En un país incapaz de producir riqueza, después del petróleo las mujeres son el próximo producto de exportación.
No es una coincidencia que los medios más respetados de Venezuela publiquen recientemente testimonios sobre casos que parecen aislados pero que denuncian lo mismo: la trata de mujeres venezolanas en Trinidad y Tobago para la prostitución. La periodista de Cinco.8, Nayrobis Rodríguez, cuenta la historia de Yosqueili, una chica “vendida como prostituta en Trinidad”. Una compañera la habría convencido a ir a trabajar a Trinidad “por una buena paga” y poder así salir de la pobreza de Güiria, un pueblo en la península de Paria, en el estado Sucre. La promesa de mil dólares, ropa y comida fue el anzuelo para que la joven de 16 años embarcara en un bote sobrecargado junto a otras 37 personas. Debido al exceso de pasajeros, fallas en el bote y la incompetencia del capitán, la embarcación se hundió en la noche del 23 de abril 2019 en Boca Dragón y solo 9 personas lograron salvar sus vidas, entre ellas Yosqueili, quien sobrevivió al naufragio en alta mar por aferrarse a una pimpina de gas. Después de haber denunciado el caso ante la Fiscalía del Ministerio Público y encarcelado a 13 personas implicadas en el caso -entre ellos su captor-, Yosqueili es secuestrada nuevamente en su casa y llevada a Trinidad esta vez por la fuerza por otros miembros de la misma red de secuestradores.
Rodríguez asegura que el tráfico clandestino de mujeres se ha convertido en “el negocio del pueblo” y que no es secreto para nadie que hay autoridades involucradas en esta creciente industria.
En esta compleja maniobra una cadena de crímenes se entreteje a distintos niveles. Desde la falsificación de pasaportes de las mujeres que salen de Güiria hasta la creación de documentación falsa de los captores que las venden en los bares de la isla, esta red debe albergar a miembros de las autoridades que hacen la vista gorda a una serie de irregularidades.
Uno de los informantes de Rodríguez alega que normalmente solo diez personas se registran en la embarcación, pero que en realidad son muchas más, especialmente mujeres que recogen en otros puertos de la zona. En la lista, los datos no necesariamente corresponden con la identidad de los pasajeros, pero lo importante aquí es llenar la planilla con pasaportes existentes para cumplir con una formalidad a la llegada del bote a puerto trinitario. Estos pasaportes son entonces sellados por funcionarios del Servicio Administrativo de Inmigración y Extranjería (SAIME) sin que el propietario esté presente. A cambio, los funcionarios reciben una comisión por cada barco que sale.
Hoteles, vehículos y comidas están a disposición en Güiria para alojar, transportar y alimentar a las chicas que llegan de zonas aledañas, escondidas y privadas de sus teléfonos, hasta que se llena la cuota para zarpar la siguiente embarcación.
Otro caso muy sonado es el de Kelly Zambrano, una joven de 20 años quien desaparecería el 16 de mayo 2019 tras el naufragio de una lancha en dirección a Trinidad y Tobago junto a 32 personas más. En El Nacional su madre asegura saber que su hija está viva y que está siendo prostituida. El modus operandi es muy parecido al anterior. Una amiga le ofrecería a Kelly un trabajo de camarera en un hotel de la isla a cambio de 1000$ al mes. Su madre asegura que si no todos, una buena parte de los funcionarios de la Capitanía de Puerto de Güiria y la Estación Principal de Guardacostas Zona Atlántica están implicados pues esta y otras denuncias siguen desatendidas.
El reportaje investigativo de Armando Info asegura que ya son 16 las denuncias -con al menos 5 víctimas cada una- por trata de mujeres que el Ministerio Público se niega a resolver. Asimismo, señalan que este “negocio” existe desde hace al menos diez años y que se acelera a medida que la escasez y el hambre se abren paso en la zona. Ciudades como Cumaná, Carúpano, Maturín y Margarita son el punto de mira de captores, traficantes y funcionarios que aspiran a ganar hasta 300$ por candidata. Para las sesenta familias que reclaman por el paradero de sus hijas -la mayoría menores de edad- es evidente que estas dos embarcaciones fueron secuestradas por una red de traficantes dada la falta de un veredicto oficial y de pruebas sobre los cuerpos desaparecidos en el naufragio.
Tanto las autoridades policíacas como las migratorias de ambos países estarían involucradas pues el silencio es mutuo. Según la periodista Herrera, los expedientes aumentaron entre 2014 y 2016, pero todos continúan cerrados. Durante la gestión de la ex-fiscal Luisa Ortega se realizó una reunión con la Embajada de Trinidad y Tobago a la que se llegó a la triste conclusión que en la isla “no había recursos para hacer las investigaciones” y Venezuela no mostró demasiado interés en financiarlos.
En un país en el cual las mujeres se han convertido en una mercancía accesible pero poco trazable, las condiciones están dadas para que estos crímenes sigan impunes gracias al silencio de funcionarios de migración, protección y seguridad de ambos países. La investigación de Armando Info revela que las mujeres que denuncian haber sido secuestradas son encarceladas en Trinidad por su status migratorio ilegal y forzadas a pagar una fianza de 1500$ por su libertad. En vista de los escándalos por las mujeres desaparecidas, Trinidad y Tobago decidió dar inicio a un registro de venezolanos ilegales para que puedan residir y trabajar en la isla por algunos meses, pero esta medida es más que insuficiente para frenar el drama de las desaparecidas desde la raíz en Venezuela.
En vista de la más profunda crisis ideológica del país, la tradición extractivista parece no conocer límites en una sociedad que condena a sus mujeres a ser no más que mercancías explotables para el provecho de algunos hombres que cobran en dólares por su silencio.