Somos una revista independiente que sobrevive gracias a tu apoyo. ¿Quieres ser parte de este proyecto? ¡Bríndanos un café al mes!
Leopoldo Gonzalez Quintana

Tribunal Electoral en deshonra

El miércoles 17 de febrero, en una sesión privada celebrada “en lo oscurito”, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en México, encabezado por su deshonrado presidente José Luis Vargas Valdés, tomó una resolución que podría ser la más grave, peligrosa e inconstitucional de las que ha tomado ese órgano en su historia.

La litis del asunto es muy sencilla: el PRD solicitó al INE dictar medidas cautelares y poner freno y límites a AMLO, quien ha usado las conferencias mañaneras como podio electoral y plataforma de propaganda, lo mismo para hablar maravillas de Salgado “Macerdonio” que para denostar y enturbiar prestigios que le provocan agruras y a veces empacho.

El Consejo General del INE cumplió, de forma impecable y con apego a los principios constitucionales que rigen el desarrollo de los procesos electorales en México, pues estipuló que ni el presidente de la República ni ningún otro ejecutivo o funcionario podían tener injerencia oficiosa y de ningún otro tipo, a favor o en contra de algún contendiente, en el proceso electoral de 2021.

Si el INE, con su anterior nombre y durante 18 años, tuvo facultades constitucionales y fue capaz de emitir medidas cautelares frente a Fox, Calderón y Peña, por llevar agua a su molino e intentar “sesgar” la canasta de los votos en favor de sus partidos, no había razón para que ahora, frente al Mesías dos caras, fuese diferente.

Sin embargo, considerando que la ética retorcida y las chuecuras son el “rostro de santidad” de la 4T, era y es posible que razones de otro peso hayan pesado sobre la razón, y era y es posible que “raciones” de otro tipo hayan pesado en una decisión tan importante como esta.

El TEPJF, con un magistrado presidente como José Luis Vargas Valdés y un pacto de trastienda con la colusión de otros magistrados, resolvió en contra de la reforma constitucional en materia electoral del 13 de noviembre de 2007, consagrada en los párrafos 7-8 del artículo 134 de la Carta Magna, que ordena ejercer los recursos públicos de forma imparcial para no afectar la equidad de la contienda y prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos, que podrían constituir violaciones fragrantes al orden constitucional.

Lo que hizo el Tribunal Electoral, al revocar el Acuerdo del Consejo General del INE del 15 de enero, es algo sumamente grave y muy peligroso para nuestra democracia: anular por consigna la legalidad constitucional de la elección de 2021 y atraer de facto la decisión última sobre el proceso electoral, reservándola a un órgano que, como instancia última en la materia, se ha quedado sin legitimidad ni razón de ser.

De facto, el magistrado presidente del TEPJF y quienes le hicieron ronda en el desaseo, renunciaron a ser guardianes del régimen constitucional y garantes de la legalidad electoral y, en un santiamén, se declararon fieles vestales criollos de lo que se le ocurra y tenga a bien ordenar la deidad de Palacio.

Lo hicieron en sesión privada, como quien delata la fechoría del gañán que urde su trampa en los pliegues de la noche, contraviniendo el principio de máxima publicidad que debe orientar y regir las decisiones y resoluciones en materia electoral.

No dan a conocer la resolución por los medios y conductos judiciales que son habituales, sino a través de un boletín de prensa que no es vinculatorio.

Frente a esta decisión, a todas luces ventajosa y atrabiliaria, que despoja de total certeza jurídica a la elección de 2021 y deja en la indefensión legal a millones de electores, los partidos políticos y los líderes sociales andan resolviendo una abstracción: piensan casi compulsivamente en la inmortalidad del cangrejo.

Los académicos e intelectuales, los escritores y artistas que tienen la conciencia crítica muy despierta, por mucho que hagan no podrán contener al reyezuelo que nos reta a todos, ni resolver un entuerto que le incumbe a todo un país.

El tribunal de la opinión pública y la presión social es lo que nos queda, cuando la abdicación de los que debieran servir a la ley ha derrumbado un cielo de creencias que se creía sólido.

López Obrador, contrito de emoción y a piel de carcajada, alcanzó a murmurar: “Estoy muy contento”, los magistrados electorales “actuaron muy bien”.

El Tribunal Electoral de la deshonra ha inaugurado, desde su propia noche, la noche que nos caerá encima en los próximos años.


Pisapapeles

Hay cosas que pueden saberse con sólo abrir los cinco sentidos a la realidad. Pero otras, con cierta confianza y muy cristiana resignación, sólo podrán saberse el día del Juicio Final.

Hey you,
¿nos brindas un café?