La fortaleza del chavismo se asentó sobre tres pilares: el carisma del caudillo, la chequera petrolera abundante y sostenida en el tiempo y el apoyo popular mayoritario. Los tres ya no existen. A Maduro le queda el control de las instituciones del Estado, salvo la Asamblea Nacional, ilegítima e inconstitucionalmente desconocida por el gobierno y, “por ahora”, el poder de coerción, a través de la Fuerza Armada y los mal llamados “colectivos”, que recuerdan a las “squadracce” del jerarca fascista Farinacci, los CDR cubanos y los “batallones de la dignidad” del narcodictador Manuel Noriega. La situación socioeconómica es realmente desastrosa, la revista Time en su portada titula: «Venezuela se está muriendo”. La escasez y el hambre hacen estragos. En los barrios populares urbanos “desaparecen” extrañamente los perros y en el campo los asnos. El fracaso del modelo “comunistoide” basado en “ideas muertas” que, como decía Geremek “no sólo no creó riqueza sino ni siquiera distribuyó con justicia la pobreza”, es evidente salvo para la cúpula dirigente del régimen que padece de ceguera ideológica. En todas las encuestas, alrededor del 80% está a favor de un cambio de gobierno. En una democracia, que tiene en su Constitución la institución del referendo revocatorio del mandato presidencial, la solución de la crisis estaría en devolverles el poder de decisión a los ciudadanos. Sin embargo, la cúpula de un gobierno, con vocación totalitaria, no tiene ninguna intención de respetar una Constitución ya abundantemente violada. Para muchos en el gobierno, el revocatorio es un evidente suicidio político. La estrategia de la oposición democrática debe combinar la presión en la calle con la acción internacional, aprovechando que los “vientos de cambio” en el continente soplan de nuevo a favor de la democracia. En este contexto, la anunciada manifestación del 1 de septiembre en Caracas asume una relevancia capital. Es fundamental dar una demostración de fortaleza, nacional e internacionalmente. No va a ser fácil. Como de costumbre, los accesos a Caracas amanecerán obstaculizados, “curiosamente“ , se suspenderá el funcionamiento del Metro, la ciudad será militarizada y los “colectivos” tratarán de intimidar. Hay que seguir presionando, nacional e internacionalmente, por el derecho al revocatorio, sin embargo el gobierno, frente a una disyuntiva obligada entre el revocatorio y una renuncia, preferiblemente negociada, optaría por la segunda opción. La comunidad internacional, aunque no puede públicamente descartar el derecho constitucional al revocatorio, para evitar un posible “baño de sangre” y una emergencia humanitaria con decenas de miles de refugiados en los países vecinos, apoyaría mayoritariamente la alternativa negociada. Hay varios escenarios al respecto. El Padre Ugalde y Eduardo Fernández hablan de un gobierno de Unidad y Salvación Nacional, quizás presidido por un Presidente acordado, parecido al caso de Valentín Paniagua en Perú, después de la renuncia de Fujimori. Sería un gobierno de “ancha base”, integrado por miembros de la oposición y del oficialismo, apoyado por la Fuerza Armada, con un programa mínimo común, para reinstitucionalizar y reordenar socioeconómicamente el país, durante los dos años que quedarían del actual mandato constitucional. Otras propuestas, como la de Michael Penfold, mencionan la posibilidad de una enmienda constitucional que recortaría el mandato de Maduro con elecciones presidenciales en una fecha a negociar en el 2017. Todas estas y otras posibles, pero difíciles y complejas alternativas, deben tomar en cuenta la interrelación entre dos factores que la ciencia política contemporánea ha determinado como decisivos en las transiciones hacia la democracia de un gobierno de corte autoritario: los “costos de represión” y los “costos de tolerancia”. Para la transición los costos para el gobierno de la represión de la oposición deben ser cada vez más altos y los “costos de tolerancia” o sea los costos de salida del gobierno para sus miembros individuales y sus familias deben ser bajos. En otras palabras, a enemigo que huye: ”puente de plata”. La historia de todas las transiciones negociadas en España, Argentina, Uruguay, Chile, El Salvador, Nicaragua y Guatemala implicó algún tipo de amnistía o “justicia transicional”. Por tanto, la oposición debe organizarse y movilizarse para aumentarle los costos de la represión al gobierno y la Fuerza Armada tendrá que asumir la responsabilidad de su conducta.
