Una de las consecuencias más ignoradas de la rápida evolución del COVID-19 es el aumento de la violencia contra las mujeres de todas las edades. ONU Mujeres lo ha llamado “la sombra de la pandemia” y António Guterres, el secretario general de la ONU, ha dicho: “La paz no es sólo la ausencia de guerra. Muchas mujeres encerradas por el COVID-19 enfrentan violencia donde deberían estar más seguras: en sus propios hogares”.
La violencia doméstica no es, por supuesto, un fenómeno nuevo. Antes de la pandemia, se calcula que 243 millones de mujeres y niñas (de 15 a 49 años) en todo el mundo habían sido víctimas de violencia sexual o física durante los 12 meses anteriores, en la mayoría de los casos perpetrada por una pareja íntima. Ese número ha aumentado significativamente con la evolución de la pandemia, debido en gran medida a las necesarias medidas de permanencia en casa impuestas por las autoridades.
Los gobiernos y las autoridades de salud pública de Argentina, Canadá, España, Alemania, los Estados Unidos y el Reino Unido han llamado la atención sobre la violencia doméstica y la creciente demanda de refugios de emergencia para mujeres maltratadas. En países como Singapur y Chipre, las líneas directas de violencia doméstica han registrado un aumento en las llamadas de más del 30 por ciento desde el inicio de la pandemia, al igual que los trabajadores de primera línea en Australia. En China, los departamentos de policía de la ciudad de Jingzhou recibieron tres veces más llamadas de ayuda por violencia doméstica en febrero pasado que en el mismo período de 2019.
Las condiciones de aislamiento fomentan no solo la violencia física sino también psicológica, que puede ser aún más devastadora para las víctimas. Además de la violencia directa, otras formas de abuso incluyen vigilancia constante, reglas estrictas de comportamiento y acceso limitado a artículos básicos como alimentos, ropa y las instalaciones sanitarias. Todo esto se complica por las medidas de aislamiento de familiares y amigos. Como resultado, los refugios para mujeres maltratadas y los sistemas de salud en todo el mundo se encuentran ahora en un punto de ruptura.
Se sabe que la violencia interpersonal, en particular los casos de violencia doméstica, aumenta en tiempos de crisis con creciente desempleo, aumento del número de enfermos y escasez de recursos comunitarios. También se sabe que muchos casos no se notifican, lo que dificulta la recopilación de estadísticas que muestren el impacto real del problema. Se estima que menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia denuncian el delito o buscan ayuda. Las razones son complejas, desde el miedo a las represalias de sus abusadores, los sentimientos de vergüenza por la situación, a la preocupación de que tanto la policía como el sistema legal no responderán en forma efectiva a su difícil situación.
La situación se complica aún más con la liberación de los reclusos de las cárceles que se han convertido en un semillero de la propagación de la pandemia. Cuando algunos de estos presos regresan a sus hogares, recrean las condiciones de violencia que los llevaron a la cárcel. Es por eso que las víctimas deben ser notificadas sobre las liberaciones de los reclusos y el gobierno local debe implementar medidas preventivas y de apoyo cuando sea necesario.
Dado que los gobiernos, las ONG y el sector privado necesitan incorporar la perspectiva de género en todas sus respuestas al COVID-19, EE. UU. debería ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), uno de los instrumentos legales más importantes sobre derechos de las mujeres. Estados Unidos es el único país de las Américas que aún no ha ratificado esta convención. Por el contrario, Canadá firmó esa convención el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 10 de diciembre de 1981.
La CEDAW obliga a los Estados Partes a condenar la discriminación en todas sus formas y a garantizar un marco legal para proteger los derechos básicos de las mujeres. También aborda temas como la educación, el empleo, la atención médica y la trata de personas. La negativa de Estados Unidos a ratificar esta convención lleva a otros gobiernos a ignorar más fácilmente el mandato de la CEDAW y las obligaciones que le incumben particularmente ahora, en un momento en que la violencia contra las mujeres y las niñas está aumentando debido a la pandemia, Estados Unidos debería responder con acciones concretas para garantizar los derechos de las mujeres. Como dijo Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, «No solo debemos sobrevivir al coronavirus, sino emerger renovados, con las mujeres como una fuerza poderosa para la recuperación».