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El Interminable Crimen de la Desaparición Forzada en México

El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, un conocido y querido líder ganadero de Atoyac de Álvarez Guerrero, fue detenido ilegalmente por militares mientras se dirigía a Chilpancingo bajo los argumentos de ‘componer corridos’. Rosendo, era popular por haber trabajado por la salud y educación de su pueblo natal, hasta llegar a ser Presidente Municipal, destacado por su labor social en pro de la comunidad. A Rosendo nunca más se le volvió a ver, pero su caso se quedó en la memoria histórica de un Estado que no ha podido superar el terrible crimen de la desaparición forzada.

México vivía tiempos difíciles cuando Rosendo desapareció, tiempos mejor conocidos como la ‘Guerra Sucia’, donde cualquier demanda ciudadana era gravemente reprimida por el Estado e incluso se recurría a la militarización de ciertas regiones para evitar exigencias sociales, agrarias, de educación, salud, desigualdad, entre muchas otras. Guerrero fue uno de los estados más lastimados por esta política, registrando el mayor número de casos de desaparición forzada, según cálculos de la Asociación de Familiares Detenidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM).

A cuatro décadas de la desaparición de Rosendo, Guerrero sigue siendo testigo de la desaparición forzada, al no saber el paradero de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desde el pasado 26 de septiembre. En un terrible escenario de involución, el Estado vuelve a protagonizar uno de los crímenes más lastimosos de nuestra historia contemporánea. Un grupo de jóvenes, dirigidos a conmemorar otro crimen de Estado sucedido en 1968, fue víctima del abuso de la fuerza, la impunidad, la corrupción y de un aparato gubernamental débil, inservible y sometido a los intereses del crimen organizado.

Vivir en un país gobernado por la debilidad institucional, nos lleva a la desesperación e incertidumbre. Sobre nuestras espaldas, como sociedad civil, recae la responsabilidad de exigir y demandar la verdad. A final del día y desgraciadamente, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Un crimen que ha tomado y sigue tomando la vida de miles y miles de mexicanos todos los días desde hace más de 50 años.

En la última década, México se ha convertido en un sangriento y despiadado campo de batalla. Diversas organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, han concluido que particularmente en los años de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la violencia ha dejado más de 100.000 muertos y más de 150,000 desplazados internos. Sería erróneo atribuir exclusivamente a este período el desate de la violencia, ya que México ha vivido por décadas las consecuencias del actuar sin límites del crimen organizado, de la corrupción y de las autoridades que permitieron y se coludieron con éste hasta hacerlo crecer desproporcionalmente, así como las afectaciones directas e indirectas a la población civil.

La alternancia en México falló de 2000 a 2012, el liderazgo y políticas emprendidas por el partido de Felipe Calderón (Partido Acción Nacional) colapsaron, llevando al partido ahora en turno (Partido Revolucionario Institucional) a ocupar una vez más la silla presidencial y a enfrentar irresponsablemente las graves consecuencias que incansables años de violencia dejaron en México. Ni el país, ni la nueva administración de Enrique Peña Nieto, han podido responder adecuadamente a la violencia que aún domina el territorio nacional.

México es hoy sede de la peor crisis de desapariciones forzadas que ha vivido América Latina en toda su historia con más de 700 casos sin resolver que datan desde 1960, así como las graves desapariciones de mujeres que tuvieron lugar en los últimos 20 años en todo el país, particularmente en el Estado de México y Ciudad Juárez. Sin haber sufrido un golpe de Estado o guerra civil, México ha registrado una cifra de alrededor de 30,000 personas desaparecidas en los últimos ocho años, haciendo que el país, viva la peor crisis humanitaria de su historia contemporánea.

En México, no se desaparece a un individuo por motivos políticos, en México desaparecen los niños, los adolescentes, los hombres, los estudiantes, las mujeres y las jóvenes, los indígenas, los discapacitados, mayoritariamente hombres de entre 17 y 50 años, trabajadores de negocios, familiares de otros desaparecidos, migrantes mexicanos o centroamericanos. En México, desaparecen todos, no importando su estatus, posición social o privilegios. Miles de madres lloran por sus hijos, hermanos, padres, primos, vecinos, conocidos.

