Brasil se está transformando en una tumba inmensa al superar los 300mil muertos por Covid. En algunas zonas del país, y en particular en las áreas de Amazonas y en los sectores más pobres de las ciudades, estamos asistiendo a una verdadera hecatombe. A gripezinha, como llamó Bolsonaro la Covid 19, hace estragos entre una población que asiste, inerme, a la criminal actitud negacionista del Presidente, de su familia y de los políticos más cercanos.
Obviamente tanto él como sus dos hijos, quienes han padecido el virus, se han curado sin problemas gracias a los recursos económicos y sanitarios de los que disponen. Muy diferente es la situación para el resto de la población. Lo es sobre todo para esa gran parte que no logra tener acceso a una bombona de oxígeno que podría hacer la diferencia entre la vida y una muerte entre agonía.
Bolsonaro, en estos meses ha echado por tierra todos los intentos de contener la pandemia. Ha quitado la obligación de usar mascarillas en lugares públicos, de mantener la distancia social aconsejada por todos los científicos del mundo, ha cambiado ministros de Salud hasta encontrar a un militar, el general Eduardo Pazuello, quién le apoyó incondicionalmente y, en franco contraste con sus predecesores, autorizó a los médicos para que recetaran cloroquina a los enfermos de coronavirus. Solo el fuerte aumento de contagios y de muertes lo han obligado recientemente, y muy a pesar suyo, a cambiar nuevamente de ministro y poner la cartera de Salud en manos de un médico, Marcelo Queiroga.
La presión de la sociedad brasileña se vuelve cada día más contundente. Hace pocos días, 1500 economistas, empresarios y banqueros publicaron un documento pidiendo una intervención eficaz contra la pandemia. Dijeron, ellos mismos, que era necesario y aconsejable decretar el lockdown, convencidos de que, si Brasil continúa con esas cifras diarias de muertos y contagiados, la economía seguirá cayendo y será mucho más difícil volver a activarla.
La gestión de la pandemia desde el primer momento deja muchas dudas sobre el objetivo real de Bolsonaro. Tras un estudio de las normas, declaraciones, actitudes del Jefe de Estado, la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo y la ONG Conectas derechos humanos, han llegado a la conclusión de que hay una estrategia institucional, promovida por el Gobierno brasileño y su líder, detrás de la propagación del virus.
Paralelamente la representante de la Comisión Arns, María Herminia Tavares de Almeida, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo que “la situación de Brasil es desesperada” y denunció fuertemente la actitud del Presidente Jair Bolsonaro quien: “desestima las recomendaciones de los científicos; ha sembrado repetidamente el descrédito hacia todas las medidas de protección, como el uso de máscaras y la distancia social; promovió el uso de medicamentos ineficaces; paralizó la capacidad de coordinación de la autoridad sanitaria federal; descartó la importancia de las vacunas y ridiculizó los miedos y las lágrimas de las familias”.
Otras denuncias fueron presentadas antes la Corte Penal Internacional. A finales de enero más de 60 sindicatos y movimientos sociales relacionados con el sector salud, pidieron condenar por genocidio a Jair Bolsonaro. Las acusaciones, meticulosamente documentadas y reunidas en un dossier, señalan al Jefe de Estado como responsable de un crimen de lesa humanidad, por su actitud negacionista, denigratoria hacia todas las medidas recomendadas por el sector salud y su negativa a implementar una protección especial para los sectores más vulnerables del país.
Ya en 2020, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) había presentado una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional y pocos meses antes el Colectivo de Abogacía de Derechos Humanos (CADHu) había acusado al presidente, Jair Bolsonaro, de «incitar al genocidio y promover ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas».
Ni las denuncias, ni las peticiones de ayuda de la población, lograron algún cambio en la actitud engreída e irresponsable del presidente brasileño. Sin embargo, ahora el miedo empieza a salir de las fronteras del país para invadir también a otros gobiernos y poblaciones. Considerado el epicentro de la pandemia, Brasil, no solamente está difundiendo una variante de la Covid 19, mucho más agresiva y peligrosa, sino que podría estar incubando otras. Ya no es solamente su sociedad la que reclama una política diferente sino también organismos internacionales y otros gobiernos.
Imposible ya para Bolsonaro quedar indiferente. Tras las muchas críticas y denuncias nacionales e internacionales, la pérdida de popularidad que afloró en las pasadas elecciones municipales durante las cuales no destacaron sus candidatos y las fisuras siempre más profundas en el gobierno, decidió crear un comité nacional de monitoreo de la pandemia integrado por representantes del Gobierno central, de los Gobiernos estatales y del Congreso.
Cualquier medida llegará con gran retraso y será muy difícil garantizar en tiempos breves un plan de vacunas masivo. Es evidente que, con otro gobierno y otro Jefe de Estado muchas de las vidas que se perdieron en estos meses en Brasil se habrían salvado.
Si a todo eso sumamos los repetidos escándalos de corrupción y lavado de dinero que involucran a la familia Bolsonaro, sus continuas ofensas misóginas y homófobas, el desprecio hacia la población afroamericana y los indígenas, la destrucción de la Amazonia, el miserable papel del juez Moro en las acusaciones que dejaron a Lula alejado de la vida pública y de la última contienda electoral, es evidente que se ha vuelto extremadamente urgente y necesario bloquear a Bolsonaro a través de un impeachment e impedirle volver a la Presidencia en las próximas elecciones.
Quizás un día la justicia internacional le condene por genocidio y permita a los tantos muertos de Brasil, descansar en paz.
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