La paz, tan anhelada por los colombianos, y que parecía estar más cerca que nunca, tras los acuerdos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas) se está desmigajando día tras día. Sigue creciendo, por lo contrario, la estela de muertos, desaparecidos, desplazados en un caos de violencia que tiene rostros e intereses diferentes.
Las torturas y asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía han desatado una fuerte ola de protestas en Bogotá, protestas reprimidas, una vez más, por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), harto conocido por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Ordóñez fue sometido a muchas descargas eléctricas fuertes y prolongadas. Cuando finalmente lo trasladaron a un centro de atención sanitaria ya estaba muerto. La rabia de la población se desató con igual violencia. Los manifestantes incendiaron algunas instalaciones de policía y los enfrentamientos dejaron un saldo de 7 muertos y 248 heridos. La mayoría muy jóvenes.
Los excesos policiales ya son recurrentes en Colombia y sobre todo en la capital. El “delito” de Javier Ordóñez, padre de dos adolescentes de 15 y 11 años fue el de haberse quedado a tomar alcohol con algunos amigos, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia. Su muerte, al igual que la de George Floyd en Estados Unidos, ha quedado documentada en un video en el cual se ve a los agentes quienes le siguen agrediendo con la pistola eléctrica Taser, a pesar de sus súplicas.
Es violencia que se suma a la violencia. En la frontera con Venezuela, sobre todo, pero no solo, se multiplican las masacres y los enfrentamientos entre grupos criminales. Narcotraficantes, neoparamilitares, guerrilleros disidentes, guerrilleros del ELN, delincuencia común se mezclan en un cocktail de muerte y terror que ha retrocedido a los colombianos a los peores años del conflicto interno. Crecen peligrosamente también las cifras de las agresiones y asesinatos de líderes comunitarios, delitos que, en su mayoría, quedan impunes.
Una anarquía criminal, que lucha por cuotas de poder, se enfrenta a un estado incapaz de oponérsele, y mucho menos de diseñar una estrategia política capaz de atacar las razones de fondo de ese doloroso descontrol.
En el mientras, el Presidente Duque sigue culpando al exmandatario Juan Manuel Santos, aun después de dos años de gobierno, y defendiendo a su mentor Álvaro Uribe, investigado y obligado a los arrestos domiciliarios, por presunto soborno y manipulación de testigos. Las acusaciones contra Álvaro Uribe volvieron a prender los reflectores sobre una de las páginas más vergonzosas de la historia colombiana, la de los “falsos positivos”. Es decir, civiles ejecutados por los militares y presentados, luego, como guerrilleros armados. Entre el primero y el segundo mandato del presidente Uribe se llevó a cabo el 97 por ciento de las más de dos mil ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 1998 y 2014, según datos de la Fiscalía.
Es evidente que la seguridad es el talón de Aquiles del actual Jefe de Estado Iván Duque, quien, antes o después, deberá asumir sus responsabilidades y dejar de acusar al gobierno anterior. A pesar de todas las debilidades y necesidad de correcciones que podían presentar los acuerdos de paz firmados por Santos, nadie puede negar que representaron un paso significativo hacia la pacificación de Colombia. Sin embargo, para que esa paz fuera real y duradera era necesario un seguimiento y sobre todo la implementación de políticas que favorecieran el desarrollo social y económico de las áreas más frágiles, garantizando seguridad y justicia. Solo una inclusión real de esas zonas del país podrá romper el círculo de pobreza, deterioro, injusticia, violencia, y poner fin a unas asimetrías regionales tan profundas como las que existen en Colombia.
Lejos de asumir esos compromisos, pareciera que, una vez más, el gobierno no solamente abandona a su destino a gran parte de la población, sino que se muestra incapaz de disminuir los desmanes policiales en la capital.
Duque superó la mitad de su primer mandato, en medio de un profundo malestar social. La emergencia causada por la pandemia y la crisis económica agravan aún más el panorama. Su recta final, antes de las próximas elecciones, se perfila particularmente complicada y decididamente en subida. En el mientras, los sueños de paz de los colombianos parecen destinados a disolverse en el aire como burbujas de jabón.
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