A pesar de la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como haber sido juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a casos de desapariciones forzadas en las últimas décadas –siendo el precedente principal el caso de Rosendo Radilla-, en México la situación está lejos de ser erradicada y por el contrario, va en alarmante aumento.

Amnistía Internacional ha diferenciado dos tipos de desaparición en México. La desaparición forzada, que hace alusión ‘al arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley’; y a la desaparición, en la cual existe una falta de pruebas de que agentes del Estado hayan estado implicados directa o indirectamente. Ambos sucesos presentes en el país.

La mayoría de las desapariciones tienen lugar en los estados donde en los últimos años han habido elevados índices de violencia y se ha intensificado la presencia de fuerzas de seguridad, tales como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán y Guerrero. Y de forma muy particular, en los estados donde ha habido un aumento en el número de denuncias y presencia de organizaciones de derechos humanos, como el Distrito Federal, Jalisco, Coahuila y Sinaloa.

No se sabe qué suerte corren las víctimas, pero las familias y organizaciones de derechos humanos sospechan que son reclutados por el crimen organizado, que otros hayan tenido vínculos con la delincuencia, asesinados o bien, víctimas de tráfico de personas, esclavitud forzada, prostitución, ajustes de cuentas, represalias, robo, extorsión, error de identidad, reclutamiento forzado y tráfico de órganos. A pesar de que en algunos casos existan vínculos, el Estado no queda exento de la responsabilidad de emprender una investigación completa para descubrir el paradero de la víctima. Muchas de las autoridades encargadas de realizar las investigaciones, no lo hacen. Por el contrario, dan caso cerrado con los argumentos de ‘estaba coludido con el crimen organizado’ o ‘no investigue más porque lo desaparecerán también a usted’ aun cuando no existan indicios de esto. No existe un aparato judicial efectivo donde se otorgue justicia a las víctimas y sus familiares, México padece una grave crisis institucional donde el 98% de los delitos han quedado impunes, lo que no da esperanzas a las familias de los miles de desaparecidos y quienes poniendo en riesgo sus propias vidas, inician investigaciones por su cuenta que en muchas ocasiones terminan en tragedia. La tortura impera como violación a los derechos humanos de las familias, ya que éstas puede que no sepan nunca qué pasó con sus familiares, aunado a un desequilibrio económico, donde cientos de niños, jóvenes, mujeres y ancianos quedan desprotegidos de cuestiones básicas como alimentación, educación o techo.

Hasta 2012 el Congreso mexicano aprobó la Ley General de Víctimas, cuyo objetivo era otorgar mayor reconocimiento jurídico a los derechos de las víctimas, incluido el derecho a la verdad, a la justicia y a las reparaciones. Según la Procuraduría General de la República de entre 2006 y enero de 2012, sólo hubo dos procesamientos de ámbito federal por desaparición forzada así como constantes recomendaciones al gobierno mexicano de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A pesar de que se estableció una unidad especial para investigar las desapariciones en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la misma dependencia, se firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para reforzar los procedimientos de identificación así como la creación de un Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; se estima que en el 40% de los casos de las más de 26,000 personas registradas como desaparecidas en la base de datos dada a conocer por la nueva administración priista, no se han iniciado investigaciones penales y más de 16,000 cuerpos siguen sin ser identificados.

Los mecanismos para combatir este grave delito, donde en al menos un 80% ha habido autoridades públicas involucradas, han sido trabajados tanto por organismos internacionales como por la admirable labor de la sociedad civil mexicana y centroamericana. Sin embargo, a causa de la colusión, corrupción y poca determinación de los tres niveles de gobierno para erradicar el problema, parecen estar lejos de ser efectivos, al no haber una estrategia clara de parte del gobierno federal para investigar y terminar con la incertidumbre de los miles de familiares que buscan a sus hermanos, hijas, hijos, esposos y esposas. Tal pareciera que a lo que menos aspira el gobierno mexicano, es a terminar con esta pesadilla que por décadas ha atormentado a nuestro país.

Temerosos, desconfiados y desesperanzados nos sentimos muchos mexicanos, con la furia emla ira de que Ayotzinapa y los miles de otros desaparecidos que les acompañan, continuarán siendo una vena abierta, un capítulo incompleto y un dolor constante para nuestra patria.

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