El tema vuelve a estar de moda. Y por sobradas razones, por 11 millones de razones. De hecho, este es el volumen increíble de documentos, extraídos de la firma legal panameña Mossack Fonseca, que tiene en vilo a los ricos y famosos del mundo. Se trata de la mayor fuga de documentos en la historia, 150 veces más grande que la filtración que hizo famosa la organización internacional Wikileaks.
Hace un año, el diario alemán “Suddentshe Zeitung”, de fuentes anónimas, recibió 11 millones de documentos, los cuales abarcan 38 años desde 1977 hasta 2015, pertenecientes a la firma Massack Fonseca, con sede en Panamá. Esta es una empresa que se dedica a la gestión de capitales y patrimonios además de la creación y venta de sociedades anónimas. Fueron, para emplear el lenguaje de los expertos en informática, alrededor de 2,6 terabytes de informaciones. Secretos que el diario alemán decidió compartir con el “International Consortium of Investigative Journalists” con sede en Washington; consorcio al cual pertenecen casi 200 periodistas de investigación en 65 países alrededor del mundo y con casi 70 periódicos como partners.
Fueron 12 meses de investigación. Cotejar informaciones, consultar fuentes, contrastar documentos. Un trabajo de hormiguita realizado por casi 400 periodistas que supieron guardar el secreto como si fuera el tesoro más preciado. Hasta se creó un “sistema de informática” para la gestión de informaciones y documentos; sistema encriptado a prueba de hackers: nombre en código “Promethus”. Y finalmente la revelación que trajo a la luz pública un entramado de corrupción política, fraudes empresariales y estafa al fisco.
La investigación del “Suddentshe Zeitung” y del “Consorcio Internacional de Periodistas de investigación” ilustra el complejo mundo de los paraísos fiscales y pone al descubierto los negocios turbios que se esconden detrás de las empresas “offshore”.
Por supuesto, ser propietario de una sociedad “offshore” no es delito. Decimos, existen muchas razones para apelar a ellas sin infligir las leyes. Las principales, reducir la presión fiscal y ocultar depósitos de la vista de curiosos.
Sin embargo, no siempre detrás de una empresa “offshore” hay propósitos inofensivos y claros. A veces, el mundo político las emplea para desviar fondos gubernativos, para ocultar dinero obtenido a cambio de concesiones de obras públicas y, en aquellos países en los cuales existe un sistema de control de cambios, para desviar dinero procedente de las especulaciones cambiarias.
Como es fácil de suponer, las mafias que se enriquecen con el narcotráfico y con el lavado de dinero son las que se benefician mayormente de la existencia de los paraísos fiscales, de las empresas anónimas y de las sociedades “offshore”. Es la dimensión oculta de la corrupción; el reflejo de la descomposición de la sociedad; un entramado complejo y difícil de desentrañar al que las autoridades policiales y fiscales no tienen acceso.
Son muchos los personajes políticos, los capitanes de empresas, las estrellas del mundo del espectáculo y del deporte que tendrán que dar explicaciones. Justos por pecadores. Nadie duda de que en las listas que se dieron a conocer puedan haber personas inocentes. Será responsabilidad de las autoridades policiales aclarar las responsabilidades de cada quien. Por el momento, han habido comunicados y notas oficiales de políticos, empresarios, actores, cantantes y deportistas desmintiendo especulaciones y rechazando responsabilidades.
Por ejemplo, en Inglaterra, se multiplican las manifestaciones de protestas contra el premier Cameron quien admitió “haber cometido un error en el manejo del ‘affaire’”. En Rusia, se acusa el círculo más estrecho del presidente Vladimir Putin y en China, se tambalea el poder del presidente Xi Jinping, después de haberse descubierto que allegados a él crearon empresas en paraísos fiscales, poniendo en entredicho los esfuerzos de Pekín en la lucha contra la corrupción. En Francia, la familia Le Pen, quién transformó la lucha contra la corrupción en el “leit-motive” de sus campañas electorales y en la bandera de su partido euroescéptico y xenófobo, también tiene empresas offshore y depósitos en los paraísos fiscales de los cuales presuntamente poco o nada se sabía.
América Latina no es la excepción. De hecho, el presidente Mauricio Macri, en Argentina, tuvo que admitir su participación en una sociedad offshore con sede en Bahamas; una empresa familiar que, declaró, habría dirigido ocasionalmente. También admitió haber tenido acciones en esa empresa creada por su padre quien la incluía en su declaración de bienes.
En México, los documentos hechos públicos por el “Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación” pone en el banquillo de los acusados al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa. El empresario, ya objeto de investigación por haber sido favorecido por el Gobierno de Peña Nieto en numerosas ocasiones, habría empleado la firma Mossack Fonseca para esconder más de 100 millones de dólares provenientes de negocios fantasmas.
En Venezuela, parecieran estar involucrados en la creación de empresas offshore y en depósitos en paraísos fiscales, personajes muy cercanos al círculo exclusivo del extinto presidente Chávez y testaferros que hicieron sus fortunas gracias a negocios relacionados con el control de cambio y las importaciones de bienes de primera necesidad y medicinas.
El escándalo provocado por las revelaciones de los “Panamá Papers” es un llamado de atención para que se ponga fin al carácter ilegal de las empresas “offshore” y de los paraísos fiscales. Los periodistas de investigación, al destapar la olla de los “Panamá Papers”, hicieron su trabajo. Su tarea ha sido de gran utilidad. Ahora le toca a las Fiscalías, que tienen todos los recursos para hacerlo, ahondar en las investigaciones. Y al mundo político asumir sus responsabilidades. Esta es su oportunidad para combatir la corrupción y restituir al ciudadano la confianza hacia las instituciones.