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José Ugaz: la corrupción es un impuesto que pagan los más pobres

Combatir la corrupción es la cruzada a la cual ha dedicado la mayor parte de su vida. José Ugaz Sánchez-Moreno, con seriedad y determinación, sigue adelante en su lucha a pesar de las dificultades que implica oponerse a los poderes fuertes tanto económicos como políticos.

Jurista peruano de reconocida trayectoria José Ugaz fue Procurador Ad-Hoc en el caso Fujimori-Montesinos, el más importante de la historia judicial de su país, durante el cual desmanteló una vasta red de corrupción y llegó a sentenciar a más de ciento veinte personas, empezando por el mismo Alberto Fujimori. Los detalles sobre esa masiva operación durante la cual se abrieron más de 200 procesos judiciales contra 1.500 miembros de la red de Fujimori, están narrados en su libro «Caiga quién caiga» (2014).

José Ugaz se ha desempeñado como experto anticorrupción en importantes instituciones internacionales, entre ellas el Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial, el Consejo de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC) y en Transparencia Internacional, de la cual fue Presidente desde octubre de 2014 hasta 2017.

Lo encontramos durante una de sus etapas a Nueva York y aprovechamos para ahondar en un tema, el de la corrupción, que, es el verdadero cáncer de la política mundial, un mal particularmente grave en América Latina. Aun cuando resulte una enfermedad difícil de erradicar no hay que dejar de combatirla porque, como bien dijo recientemente el mismo Ugaz en el Foro Regional sobre Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Parlatino, “La corrupción mata”.

 

JOSE UGAZ

 

La corrupción pareciera un mal incurable, ¿es realmente así?

La corrupción es un problema vinculado inherentemente al ser humano. Pensar que se pueda eliminar totalmente sería una utopía, sin embargo los esfuerzos que se hacen desde distintos estamentos dentro de los Estados o en la propia sociedad civil, buscan reducirla a un nivel que no afecte el desarrollo de un país, que no impacte sobre los derechos humanos y no tenga un efecto negativo en la vida cotidiana de las personas. Lo que estamos viendo hoy día es que el fenómeno ha mutado y la que era una corrupción administrativa extendida ha pasado a ser, en muchos casos, lo que hoy día llamamos “gran corrupción”. Es decir la que implica personalidades con mucho poder económico y político y moviliza ingentes cantidades de dinero, en algunos casos hablamos de cientos y miles millones de dólares. Su tercera característica, tal vez la más negativa, es que impacta sobre los derechos humanos de la gente y en particular de los más pobres.

 

La lucha contra la corrupción es también el caballito de batalla que utilizan muchos populistas para fomentar la antipolítica e instaurar en el poder gobiernos autoritarios.

Corrupción y populismo, corrupción y regímenes autoritarios son variables que van de la mano. Está probado que los países con instituciones débiles, peores niveles de gobernabilidad, pocos espacios democráticos y mucho autoritarismo, generan un terreno fértil para el surgimiento y expansión de la corrupción. En la medición que hace Transparencia Internacional todos los años del índice de percepción de corrupción, la conexión entre Estados fallidos Estados totalitarios, regímenes dictatoriales y altos niveles de corrupción está comprobada. Por esa misma razón los países que mejores performances tienen, en este índice, son aquellos que gozan de instituciones muy sólidas, democráticas, con amplios espacios para la libertad de expresión, el acceso a la información y los procesos de toma de decisiones.

 

Sin embargo pareciera que la corrupción o la percepción de la corrupción por parte de las poblaciones, sea muy alta también en países con democracias sólidas, tanto que el populismo está ganando terreno en naciones que creíamos inmunes a esos fenómenos.

El tema de la corrupción hoy día, al igual que otros similares, son utilizados populistamente para campañas electorales y para colectar simpatías y votos. Estamos cansados de ver a muchos candidatos encumbrarse, en sus campañas, sobre plataformas desde las cuales prometen que van a luchar contra la corrupción y, luego, lo primero que hacen cuando llegan al poder es empezar a robar. El caso de Guatemala es un ejemplo reciente. El Presidente Jimmy Morales no solamente no ha hecho nada para combatir la corrupción sino que trató de agredir a la Comisión Contra la Impunidad (Cicig) que ha tenido éxitos notables en los años en los cuales ha venido trabajando en esa nación. Y podríamos hablar de muchos otros ejemplos. Efectivamente hay naciones desarrolladas, con instituciones sólidas, en las cuales también existen casos graves de corrupción porque la corrupción está en todas partes. Ni siquiera los países nórdicos, que son los que tienen mejor nota en percepción de corrupción, están libres de ese mal. Han habido escándalos en Suecia, Dinamarca, Noruega, con empresas de petróleo y de comunicaciones. De lo que se trata aquí es precisamente evitar que el populismo se monte sobre estas situaciones para engañar a la ciudadanía y obtener réditos políticos que no son ciertos.

