.
Otro problema al cual no se ha logrado dar solución es el de los feminicidios cuyas cifras, como dijo la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana del Pilar García en el Congreso de la República, muestran un aumento sustancial con respecto al 2018.
A nivel económico Colombia, a pesar de un crecimiento del 3,3 por ciento del PIB tiene una tasa de desempleo que va creciendo y en septiembre de este año llegó a un 10,2 por ciento.
Estas y muchas más fueron las causas de un estallido en su mayoría pacífico empañado por la conducta antisocial de grupos violentos que se dedicaron a saquear y destruir, disminuyendo la legitimidad de la protesta. La respuesta del Presidente fue en un principio la implementación del toque de queda y sacar al Ejército a la calles.
Sin embargo, posiblemente tras la fuerza de un cacerolazo que sonó en todos los barrios de Bogotá y de las demás ciudades, tomó la sabia decisión de abrir las puertas al diálogo.
Es evidente que la magnitud de la participación ciudadana tomó por sorpresa a quien organizó las manifestaciones así como al Presidente y a sus ministros. Ahora, a partir del miércoles, cuando se comenzará con los diálogos deberán mostrar, unos y otros, la capacidad de dar respuestas adecuadas a la sociedad.
Un reto difícil que puede definir el futuro de Colombia.