En Venezuela, antes de las elecciones parlamentarias del 2015, había un autoritarismo competitivo, el gobierno abusaba del llamado “ventajismo”, utilizando todos los poderes del Estado para obtener y comprar votos e impedir, inhibir, anular y hasta secuestrar votos de la oposición, sin embargo al final se contaban más o menos correctamente los votos. Pero ya desde ese entonces cuando la oposición ganaba cargos relevantes como la Alcaldía de Caracas o Gobernaciones de Estado, el régimen les quitaba atribuciones, presupuesto y les nombraba “al lado” un “Protector”, a la manera de los “gauleiter” en la Alemania nazi. En esas elecciones parlamentarias, la oposición ganó las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN), con lo cual constitucionalmente se podían elegir el Tribunal Supremo (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y demás poderes del Estado. A partir de ese momento, el régimen decidió romper definitivamente con la Constitución de 1999, redactada básicamente por el propio Chávez. El gobierno ha asumido arbitrariamente todos los poderes, confiscando y usurpando todas las atribuciones y funciones del Parlamento. Nombró un Tribunal Supremo de Justicia, electo inconstitucionalmente, durante los días de Navidad, por la AN anterior en los estertores de su mandato. Ese TSJ ha declarado inconstitucionales todas las leyes que la Asamblea ha aprobado. El Ejecutivo ha gobernado arbitrariamente desde el inicio del 2016, basándose en un estado de excepción y de emergencia económica ilimitado, desacatando el voto negativo de la AN, además la dejó sin fondos de mantenimiento y sin sueldos para los diputados. A esto se le suma la negación del fundamental derecho al voto, concretada con la suspensión arbitraria del derecho constitucional al referéndum revocatorio. En el 2017 el régimen “inventa” una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), corporativa y comunal, copiada de los soviets de la fenecida URSS y del Congreso de las Corporaciones fascistas de Mussolini. A través de la ANC y el TSJ el régimen legisla y nombra todos los poderes del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, atribución privativa de la AN. Recientemente el TSJ no sólo nombró un nuevo CNE, dominado por el régimen sino que aprobó la elección fraudulenta de una nueva directiva de la AN y para colmo secuestra a los mismos partidos de oposición nombrándoles una nueva dirigencia. Es evidente la vocación totalitaria del “madurismo”, sin embargo el régimen se acerca a la categoría de “totalitarismo fallido” que ha desarrollado el politólogo Michael Waltzer. Se trata de un régimen que tiene vocación y objetivos totalitarios, pero le falta la capacidad y la eficiencia para concretarlos. En efecto, Venezuela tiene buena parte de las características de un Estado fallido, que se tipifica, entre otras cosas, por la pérdida de control del territorio y del monopolio del uso legítimo de la fuerza, el colapso de los servicios básicos y altos niveles de corrupción y de criminalidad. Es también un estado depredador. Un Estado donde sus gobernantes se dedican a preservar sus intereses particulares mediante el pillaje, el saqueo impositivo, la devastación de las instituciones y la sumisión de la justicia. Pero sobretodo Venezuela, por sus nexos con el narcotráfico, el terrorismo y la alianza con potencias antidemocráticas como Cuba, Rusia e Irán, sin dejar de mencionar los efectos de la inmensa ola de refugiados venezolanos en toda América del Sur, se está transformando en un tumor que está desestabilizando política, económica y sanitariamente toda la región latinoamericana. La crisis venezolana ya es una crisis hemisférica y su solución cada vez más será también, en buena parte, hemisférica.