 

¿Hasta qué punto podríamos decir que el escándalo Odebrecht y sus consecuencias sobre la política de Brasil y de otros países podría romper esos esquemas de gran corrupción en la región y mejorar la realidad latinoamericana?

El escándalo de Odebrecht mostró un esquema de corrupción sin precedentes por el tamaño y la extensión. Están implicados catorce países de América Latina y tres de África y en todos se ha repetido un mismo patrón, es decir llegar a las más altas esferas del poder. Por eso hay tantos presidentes involucrados. En el Perú tenemos a un Presidente preso, otro que está pendiente de extradición en Estados Unidos y dos más bajo investigación. El ex presidente de El Salvador Francisco Flores es prófugo y el ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli detenido y ahora con una sentencia de entrega a Panamá. En Brasil la Presidente Dilma fue destituida, Lula da Silva fue condenado y Temer está en la cuerda floja. Es una corrupción que ha llegado a los altos niveles del poder y se basó en la sobre evaluación de grandes obras de infraestructura con el fin de inyectar fondos a las campañas políticas y permitir a los gobiernos mantenerse en el poder. Esto ha generado una crisis de proporciones en la región, dan cuenta de eso las investigaciones y la inestabilidad política. Pero, a la vez, pienso que abre una ventana de oportunidad tremenda para repensar cómo se llevan adelante los proyectos de grandes infraestructuras y cómo se hacen los negocios en América Latina. Además de las brasileras son muchas las empresas locales que en cada país son líderes en el sector de la construcción y todas están involucradas en los mismos esquemas de corrupción. Creo que ahora se nos plantea un reto muy grande, procesar todo esto y salir adelante. Es el esfuerzo que Transparencia Internacional está planteando a pesar de la escasa voluntad política de los gobiernos.

 

¿Que puede hacer realmente Transparencia Internacional? ¿Hasta dónde puede contribuir a mejorar esta situación?

Transparencia Internacional es una expresión de la sociedad civil al igual que muchas otras y su papel es, en primer lugar, levantar conciencia sobre lo que está ocurriendo y, en segundo lugar tratar de articular esfuerzos. A través de los capítulos que operan en los distintos países está trabajando cerca de las Fiscalías y de la ciudadanía. Hay casos, como el de República Dominicana, en los cuales está sosteniendo la movilización de la gente para que exija resultados. Y finalmente monitorea las investigaciones para impedir que se den espacios de impunidad. Por otro lado construye propuestas. Gracias a su actitud propositiva ha desarrollado instrumentos y herramientas que pone a disposición de los gobiernos para generar espacios de reflexión y construcción alternativa.

 

¿En el contexto de América Latina cuáles son los países que tienen mejores performances en lo que se refiere a lucha y contención de la corrupción?

Las naciones que tradicionalmente han sido mejor evaluadas en el índice de percepción de la corrupción son Chile y Uruguay, y también, un poco, Costa Rica. Son países con instituciones fuertes que se han distanciado del promedio latinoamericano que es bastante mediocre ya que se sitúa por debajo del 4% sobre 10 o del 40% sobre 100. Ahora, con esta situación del esquema de Lava Jato, hemos descubierto las debilidades de varios países. Sin embargo me parece que lo que está ocurriendo en Brasil o lo que ha venido pasando en Guatemala e incluso en países tan conflictivos como Honduras, donde hay una sociedad civil vibrante que está jugando un papel muy importante en las reformas, dan unas luces. Las movilizaciones que han habido en República Dominicana con miles de ciudadanos pidiendo las investigaciones; las Fiscalías de Panamá y de Perú que están profundizando las investigaciones a pesar de todo; creo que reflejan una situación de luces y sombras donde caminan paralelamente una percepción muy negativa que se desprende de ese esquema de gran corrupción y una reacción ciudadana que, junto con el trabajo institucional de las Fiscalías, están enfrentando poderes inmensos tanto en el ámbito político como económico y siguen adelante a pesar de todo. Ahí están los presidentes destituidos o procesados y los empresarios encarcelados.

