Los inmensos contrastes y las profundas asimetrías regionales que caracterizan a México, quedan reflejados en uno de los sectores más importantes para el desarrollo de cualquier sociedad: la educación.
Si bien el gasto educativo represente el 5,2 por ciento del PIB, una cifra que supera la de muchas otras naciones, México, según datos de la OCDE, se sitúa entre los últimos lugares en lo que se refiere a índice educativo. Más del 80 por ciento del presupuesto invertido en el sector se gasta en el pago de los maestros, muchas estructuras escolares están en condiciones deplorables, algunas no tienen sanitarios ni rampas para discapacitados y en general las áreas recreacionales resultan insuficientes.
Los alumnos, en porcentajes dramáticamente altos, no logran superar las pruebas nacionales de conocimientos, “Planea”. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social casi un 6,6 por ciento de la población es analfabeta, es decir más de seis millones de personas.
Males todos que se agravan en los estados más pobres.
En Tabasco, Guerrero y Sonora el porcentaje de estudiantes que no pasa las pruebas de conocimiento llega al 80 por ciento y el analfabetismo en Oaxaca y Chapas alcanza puntas del 20 por ciento. Según datos del Censo Educativo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un tercio de las escuelas de Oaxaca y Chapas no tiene sanitarios ni rampas para discapacitados.
Frente a un problema tan grave, causa prima de la carencia de oportunidades de futuro para los jóvenes mexicanos, el gobierno del Presidente Peña Nieto presentó una reforma educativa que fue aprobada con gran mayoría en el Parlamento.
La reforma, introduce el criterio del mérito en la concesión de plazas docentes a través de un concurso-oposición, la evaluación obligatoria de los docentes en función, y, en un primer momento también preveía su expulsión en caso de no superar la prueba tres veces.
Estas medidas, vueltas a mejorar la calidad del sistema educativo, fueron recibidas como una amenaza por los trabajadores del sindicato CNTE que reúne a casi 110mil afiliados, y que está radicado principalmente en el sur del país, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, todos ellos muy pobres, con una economía que se basa sobre todo en la agricultura y un PIB per cápita cinco veces inferior al de Ciudad de México.
Miseria y corrupción. Estos son los dos ingredientes que están a la base de un sistema clientelar que ha manejado el sindicato, con la connivencia del estado y en particular del PRI (Partido Revolucionario Institucional) al cual pertenece el Presidente Peña Nieto, para asignar los puestos de los maestros.
La reforma educativa que pone en campo Peña Nieto rompería un modus operandi muy oscuro, bajo el cual, según denuncias y estudios de diversos organismos y ONG, se están pagando miles de sueldos irregulares, remunerados a personas muertas, o en pensión, se ofrece la posibilidad de dejar en herencia el cargo y se mantiene un cupo fijo para los maestros quienes salen de las escuelas normales, reservorio de la central sindical.
Pero hay otros aspectos que también hay que tomar en cuenta. La reforma educativa pone en riesgo la subsistencia de varias personas honestas quienes, con grandes sacrificios, han terminado sus estudios en poblaciones donde la mayoría vive en condiciones de profunda miseria. En muchos casos, sus sueldos son el único ingreso de la familia. Existe, además, una radicada desconfianza hacia la transparencia de los jurados llamados a evaluar las pruebas que deberían sostener los actuales maestros.
Movidos por esos miedos, miles de ciudadanos se han unido a las protestas organizadas por el CNTE. Marchas, calles trancadas, protestas de vario tipo han incendiado poblados y ciudades, y, lamentablemente, hubo quien pagó con la vida su disconformidad. Once civiles murieron en Nochixtlán, población de Oaxaca, a causa de disparos, tras un largo enfrentamiento con la policía. Una matanza que ha sacudido el país entero y que ha obligado las partes a buscar un diálogo.
No es una negociación fácil ya que la central sindical pide la anulación de la ley de educación que Peña Nieto, por su lado, defiende con firmeza.
En realidad Peña Nieto se está jugando mucho, con esta reforma, en vista de las próximas elecciones. Es su arma para mostrar mano dura contra viejas y nuevas corrupciones. Por otro lado el aspirante a la Presidencia Manuel López Obrador, candidato en las pasadas elecciones, tomó la defensa de los trabajadores afiliados al CNTE y de todos quienes se oponen a la reforma.
Si por un lado la mayoría de la población pide a gritos una reforma educativa que abra nuevas posibilidades de futuro a los jóvenes, por otra el peso de la sangre derramada en Nochixtlán es grande.
Gobierno y sindicatos saben que deben encontrar un acuerdo, que el diálogo, que vuelven a entablar hoy, es necesario para buscar convergencias y soluciones a un conflicto que podría cobrar otras víctimas si saltan las negociaciones y el estado vuelve a usar la fuerza para sedar las manifestaciones que volverían a inflamar las calles.
El verdadero reto sería atacar las desigualdades sociales y económicas entre los estados mexicanos. México parece dos países en uno, por un lado cultura, trabajo, bienestar en la capital y en otros grandes centros urbanos, y por el otro miseria, abandono, narcotráfico, analfabetismo. Hasta tanto sigan esas asimetrías tan dolorosas y dramáticas, ninguna reforma podrá, por sí sola, proyectar la educación hacia la excelencia sin profundizar las diferencias entre ciudadanos de un mismo país.
Photo Credits: Jane Selomulyo