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Moises Montiel

La crisis migratoria americana en clave de Interés Nacional

La Doctrina Monroe, simplificada en la archiconocida frase “América para los americanos”, significó en su momento la máxima de política exterior que se mantuvo más o menos estable hasta su pretendida defunción –a manos del Secretario de Estado John Kerry- según la cuál Los Estados Unidos de América debían rechazar y repeler cualquier avance de cariz colonial en las Américas por parte de Europa, garantizando el derecho de libre determinación para los pueblos americanos.

Posteriormente, el entonces Presidente Theodore Roosevelt añadió el llamado ‘Corolario de Roosevelt’ que suponía la habilitación para los Estados Unidos de intervenir en América Latina en casos de flagrantes y crónicas ofensas o crímenes por parte de una nación latinoamericana (para muchos en su momento, esto debía entenderse como crímenes y ofensas contra intereses de los Estados Unidos, sin embargo, en su enunciación original no se incluía tal precisión). Ahora bien, más que hacer una crónica desvelada sobre el intervencionismo o el neo-colonialismo escudado en la tesis del Destino Manifiesto, conviene recordar esta relación especial que los Estados Unidos fraguaron de forma unilateral para entender bajo una nueva luz la actual crisis migratoria que ha puesto a incontables almas centroamericanas a la mercedes de las discusiones bipartidistas del legislativo norteamericano –o en su defecto sujeta a la buena voluntad o falta de ella, de la Casa Blanca-.

Partiendo de la premisa de que la propia Administración Obama ha explicado que América Latina no es ya su patio trasero, pero que sin embargo es un vecino con el que deben construirse relaciones de mutuo beneficio, la conclusión lógica ante bandadas humanas que cruzan la frontera sur de Estados Unidos por medios poco menos que lícitos sería deportarlos a todos a su país de origen, lavar, poner a secar y repetir el ciclo cuantas veces sea necesario. Ahora es donde empieza a ponerse color de hormiga la cuestión, estos inmigrantes ilegales son en su mayoría –o al menos así lo han representado las cadenas informativas- niños y niñas, que llegan de las manos de coyotes u otros contrabandistas de gente, sin padres, sin documentos y a merced de la suerte.

La decisión de deportar o no a estos niños se convierte entonces en un debate que toca la fibra humana de las autoridades, los opinadores y el ciudadano común. Es cierto que estos le cuestan ingentes sumas de dinero a los contribuyentes, y que plantean problemas logísticos para departamentos de servicios sociales en Estados Unidos. Pero no dejan de ser niños, cachorros de la especie humana que son especialmente frágiles. Si la Administración los deporta, entonces son inhumanos y sin corazón, que olvidan que Estados Unidos fue construido –en gran parte- gracias a la inmigración. Si no los deportan, entonces no tienen reparo alguno con el esfuerzo y el sudor de millones de ciudadanos americanos que pagan impuesto y procuran no ser carga para el Estado. Así, plantear el asunto en estos términos se convierte en un dilema más moral que otra cosa.

¿Y si lo viéramos como lo que es?

A juicio de quién suscribe, se trata de una consecuencia de la incapacidad e inefectividad de las autoridades de América Latina en materia de seguridad ciudadana. Aquí, nos encontramos con dos problemas indisolublemente ligados que son seguridad ciudadana y narcotráfico en Latinoamérica. Los padres, con los pocos ahorros que puedan tener mandan a sus hijos lejos de las fauces de la violencia asociada a los carteles y maras y demás grupos ilegales, a que se busquen un mejor futuro en los brazos abiertos del sueño americano sin reparar en que ahora el viejo adagio viene con incisos, quedando en algo más o menos como: (norte)América para los (norte)americanos.

Más allá de la respuesta que opten por dar las autoridades norteamericanas a la consecuencia del problema –léase, miles de niños cuyos destinos están en riesgo- algo debe ser hecho por las causas.

Ahora mismo parecen sonar miles de voces que preguntan por qué Estados Unidos debe andar resolviendo los problemas de los demás y que quién los nombró policías del hemisferio. A esas voces cabría preguntarles si los atroces índices de consumo de droga que registra ese país no son acaso su problema,  o el destino de los fondos públicos no es ineludiblemente un tema nacional.

El primer deber de todo gobierno es asegurar el bienestar de sus ciudadanos. Si administra maravillosamente sus recursos y puede dedicarse a la filantropía política, entonces pues muy bueno. Pero no es factible que sea ese el caso. Más bien, entendiendo la dinámica de un mundo ‘inter’, (interconectado e intercomunicado, entre otros muchos sustantivos que podríamos prefijar) dónde los problemas y las responsabilidades son comunes pero a la vez diferenciadas, pero las consecuencias afectan a todos –propios y ajenos, tirios y troyanos- es fácil darse cuenta que el incendio en la casa del vecino traerá al menos un molesto humo al patio propio.

¿Es entonces la solución arrojar dinero a los gobiernos centro y suramericanos y esperar que mágicamente desaparezca la droga y la violencia?. No, no la es. Pero la cooperación constructiva y mutuamente beneficiosa –lo dijo Kerry, no yo- en materia de seguridad y combate al narcotráfico es entonces la mejor manera para que Estados Unidos cumpla con sus propios principios de política exterior y satisfaga a la vez su interés nacional –traducido en disminuir el influjo de inmigrantes ilegales y de estupefacientes ilícitos que ingresan a su territorio-. Si los países latinoamericanos pueden –con cooperación norteamericana, que es al fin quién recibe el humo de segunda mano- construir capacidades en materia de seguridad ciudadana, gobernabilidad y demás hierbas aromáticas democráticas, se matarán entonces dos pájaros de una pedrada. Estados Unidos consolidaría una influencia positiva –y ultimadamente beneficiosa- en la región que ahora se le rebela con la llamada marea rosada y a la vez, disminuye la cantidad de inmigrantes ilegales que trasponen sus fronteras a amenazar los empleos y beneficios de John Doe.

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