 

Hay países en los cuales la corrupción es tan extensa y profunda que pareciera imposible de erradicar. Un ejemplo para todos el de Venezuela y también México.

Venezuela tiene el problema de que es un país autoritario. Tenemos poca información aunque ya está fluyendo algo sobre los escandalosos niveles de corrupción del régimen de Maduro ahora y de Chávez antes. La Fiscal Ortega ha señalado que probaría, incluso con evidencias, que Maduro está implicado en casos de soborno y hay algunos detenidos, vinculados a él, aquí en Estados Unidos mientras que a varios funcionarios de alto nivel se les ha negado la visa por la misma razón. El caso de México es distinto porque es un país que. aun teniendo una democracia formal, a la vez está atravesado por la corrupción desde los más altos niveles. Basta recordar los cuestionamientos a la adquisición de la casa de la primera dama y a los negocios de algunas empresas cercanas al Presidente. De ahí para abajo y con un partido que históricamente ha sido cuestionado por sus altísimos niveles de corrupción. Sin embargo yo creo que en todos los casos es posible generar espacios de reforma y de impulso contra la corrupción. En México acaban de aprobar unas normas importantes que permitirán a los grupos organizados poder enfrentar mejor este fenómeno. Lamentablemente la dimensión del problema es de tal magnitud que yo he señalado, en más de una oportunidad, que de pronto habría que pensar en algún modelo similar al guatemalteco que permita la creación de una comisión internacional para romper la inercia de la impunidad que ha venido caracterizando a ese país en las últimas décadas.

 

¿Un modelo que podría servir también para otras naciones?

El modelo Cicig es sin duda muy atractivo. Muchas sociedades lo piden, en Ucrania están desesperados por tener una comisión de esta naturaleza. Honduras ha seguido la huella y ahora cuenta con la La Misión de Apoyo contra la Corrupcióny la Impunidad  (MACCIH) creada por la OEA. Esta, si bien tiene un poco menos de poder que la Cicig, ya está produciendo algunos resultados. Creo que hoy día en el mundo de la anticorrupción hay básicamente dos modelos: el primero, el brasilero-peruano es cuando actúan exitosamente las propias Fiscalías. El segundo, el guatemalteco-hondureño se aplica cuando los niveles de impunidad han alcanzado gran dimensión y la debilidad institucional es tan profunda, que para enfrentar el problema se requiere de una intervención internacional. Estamos en un mundo global y la corrupción de un país es algo que importa a todo el mundo. Este modelo es radical, intenso, pero pienso que sea absolutamente legítimo considerarlo una posibilidad.

 

Usted ha estado en primera línea en los procesos de corrupción contra Fujimori, Montesinos y muchos de sus colaboradores. La demolición de esa red creó grandes esperanzas, sin embargo hoy pareciera que los logros reales fueron inferiores a las expectativas.

Todo proceso anticorrupción eficaz genera, al comienzo, una gran ilusión y mucha esperanza. Considero que en Perú el proceso contra la red de Fujimori y Montesinos, ha sido un proceso exitoso. Sin embargo pareciera que no se aprendieron las lecciones. Ya en el gobierno que le siguió, el Presidente Toledo encarpetó un informe de análisis y diagnóstico que había surgido de la Iniciativa Nacional Anticorrupción creada por el gobierno de transición de Paniagua. Después de la orden de captura que se ha emitido contra Toledo entendemos porque no quiso procesar ese informe.

Ahora estamos nuevamente enfrentados a situaciones escandalosas de corrupción aunque no a los niveles de Fujimori. En mi opinión nunca más volveremos a ese nivel de deterioro pero sí hubo y hay una corrupción extendida a nivel regional, con Presidentes involucrados.

 

También en Argentina están viviendo una situación muy delicada con las denuncias de corrupción contra los Kirchner por un lado y la familia del Presidente Macri por el otro. ¿Cuál es su opinión al respecto?

He estado en Argentina dos veces conversando con autoridades y evaluando la situación del país. El problema allí es la polarización política. Por un lado está el gobierno populista de los Kirchner, claramente comprometido en actos de corrupción escandalosos. Basta ver los niveles de fortuna personal de la familia Kirchner que no tienen otra explicación que no sea la de la corrupción y por el otro algunos cuestionamiento que han surgido alrededor de personas muy cercanas al presidente Macrí. La polarización política en Argentina no permite procesar la situación de la corrupción aunque creo que el actual gobierno, en particular desde el Ministerio de Justicia, está haciendo esfuerzos interesantes para tratar de sobrepasar estas circunstancias y buscar unas alternativas mejores.

