Son informales las actividades económicas que no están en el sistema. Ni están registradas, ni se sabe quién las hace, ni qué son. No pasan ningún tipo de control. No se sabe ni cuándo empiezan ni cuándo terminan. No tributan.
La informalidad permite toda clase de actividades. Permite el secuestro y la trata de mujeres y la venta de bocadillos en la calle. Permite el tráfico de órganos y de gasolina en las fronteras. Permite los asentamientos ilegales y los prestamistas. Permite el tráfico de drogas y la deforestación del Amazonas. Permite el abuso sexual de niños y el consumo de alcohol adulterado.
¿Y por qué existe la informalidad? Existe porque puede. Puede porque el sistema se lo permite. La institucionalidad lo permite. Entonces, la informalidad es el resultado de una institucionalidad que no funciona bien. Los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial saben que existe la informalidad, la reconocen y aun así la permiten. Y al permitirla la legitiman y la invitan a reproducirse. Se escuda el sistema diciendo que es algo casi inevitable, que no puede combatir la informalidad. Como si fuera algo nuestro, algo intrínseco a nuestro carácter. Intentan convencernos de que, pase lo que pase, siempre habrá informalidad en Sudamérica. Es inevitable.
Los grandes retos necesitan grandes dosis de estrategia. No vale con intentar aplicar medidas suizas, estadounidenses o españolas y concluir que, claro, es que aquí no funcionan porque esto es Sudamérica. Claro que no van a funcionar. Nunca van a funcionar. Porque lo que necesitamos son medidas que aborden la realidad de la informalidad sudamericana. Estrategias comunes que surjan del debate entre los pueblos para hacer frente a un problema idéntico de las naciones de la región. Propuestas capaces de superar fronteras en su diseño, pero sobre todo en su ejecución. Propuestas valientes y atrevidas. Nuevas.
No, la informalidad no es una característica sudamericana. No nos dejen pensar que la inadecuada institucionalidad sí lo es.