En Colombia, luego de llevar tres semanas de tusa transformada en desconcierto pues, una vez hundido el plebiscito, escuchados los distintos voceros del No y oído el negociador de las Farc Iván Márquez («si no se llega a un acuerdo pronto el proceso de paz puede pasar del limbo al infierno”), nada hay claro en el panorama.
Y a pesar de que el presidente Santos prometió que no nos va “a dejar colgados de la brocha”, no se vislumbra una salida fácil, pues hay discrepancias de fondo con voceros del No, especialmente con el Centro Democrático.
De modo que si el presidente no tiene un as bajo la manga, solo hay dos opciones:
La primera, que una vez incorporadas a los acuerdos algunas observaciones aceptadas por las Farc, el nuevo texto se presente al Congreso. Ese camino tomaría por lo menos un año, pues hay temas, como la jurisdicción especial para la paz, que implica reforma constitucional y requiere ocho vueltas. Y lo que sólo necesita la expedición de leyes podría someterse a largos debates de los cuales probablemente saldrían modificaciones. Además, en ese caso, el presidente tendría que lidiar con que le dijeran que desconoció la voluntad popular manifestada en el plebiscito.
Y la segunda, que una vez incorporadas propuestas de voceros del No aceptadas por las Farc, el nuevo texto se sometiera a otro plebiscito, lo cual implicaría correr el riesgo de que se volviera a perder y la paz quedara hundida para siempre, pues el Centro Democrático bien podrían volver a usar los efectivos mensajes de Twitter, WhatsApp y otras redes sociales para sembrar mentiras y miedos en el inconsciente colectivo, como lo hizo en el plebiscito anterior.
Una tercera opción, que sería la óptima y que consistiría en que se llegara a un gran acuerdo nacional, parece cada vez más remota, no sólo porque para las Farc hay diferencias con el Centro Democrático, que equivalen a sus líneas rojas, sino porque también las hay entre el Gobierno y Uribe: por una parte, mientras las Farc no aceptan que se acabe con la elegibilidad política de los miembros del Secretariado, acusados de delitos de lesa humanidad, y con la posibilidad de que paguen sus penas sin restricción absoluta de su libertad, como plantea Uribe, por otra, el presidente ya manifestó que el concepto de justicia transicional contenido en los acuerdos es un principio fundamental, y Uribe exige que se desmonte esa justicia especial para la paz, es decir, esa posibilidad de que no sólo los guerrilleros sino también los colaboradores y financiadores de los paramilitares sean juzgados.
Y como si los anteriores nudos ciegos fueran pocos, ya las Farc rechazaron la posibilidad, autorizada por el presidente, de que los voceros del Centro Democrático se reúnan con su abogado, Enrique Santiago. Según Pastor Alape, eso equivaldría a “legitimar a los saboteadores” y a caer en el juego de las maniobras dilatorias de los uribistas.
De modo que los del No ya van viendo cómo son las cosas: no se trata de vociferar que se incluya en los acuerdos lo divino y lo humano, sino de que las Farc lo acepten. Y, por ahora, ellas ni siquiera aceptan reunirse con los uribistas, como en los ocho años de gobierno Uribe no aceptaron iniciar negociaciones con él. ¿Entonces…?
Este artículo fue publicado originalmente en El Espectador