La represión, y en particular la encarcelación sistemática con fines políticos, pareciera haberse transformado en una práctica común en Venezuela. Decimos, en una política de Estado. De acuerdo al Foro Penal Venezolano, una Ong cuya misión es la defensa de los Derechos Humanos y la asistencia de manera gratuita a las víctimas de la represión del Estado, las detenciones políticas, desde el primero de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016, habrían sido casi siete mil. Seis mil 831, para ser precisos. Tan solo el año pasado, los ciudadanos arrestados por su militancia política, si damos crédito a las cifras que maneja la Ong, habrían sido dos mil 73.
Un regreso abrupto a mediados de los años ’60, una época que en Venezuela se pensaba concluida y encerrada en los libros de historia. En aquel entonces, había razones para no extrañarse de la represión ejercida desde el poder. Se vivía en un estado de guerra declarada entre los gobiernos de Rómulo Betancourt, antes, y Raúl Leoni, después, y la guerrilla liderada por quienes, en años recientes, han sido las mentes más lúcidas de la Oposición a los gobiernos del extinto presidente Chávez y del jefe de Estado actual, Nicolás Maduro. A saber, Pompeyo Márquez, Teodoro Petkof y Américo Martín, para nombrar algunos.
Las cifras que la Ong nos presenta en su “Reporte sobre la Represión del Estado Venezolano – Año 2016” son particularmente preocupantes y nos revelan como las libertades establecidas en la Constitución ya no encuentran asidero en un País que, en la época gris de las dictaduras en América Latina, se consideraba un oasis de paz y democracia. El gobierno del presidente Maduro, hoy, tiene el control de todos los poderes, hecha la excepción por el Parlamento. Y los maneja a su antojo. La Asamblea Nacional, única voz del disenso, es desautorizada sistemáticamente por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyas sentencias son inapelables.
Lo que para la mayoría era simplemente una sospecha hoy pareciera encontrar confirmación en el “dossier” del Foro Penal Venezolano: la represión y el encarcelamiento de líderes o militantes políticos, a causa de su afiliación partidista, ha crecido desde que el presidente Maduro asumiera la jefatura del Estado. De hecho, de acuerdo a las cifras de la Ong, en 2013 había solo 13 “políticos presos”, un eufemismo del gobierno para referirse a los presos políticos. En cambio, hasta el 31 de diciembre de 2016, pero la cifra habría crecido en estas semanas a raíz de la detención del diputado Gilber Caro, los concejales Luis González y Roniel Farías y del activista juvenil Irwing Roca entre otros, habría 429. De estos, precisa el Foro penal Venezolano, “103 se mantienen tras las rejas o bajo arrestos domiciliarios”. El “Foro” precisa que el año pasado habrían sido arrestadas 365 personas. Estas, hoy, estarían sometidas a medidas restrictivas: presentación obligatoria ante los tribunales o prohibición de salida del País, entre otras. No es todo. La Ong también registra 167 personas heridas (7 con armas de fuego) y dos muertos a causa de los ataques de los “colectivos” (bandas de motociclistas armados filo-gubernativos que recuerdan las tristemente famosas “camisas negras” italianas o “camisas pardas” alemanas de la época nazi-fascista).
Un extraño equilibrio. El “Foro”, en su “report”, denuncia lo que ha bautizado con el nombre de “Efecto Puerta Giratoria”. Es decir, por cada preso que libera encarcela otro para mantener un promedio mensual estable. Además, identifica tres tipologías de presos políticos. Decimos, los que ha sido detenidos por representar una amenaza individual; los que han sido arrestados por representar algún grupo social y los que han sido presos para sustentar su narrativa del poder. En el primer grupo pertenecerían los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballo y el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López; en el segundo, el periodista Braulio Jatar, director del medio digital “Reporte Confidencial” y en el último los seis directivos del Consorcio Credicard o Giuseppe Sasson y Osiri Mendoza, gerentes de Kreisel acusados de especulación y acaparamiento. Cabe destacar que, contrariamente a lo que establece la Ley, la mayoría de los presos políticos están detenidos sin que haya sido dictada una condena.
Es de esperar que, como especula la Ong, en el futuro, con la creación del “Comando Anti-golpe” presidido por el vicepresidente Tareck El Aissami, el numero de presos políticos pudiera experimentar un incremento. De hecho, como escribe la Ong en su “dossier”, “dicho comando tiene el objeto de ‘derrocar y acabar definitivamente con todos los vestigios de golpe de Estado oligárquico y de derecha’, lo cual no es más que la profesionalización e institucionalización de la violencia y la persecución como mecanismo de control centralizado de poder”.