Cifras oficiales sobre los niveles de producción agrícola a nivel nacional en Venezuela son difíciles de encontrar dada la falta de transparencia y las estadísticas deliberadamente infladas sobre la producción en tierras expropiadas. Lo que si es trazable es el incremento de las importaciones, que se elevaron progresivamente de 68% en 1998, a 75% en 2005, a 90% en 2012, cuando Venezuela empezó a importar incluso aquellos artículos que producía autosuficientemente como la leche, el café, el arroz, el maíz o el azúcar.
El problema con las importaciones es que, no sólo estaba el gobierno subsidiando el 78,8% del coste alimentario total del país, es decir, cubriendo los gastos de comida del 61% de la población (FAO 2015) –lo que ya de por sí explica el éxito de sus misiones–; sino que el mismo Estado habría creado el negocio más rentable después del minero: la reventa de éstos productos. La especulación pronto habría encontrado en Venezuela su próxima víctima, los hambrientos.
Para el 2011, a efectos de reducir o, al menos, de controlar la especulación el gobierno aprobó la ley de “precios justos” aplicable a una gama de 50 productos de consumo básico, que luego extendió a 100. Pero los nuevos precios eran tan bajos, que ni siquiera cubrían los costes de producción.
La irónicamente llamada ley de “precios justos” alcanzó el colmo de lo que se podría llamar la economía mal-gestionada. No sólo se convirtió la producción local de alimentos –en comparación con su lucrativa re-venta– en un verdadero sinsentido, en vista de las insignificantes ganancias y la baja productividad; sino que puso a los productores de alimentos en una situación aún mas vulnerable que antes.
Dado que es el mercado internacional (y no Maduro!) el que establece los precios de exportación de productos agrícolas como el maíz, el café, el azúcar, etc.; los productores venezolanos ahora no sólo dependen de las vitales subvenciones del Estado, sino también de las fluctuaciones en los precios en el mercado global. Gracias al control de precios, los agricultores se ven maniatados a la hora de ajustar sus precios cada vez que en el mercado internacional hay una alza de los mismos debido a una alteración en la producción marginal de materias primas.
Me explico: Los precios de bienes agrícolas o mineros circulan en el mercado internacional en base a los costes de producción estándares más las ganancias derivadas del alquiler de las tierras de donde provienen estos productos (producción marginal). Aunado a ello, existe un amplio margen de ingresos generados de la competición entre compradores (por ejemplo entre Exxon y BP para la compra del crudo) (súper productividad). A eso se le suma la tasa que pagan los compradores por acceder a recursos no renovables, lo que empuja la rentabilidad de la exportación de materias primas muy por encima de sus costes de producción.
Es así como Venezuela, explotador minero por excelencia, puede permitirse sentarse literalmente sobre sus recursos naturales a esperar a que las condiciones de venta sean más favorables para aumentar su poder de negociación. Sin embargo, el gobierno venezolano, en vez de generar nuevas formas de producción de capital, se ha limitado exclusivamente a servir de mediador entre la renta petrolera y los sectores más vulnerables de la población.
En la misma lógica, y a pesar de los repetidos empeños del gobierno en subsidiar la industria alimenticia en Venezuela, sus esfuerzos están muy lejos de satisfacer las demandas alimentarias de toda una nación. Más allá de estar atrapado en el vicioso círculo de invertir en importaciones más que en la producción nacional, las iniciativas socialistas no han aportado soluciones durables a la inseguridad alimentaria en Venezuela.
El conocido refrán popular “porque los gobiernos pasan pero el hambre queda”, sacado de un comedia televisiva demasiado parecida a la realidad, nunca fue más vigente que ahora. El desfallecido proyecto socialista de “protege la seguridad alimentaria de los venezolanos” es una muestra de que el petróleo sigue siendo nuestra única macolla, los venezolanos se verán atados a su limitada e ineficiente gestión.
El modelo económico venezolano no funciona no porque la economía esté enteramente subsidiada por el Estado –esto es sólo una consecuencia–; lo hace porque la acumulación de su capital no está basada en la producción de riqueza derivada del trabajo, sino en la súper producción de ganancias generadas de sus recursos naturales, sobre los cuales ha estado sentado por demasiado tiempo.