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Enrique Rondon Nieto

Tienden cerco legal a Maduro

El pasado viernes 18, Directivos del Colegio de Abogados Litigantes del Norte de Santander, presentaron, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, una “acción de tutela” contra el Fiscal General de la República, Néstor Martínez Neira, quien no habría actuado como pautan las leyes de la nación ante una denuncia penal por crímenes de Lesa Humanidad y Graves Violaciones a los Derechos Humanos en contra de Nicolás Maduro Moros.  

La acción fue promovida por el historiador y exparlamentario venezolano Walter Márquez y otros ciudadanos venezolanos y colombianos que se consideran víctimas de delitos de lesa humanidad como consecuencia del  cierre de la frontera colombo – venezolana desde el 20 de agosto de 2015 hasta la fecha. Consideran los denunciantes que la medida ha ocasionado  “desplazamientos degradantes” que han sido “registrados por periodistas locales, nacionales e internacionales, quienes transmitieron imágenes y relatos de las víctimas a todos los rincones del mundo”.  

La acción de tutela es “un amparo por abstención” ya que los recurrentes presentaron la solicitud de enjuiciamiento a Maduro, como máximo responsable de los mencionados delitos, el pasado mes de junio y el Fiscal General de Colombia no ha respondido y dio un trámite que los denunciantes consideran indebido. 

La Corte Suprema de Colombia tiene diez días hábiles para responder la solicitud, de manera que debería salir en los próximos días considerando que el pasado lunes 21 fue feriado en Colombia. 

Lo interesante de este tipo de denuncia es que puede abrir compuertas para que Nicolás Maduro y su entorno puedan ser juzgados por tribunales extranjeros por delitos de lesa humanidad siempre que las víctimas sean del respectivo país. Por ejemplo, un ciudadano español que pruebe ser víctima de tales delitos podría acudir a la Audiencia Nacional de su país; igual un chileno o un peruano. Eso con base en el principio de la Jurisdicción Universal aunque no todos los países lo aceptan y los que lo aceptan lo hacen con sus respectivos matices. El caso más célebre fue el del juez español Baltazar Garzón vs Pinochet. Posteriormente en España fue dictada una ley que restringe tal principio. 

En el caso que nos ocupa, los denunciantes argumentan razones por las cuales, el presidente Maduro no tendría ningún tipo de inmunidad o privilegio que impida ser juzgado por los delitos que le imputan: “Por cuanto la denuncia contra Nicolás Maduro y altos funcionarios de su Gobierno, se tipifica como Crímenes de Lesa Humanidad de acuerdo al artículo 07 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado como ley por el Congreso de Colombia, el cual señala en su artículo 27, que a un ‘Jefe de Estado o de Gobierno (…), en ningún caso se le eximirá la responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena’, pues la condición de Jefe de Estado de Nicolás Maduro, no lo exime de su responsabilidad individual por los graves crímenes cometidos por su gobierno en contra de miles de nacionales colombianos y venezolanos en la frontera colombo-venezolana”. 

Entre los recaudos entregados al Fiscal General de Colombia, según oficio con fecha 21 de octubre de 2015, figuran cinco carpetas con mil 410 folios. En la solicitud al máximo tribunal de Colombia, piden “ordenar al Señor Fiscal General de la Nación, la apertura de la averiguación penal contra Nicolás Maduro Moros por Crímenes de Lesa Humanidad, cometidos en la frontera entre los años 2009 al 2017, en base a la denuncia presentada por Walter Márquez y otros.” Además, que “se ordene al Señor Fiscal de la Nación, la designación de un fiscal especializado para que conozca de las denuncias interpuestas en su despacho, a las que hemos hecho referencia en el presente escrito.” 

Extraoficialmente se ha sabido que directivos de Colegios de Abogados de varios países, especialmente latinoamericanos, esperan la respuesta a esta solicitud para proceder en igual dirección. Sería un nuevo cerco legal a Maduro y su entorno, aparte de las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos. 

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