Hace unos días en medios de comunicación mexicanos se nos recordó un caso que parecía olvidado: se cremaron los restos de Paulette Gebara, una niña que fue noticia hace siete años; desapareció un día sin dejar rastro y al poco tiempo fue encontrada debajo de las narices de todos, oculta en un rincón de su cama luego de que peritos y los padres hubieran buscado en cada rincón de la habitación. Era algo fantasioso: el cuerpo seguía ahí, y la opinión pública apuntó a un infanticidio por parte de la madre, Lizette Farah. Fue un caso que nos hizo recordar lo frágil que es morir como niña en el país, y cómo hay gente que puede cometer ilícitos y salirse con la suya.
La historia de Paulette se asomó de nuevo para recordarnos que estas cosas llevan pasando más de diez años, junto a estos últimos meses donde podemos recordar referencias explícitas de violencia de género: en la radio de la universidad más importante del país, la UNAM, el ex líder del movimiento del 68 y académico, Marcelino Perelló Valls, declaró a micrófono abierto que “si no hay verga no hay violación”, reafirmando durante las semanas siguientes, acribillado por la opinión pública, que “a lo mejor las amas de casa se espantan por eso, seguro porque nunca las han violado”. Y fue una coincidencia, porque a tan sólo unas semanas la universidad volvió a cimbrarse, esta vez por un feminicidio en el campus principal de Ciudad Universitaria, donde el cuerpo de una chica fue encontrado amarrado a una cabina de teléfono cerca de la Facultad de Ingeniería.
Son los casos más famosos que han acaparado la opinión pública estos días. Pero hay otros menos conocidos que parecen traspapelarse en los medios de comunicación, pese al dolor, pese a la infamia. Me enteré de uno, ocurrido en el Estado de México y en época de elecciones, cuando estas cosas sólo sirven para manchar la reputación de tal o cual partido. Por supuesto, lejos de darle respuesta a las víctimas, a los familiares, sólo se entrega indiferencia, burocracia e indicaciones para los afectados: vayan a tal institución, aquí no es, aquí no los podemos atender. Así fue el caso de Jazmín López Valencia, que no fue tocado por la justicia hasta que los familiares lograron hacer eco de sus denuncias, después de marchas y peticiones multitudinarias.
Me enteré del caso por un video de una transmisión en Facebook donde el actor de doblaje, Hugo Núñez, se quebraba en lágrimas al contar cómo su prima, Jazmín, fue asesinada brutalmente en plena calle, acuchillada más de doce veces en una acera del municipio de Cuautitlán Izcalli. El perpetrador fue su esposo, el guardia de seguridad José Román Guarneros Pérez, a quien la familia ya había denunciado en varias ocasiones por violencia doméstica. Hoy es un prófugo a quien se le ha puesto una recompensa de medio millón de pesos (más de 26 mil dólares) por información que lleve a su captura (a orden de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México).
Me contacté con la familia, así pude hablar con el hermano de la víctima, José López Valencia, quien me relató la forma en la que José Román, según varios vecinos, riñó con su expareja en la acera, sacó una navaja que ocultó en sus llaves y apuñaló a Jazmín. La encontraron en un charco de sangre, el hermano estuvo con ella en la ambulancia y cuando fue ingresada al hospital los médicos advirtieron a la familia de la gravedad de las heridas. Después de un movimiento de entrada y salida entre doctores y enfermeras, se informó que Jazmín había fallecido luego de haber sufrido tres infartos “nos dijeron que fue paro cardíaco, no aguantó el último”, me contó por teléfono José López.
Hugo Núñez aseguró en varias de sus transmisiones de Facebook, en las que daba seguimiento del caso, que las autoridades del Estado de México no atendieron la orden de aprehensión contra José Román, lo que dio margen para que emprendiera la huida, pese a la cantidad de testigos, a que la víctima lo identificó como el agresor antes de morir y los antecedentes de violencia denunciados en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Tiempo después, el padre del hombre llamó a los familiares de Jazmín para ver si podía obtener a las niñas (hijas de José y Jazmín), quienes también presenciaron el feminicidio de su madre.
El ilícito se cometió el día 3 abril. Ningún medio de trascendencia atendió el llamado de los familiares en los días aledaños. Un mes más tarde un medio de gran tiraje cubrió el crimen en unos párrafos, sin mencionar su carácter de feminicidio. Aunque las cosas dieron un giro después de una marcha, gracias a la cual los familiares, después de más de mes y medio de pedir justicia, fueron atendidos por la fiscal especializada en feminicidios, Írma Millan, quien aceleró las acciones judiciales. “No es posible que el padre de este sujeto (José Román) se ponga en contacto con nosotros, qué cínico, cuando es básico investigar inmediatamente a los familiares de alguien prófugo”, me comentó el hermano de la víctima, además de confirmarme que por fin se interrogó a los padres de José Román.
El caso se parece a tantos otros feminicidios en el Estado de México donde se repiten los modus operandi: el asesino no es arrestado inmediatamente por las autoridades (en escenarios donde sobran las pruebas), por lo general los victimarios son las parejas o exparejas de las mujeres, y como en el caso de Jazmín, el asesino tiene contactos en la policía. Según el hermano de la víctima, José Román posee familiares paternos en seguridad pública, aunque estos no han sido identificados.
Hugo Núñez, en otra transmisión en Facebook, cuenta a los usuarios que después del asesinato, José Román se llevó a las niñas (aunque ahora están seguras con los padres de Jazmín). “Dejó a mis sobrinas al cuidado de sus padres y ellos, cobardemente, se comunicaron con mi tío Pepe (padre de Jazmín) y acordaron la entrega de mis sobrinas en el DIF, el DIF también brilló por su ausencia y pendejez, les interesó más un cumpleaños en sus oficinas y que había pastelito, les interesó más que la seguridad de mis sobrinas”.
La queja constante de los familiares es por las acciones del gobierno y las peticiones de justicia al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, que pronto será relevado por uno de los candidatos a la gubernatura. Esperemos que a futuro se apliquen mejores medidas contra el problema de los feminicidios (aunque eso hayamos pedido desde hace casi una década). Mientras, nosotros tenemos que marcar otro caso más donde la negligencia asoló a una familia, en un país donde la justicia debería dar calma y no tormentos.