 

Paralelamente a la gran corrupción hay otras manifestaciones igualmente graves y cuyas víctimas son los sectores más frágiles como los campesinos y los indígenas. Es la corrupción que deriva de la connivencia entre gobiernos nacionales y locales con multinacionales que explotan y destruyen el medio ambiente. Lamentablemente se habla todavía muy poco de este fenómeno.

La corrupción en principio es un fenómeno que afecta a los más vulnerables de la sociedad, a los más pobres quienes, en América Latina, están ubicados generalmente en el mundo rural e indígena. Está probado que la corrupción es un impuesto que pagan los más pobres, los más marginados, es una fuente de inequidad, profundiza la pobreza y genera más desigualdad. En nuestros países el sector rural y más aún el que está vinculado a pueblos indígenas, es prácticamente invisible. Lo hemos visto en los procesos complejos de violación de los Derechos Humanos. Cuando las víctimas son ciudadanos quienes viven en zonas urbanas la visibilidad de los casos ha sido mucho mayor mientras que cuando se ha tratado de acciones, incluso genocidas, contra pueblos indígenas o de casos graves de violación a los estándares ambientales, el interés es menor. Son crímenes que pasan inadvertidos porque esas personas no tienen visibilidad. Es un gran reto para una región del mundo como América Latina que es considerada la más desigual del planeta.

 

Un ejemplo claro lo tenemos en Brasil. Mientras sigue adelante exitosamente la operación Lava Jatos, la tala ilegal destruye enorme hectáreas de Amazonas.

Somos países con problemáticas muy complejas. La cuestión de la minería ilegal, de la tala ilegal y de las empresas multinacionales que vienen a realizar grandes proyectos sin cuidar el medio ambiente y atropellando los derechos de las comunidades vecinas, son temas muy severos en los cuales existen evidentes problemas de corrupción pero que denotan también la falta de presencia y legitimidad del Estado.

 

¿Cuál es el grado de corrupción en los Estados Unidos?

Aquí el gobierno del Presidente Trump plantea un reto muy grande porque se advierte claramente su falta de interés hacia los temas de corrupción. El propio Presidente ha dicho que considera que el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) es una ley que impide los negocios. Por lo contrario se ha demostrado que es uno de los instrumentos más importantes a nivel global de lucha contra la corrupción. Por otro lado está toda la carga de sospecha que viene detrás del Presidente por sus conflictos de interés, por el tipo de negocios que hace y por la forma en que manejó su campaña. Me temo que en el futuro inmediato vamos a tener también aquí grandes problemas en materia de corrupción.

 

¿Hasta qué punto es importante la ayuda de los medios de comunicación en la lucha que organismos como Transparencia Internacional llevan adelante para denunciar y disminuir casos de corrupción?

Transparencia Internacional tiene una estrategia que se basa fundamentalmente en tres pilares: el primero es el combate a la corrupción y la lucha contra la impunidad. En este caso es importante que nuestros capítulos sean muy activistas en sus respectivos países. El segundo es lo que llamamos “ente y alianza” y se basa en la búsqueda de aliados con los cuales poder seguir estos procesos de movilización popular. Es algo muy importante y ya hemos visto como las grandes protestas de ciudadanos en países como Brasil, Guatemala, Corea del Sur, Rumanía, Sudáfrica consiguieron resultados. Transparencia quiere acompañar esos procesos para darles sostenibilidad y evitar que sean flores de un día. Los periodistas de investigación juegan un papel fundamental, son nuestros aliados principales, y son una fuente inacabable de información.

 

José Ugaz, sigue indómito su lucha contra la corrupción. Tras tantos años descubriendo los entretelones de este fenómeno y analizando posibles respuestas para disminuirlo y evitar la impunidad, es sin duda uno de los referentes más importantes a nivel internacional.

Recientemente, durante el Foro regional sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción que organizó el Parlamento Latinoamericano, Parlatino, propuso la creación de una comisión especial para canalizar esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Sería realmente un gran paso adelante. Una comisión con esas características ayudaría a buscar alternativas sistémicas y soluciones eficientes a un fenómeno que, como dijo el mismo Ugaz, “representa uno de los mayores problemas de la región”.

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