Al mes de asumir mi cargo como alcalde del municipio Plaza de la Revolución en la Ciudad de La Habana, en 1986, hubo un derrumbe parcial en uno de los antiguos edificios del famoso barrio de El Vedado. El saldo fue de varios heridos, aunque por suerte nadie perdió la vida. Fuimos al lugar para hablar con los afectados y tratar de convencerlos a irse a uno de nuestros albergues de la ciudad. En el municipio teníamos cuatro, pero todos estaban llenos y por lo tanto, les queríamos asignar un espacio en otro municipio. La respuesta unánime fue NO. Las razones varias. La población sabía que quienes iban para un albergue quedaban estacionados allí y perdían su interacción con el barrio en el cual muchos de ellos habían vivido toda su vida, así como las facilidades de trabajo, transporte y escuela de toda la familia.
Al siguiente día me di a la tarea de recorrer nuestros albergues, y la sensación de impotencia frente a uno de los problemas más acuciantes del territorio, la vivienda, embargó mi alma como un cáncer mayor. Cuando llegué al primer albergue las personas que estaban allí, se acercaron preguntando qué posibilidades tendrían, al comenzar el recién estrenado gobierno, de obtener una vivienda con un mínimo de condiciones, fuese vía microbrigada (los centros de trabajo organizaban brigadas para construir viviendas con el objetivo de satisfacer la demanda de sus propios trabajadores), u otra. Estaban dispuestos a repararlas por medios propios.
Uno de los primeros albergados que se me acercó, me dijo que su vivienda se había derrumbado y que desde hace 19 años estaba en ese albergue esperando una solución. Me preguntó: ¿qué me puede decir al respecto?. Aquella pregunta ha sido una de las más difíciles que he recibido, incluido el periodo de mis estudios en la Universidad.
Lamentablemente en ese entonces no todos los centros de trabajo contaban con la posibilidad de tener una microbrigada. Las razones eran varias, a veces se debía sencillamente a la falta de materiales de construcción y frecuentemente los planes de construcción de nuevas viviendas, implementados por el gobierno, por una razón u otra se incumplían. Paralelamente crecía la demanda de la población. La vida en los albergues era de una calidad pésima, a veces los cubículos estaban divididos solo por una sábana, unos eran para los hombres y otros para las mujeres con niños, lo que implicaba la división del hogar familiar con sus nefastos resultados. Había otros en los cuales una parte o ala era para hombres y otra para mujeres, y tampoco había vida familiar. A eso se unía la dificultad que implicaba tener baños y cocinas comunes. Lo peor era que las familias se eternizaban allí, pues muy pocas viviendas del monto total de las construidas por las microbrigadas, pasaban a disposición del gobierno en aras de darle solución a los casos más urgentes de la población estacionada en los albergues.
Lo mas triste de esta historia que tuve que vivir personalmente y que aconteció durante el trienio 1986 – 1989, es que ese problema no ha tenido solución hasta el día de hoy. Lejos de eso, se ha agravado, aunque la demanda haya disminuido, a raíz de la emigración de los cubanos, que sobrepasa los dos millones de habitantes, es decir una quinta parte del total de su población. Cada año se construyen menos viviendas y hasta hace solo un par de años, si la familia emigraba perdía la vivienda que el gobierno supuestamente debía otorgar a otras personas necesitadas. Sin embargo no siempre esa vivienda era entregada a las personas más necesitadas, sino que muchas veces su asignación estaba determinada por la corrupción, el amiguismo, o la “seguridad política”, cuando se trataba de las llamadas ”zonas congeladas“, donde solo pueden habitar aquellos que no sean considerados disidentes políticos.
La vivienda es y ha sido hasta el día de hoy, una de las mayores dificultades que ha enfrentado el pueblo cubano. Después de 60 años este gobierno no parece haber encontrado solución alguna a este problema.
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