El país sede del último Mundial de Fútbol y de las próximas Olimpiadas, está en la mira y no precisamente por razones deportivas. Sino por quienes se han tomado el Gobierno como deporte, la corrupción como balón y el cinismo como antorcha.
Dilma Rousseff ganó la reelección presidencial haciendo uso del pueblo, no por los votos, como es natural, sino aprovechándose de las únicas cifras positivas de su primer mandato: los programas sociales con los que logró sacar a más de 30 millones de brasileños de la pobreza. Pero para ganar, también tuvo que esquivar de forma estoica las acusaciones, los rumores y todo lo relativo al caso de corrupción de Petrobras, cuya investigación sigue en marcha y amenaza con la cárcel a su mentor y con un juicio político a la primera mujer presidenta de Brasil.
Los hechos
La mayor empresa estatal brasilera, Petrobras, fue fundada en 1953 por el entonces presidente Getulio Vargas, y se dedica a la explotación de petróleo y gas; producción, refinación y suministro de crudo y productos petrolíferos. Y como joya de la corona de quien administre/gobierne el país, se ha convertido en un nido de corrupción durante los gobiernos de Luiz Inacio Lula Da Silva y de su sucesora, la actual presidenta, Dilma Rousseff.
En julio de 2013, la Policía Federal de la ciudad brasilera de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba en Brasilia y en Sao Paulo y que implicaba irregularidades entre 2005 y 2014 en torno a Petrobras, fechas en las cuales el predecesor de Rousseff –Lula Da Silva- era presidente y ella era presidenta del Consejo de Administración de la estatal petrolera. La red de corrupción destapa así el desvío de millones de dólares de fondos públicos amañando contratos y pagando sobornos a políticos y empresarios. Como consecuencia del escándalo de corrupción, el valor de Petrobras descendió más del 50%, se han paralizado numerosos contratos y, según los sindicatos, más de 10.000 trabajadores han perdido sus empleos.
La investigación llevó a la policía hasta el experto en blanqueo, Alberto Yousseff, que al ser detenido, llegó a un acuerdo de cooperación con las autoridades. Su testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, hizo explotar el caso, conocido como “Lava Jato” y que llegó al conocimiento público en marzo de 2014, año electoral en el que Dilma Rousseff logró torear las acusaciones y ser reelecta en octubre, a penas con el 51% de los votos, no sin debilitar su poder, su credibilidad y la imagen del expresidente Lula.
Entre los políticos investigados están el ex presidente Lula da Silva e importantes ex-colaboradores de Rousseff: cuatro ex-ministros, el tesorero de su partido, el coordinador de su campaña electoral en 2010 y el senador del Partido de los Trabajadores, Delcídio do Amaral, que fue detenido en noviembre de 2015 y que también decidió “colaborar con la Justicia”, acusando a la presidenta Dilma Rousseff de actuar para mantener a los directores comprometidos con la trama de corrupción en Petrobras y que intentó interferir en el progreso de la Lava Jato. Además, el senador afirma que cuando era presidenta del Consejo de Administración de Petrobras, Rousseff conocía la existencia de un esquema de desvío de dinero en la compra de la refinería de Pasadena, en Estados Unidos.
Según Amaral, el ex presidente Lula le habría «pedido expresamente» que intentara sobornar al ex director de Petrobras, Nestor Cerveró, implicado en la trama de corrupción, a cambio de que no colaborase con la Justicia.
A raíz del avance de las investigaciones, la Fiscalía de São Paulo ha pedido prisión preventiva para el expresidente Lula da Silva, quien fue denunciado por este mismo organismo el pasado 16 de marzo por lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Ahora, los fiscales aseguran que existe riesgo de fuga y de que obstaculice las investigaciones, a lo cual la presidenta Rousseff, con la excusa de mejorar la articulación política de su frágil gobierno y enfrentar así, más fuerte, un posible proceso de impeachment, designó a su mentor, Lula Da Silva, Jefe de Gabinete, cargo que, además, le garantizaría al ex mandatario una cierta protección legal frente a las investigaciones de corrupción en torno a Petrobras.
¿Y entonces?
Todo esto nos deja frente a un panorama de crisis política, económica y social que desangra a Brasil poco a poco. Y el Gobierno Nacional no parece estarlo llevando muy bien, tal como evidencian las apariciones y declaraciones recientes de la presidenta Rousseff, quien se ha arropado con el discurso populista característico de su predecesor, de su partido y de los líderes de la izquierda latinoamericana, llenos de delirios de golpe de Estado evidenciados en frases como “No importa si el arma del golpe es un fusil, una sanción o la voluntad política de algunos de llegar más rápido al poder (…) Yo jamás renunciaré porque no he cometido ningún crimen que justifique la interrupción de mi mandato y condenar a alguien por un crimen que no ha cometido es la mayor violencia que se puede ejercer, es una injusticia brutal, es una ilegalidad”.
En definitiva, Dilma sigue siendo Presidenta, Lula ahora es Jefe de Gabinete, el PT está más debilitado que nunca y Brasil se polariza cada día más con millones de ciudadanos inundando las calles a favor y en contra del “Mesías brasileño” o “el mayor corrupto de la historia de Brasil”. Sí, porque todo esto, es por Lula.
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