A comienzos de la década de 1980, durante una reunión en Nueva York con el entonces presidente Jimmy Carter, acompañé como traductor a Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz argentino. En ese momento, las guerras estaban causando estragos en los países centroamericanos. Recuerdo vívidamente cómo, en un momento dado, Carter le preguntó a Pérez Esquivel: «¿Y qué piensa, Adolfo, que los Estados Unidos deberían estar haciendo en Centroamérica?». Una pregunta tan directa y honesta por parte de un ex- presidente de los Estados Unidos sería impensable hoy.
Pérez Esquivel respondió que los Estados Unidos deberían ser más conscientes de las tremendas necesidades en los países centroamericanos; y que los Estados Unidos, en lugar de oponerse a los movimientos populares, deberían apoyarlos, asegurándose de que todos los bandos respeten los derechos humanos en los conflictos de larga data entre los ricos y los pobres en la región.
Esta observación está muy relacionada con los eventos de hoy. Se ha estimado que casi el 70 por ciento de los niños que cruzaron la frontera entre EE. UU. y México en 2014 procedían de lo que se conoce como el triángulo norte de América Central, formado por Guatemala, Salvador y Honduras. Esos tres países han sufrido la intervención de los Estados Unidos en sus asuntos sociales y políticos.
Quizás Guatemala ejemplifique mejor las consecuencias de esta intervención. Durante muchos años, los Estados Unidos controlaron el comercio de café y banano, además de las demandas de concesiones petroleras del gobierno guatemalteco. Ya en 1918, el gobierno de Woodrow Wilson advirtió al gobierno de Guatemala: «Es muy importante que sólo los intereses petroleros estadounidenses reciban concesiones».
En 1954, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) llevó a cabo una operación encubierta que depuso al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, quien había sido electo democráticamente. El golpe, que instaló a Carlos Castillo Armas fue el primero de una serie de regímenes autoritarios respaldados por los Estados Unidos en Guatemala y fue precedido por los esfuerzos de los Estados Unidos por aislar a Guatemala internacionalmente. Arbenz había instituido el sufragio casi universal, había introducido el salario mínimo y había convertido a Guatemala en una democracia.
Castillo Armas asumió rápidamente poderes dictatoriales, prohibió los partidos de oposición, encarceló y torturó a los opositores políticos y revirtió las reformas sociales del gobierno de Arbenz. El golpe fue condenado universalmente y dio lugar a fuertes demostraciones anti-estadounidenses en todo el continente americano.
Luego de casi cuatro décadas de guerra civil, los guerrilleros de izquierda lucharon contra una serie de regímenes autoritarios respaldados por los Estados Unidos. La consecuencia fue el genocidio de la población maya del país, cuando más de 200,000 indígenas fueron asesinados por regímenes militares guatemaltecos apoyados por los Estados Unidos.
A mediados de los años ochenta, me encontré en Nueva York con Rigoberta Menchú, la guatemalteca ganadora del Premio Nobel de la Paz, frente a un cajero automático de n banco ubicado al lado de un edificio de las Naciones Unidas. Ella estaba con otras cuatro mujeres, intentando sin éxito retirar dinero de la máquina. Tratando de aliviar la situación, le dije en broma: «Rigoberta, esta máquina parece haber sido hecha por brujas». «No, César», respondió ella, «Esta máquina fue hecha por el hombre blanco …».
Al igual que en Guatemala, los EE. UU. también apoyaron al gobierno en la guerra en El Salvador contra las guerrillas izquierdistas (FMLN), proporcionando ayuda militar por un monto de entre uno y dos millones de dólares por día. Los oficiales de los Estados Unidos tomaron posiciones clave en los niveles superiores del ejército salvadoreño y participaron en decisiones críticas en la conducción de la guerra civil, una guerra que duró más de 12 años (1979-1992) y resultó en más de 75,000 personas asesinadas o «desaparecidas».
Según las Naciones Unidas, mientras que el 5% de los asesinatos de civiles fueron cometidos por el FMLN, el 85% fueron cometidos por las fuerzas armadas salvadoreñas y los escuadrones de la muerte paramilitares. Esos escuadrones mutilaron los cuerpos de sus víctimas como una forma de aterrorizar a la población. El llamado Batallón Atlacatl, que asesinó y mutiló salvajemente a seis sacerdotes jesuitas, estuvo bajo la tutela de las Fuerzas Especiales de los EE. UU. 48 horas antes de los asesinatos.
Honduras ha tenido históricamente fuertes vínculos militares con los Estados Unidos. En 2009, Manuel Zelaya, un reformista liberal, fue derrocado en un golpe militar. Los EE. UU. se negaron a llamarlo golpe de estado mientras trabajaban para garantizar que Zelaya no regresara al poder, en flagrante contradicción con los deseos de la Organización de los Estados Americanos. Hoy en día, el país está en caos: las pandillas violentas asolan a los ciudadanos en todas partes, mientras que el gasto gubernamental en salud y educación ha disminuido considerablemente.
En el último siglo, la intervención militar de EE. UU. que condujo al derrocamiento de los gobiernos elegidos democráticamente, o el apoyo a los regímenes tiránicos, ha desempeñado un papel importante en la inestabilidad, la pobreza y la violencia que llevan a decenas de miles de personas de los países de América Central hacia México y los Estados Unidos. A estos factores se debe agregar el efecto desestabilizador de los desastres naturales y un clima general de inseguridad y violencia en toda la región.
Las acciones tienen consecuencias e interferir en los asuntos de otros países tiene efectos duraderos. Esto es especialmente cierto cuando se considera lo que sucedió en América Central. Sería ingenuo culpar a los Estados Unidos por todos los males en gran parte de la región. Pero sería igualmente ingenuo ignorar cómo la intervención de los Estados Unidos ha ayudado a crear la situación que la aqueja hoy.