América Latina y el Cambio Climático
El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas Ban Ki-moon convocó este año la realización de la Cumbre sobre el Clima 2014 y en este marco se celebró la Sexta Semana del Clima de la Ciudad de Nueva York. Este es un foro en el que se dieron cita gobiernos, empresas privadas y asociaciones de la sociedad civil y donde se intentó impulsar iniciativas dirigidas a la reducción de las emisiones de carbono. La primera edición de este espacio de encuentro y debate fue en 2009 y desde entonces la organización no gubernamental The Climate Group ha sido la responsable de organizar este evento cada año. En esta ocasión se contó con la colaboración del Comité de Naciones Unidas de Políticas de Desarrollo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en apoyo a la iniciativa del Secretario General ha publicado su último estudio “La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe: Paradojas y retos” como parte de una serie de contribuciones que en este tema han venido haciendo desde hace más de 10 años con la finalidad de generar una base estadística y documental necesaria para la toma de decisiones y planteando una gama de recomendaciones para el diseño y formulación de políticas públicas dirigidas a mitigar los efectos del cambio climático en los países de la región.
Diferentes estudios estiman que los costos económicos del cambio climático serán entre el 1,5% y el 5% del Producto Interno Bruto anual de la región, en el 2014. Es importante resaltar que América Latina tiene una contribución de menor magnitud y escala que otras regiones del planeta, pero tiene en su contra la muy alta vulnerabilidad que presenta a este fenómeno. Los cambios estructurales que ha presentado la región en los últimos años, si bien han contribuido en la lucha contra la pobreza y en las mejoras heterogéneas pero significativas de los niveles de vida también han generado efectos colaterales que se manifiestan en el cambio de los suelos, los procesos de deforestación y la agricultura intensiva con fines comerciales diferentes a los que históricamente ha aportado esta actividad en los países de la región. Las características geográficas, su distribución poblacional, sus sistemas de infraestructura y su elevada dependencia de los recursos naturales hacen que los países latinoamericanos y caribeños se conviertan en una de las mayores víctimas del cambio climático.
La región tiene mucho que perder frente a este fenómeno de escala mundial pero de concentraciones asimétricas, la CEPAL expone que los mayores riesgos están enfocados en la agricultura, la disponibilidad del agua, la conservación de bosques, la pérdida de biodiversidad, la salud de la población, el turismo en las zonas costeras y en la reducción de la pobreza en zonas rurales. Estos temas son de gran importancia para la región ya que la agricultura es una de las actividades de mayor valor agregado en la mayoría de los países latinoamericanos, posee casi el 50% de los bosques tropicales del mundo principales fuentes de oxígeno para la vida, su composición demográfica y etérea es principalmente joven y aproximadamente el 20% de la población de la región es rural.
En este sentido diferentes mandatarios latinoamericanos dejaron claras sus intenciones y visiones respecto al cambio climático durante sus intervenciones en la Cumbre del Clima. México puntualiza sobre el hecho de que el cambio climático es un compromiso del Estado, Paraguay cree que lo prioritario en este tema es la capacidad de adaptación de los países de la región, Honduras presenta su preocupación por las agudas consecuencias que ha tenido el cambio climático en la pobreza de este país, Costa Rica argumenta que los países en desarrollo no pueden seguir subsidiando emisiones contaminantes, Nicaragua rescata las iniciativas regionales dirigidas a la reducción sustancial de las emisiones de CO2, Panamá señala y pone en el tapete la capacidad de unión de la comunidad internacional para hacer frente a este fenómeno, Chile concreta metas para reducir en un 20% sus emisiones para el 2020, Brasil pide la adopción de un acuerdo climático universal ambicioso y vinculante y Venezuela critica la falta de voluntad política de las potencias contaminadoras.
De esta manera se deja ver una vez más la característica heterogeneidad de la región latinoamericana y caribeña en sus portavoces oficiales ante el mundo, opiniones de alguna manera poco concertadas entre sí dan una idea de lo complejo que puede ser generar estrategias de amplio alcance dirigidas a la adaptación en el mediano y largo plazo de la región como un bloque al cambio climático. Las agendas de gobiernos particulares pueden o no estar en consonancia con lo expresado por los mandatarios en los foros internacionales que pueden terminar convirtiéndose en nichos de propuestas, querencias, aspiraciones y visiones de futuro pero no en un espacios de construcción pragmáticos para enfrentar problemas que ya no son tan distantes y que notoriamente se hacen presentes en las vidas cotidianas de los habitantes de la región generando problemas sociales, económicos y ambientales.
Dado que la región es la que menos aporta al desarrollo del fenómeno pero es la más vulnerable a sus efectos los países latinoamericanos y caribeños son llamados a convertirse en actores fundamentales de un desafío global en un contexto donde los que más contribuyen no reciben los impactos intensos y normalmente disponen de los recursos para adaptarse a las nuevas condiciones que impone el avance del cambio climático en el mundo.
La región en los próximos meses se convertirá en el escenario idóneo para albergar los debates y las posibles acciones a tomar durante el 2015 respecto al cambio climático siendo sede de la reunión preparatoria para la Conferencias de las Partes que tendrá lugar durante el mes de noviembre en la ciudad de Caracas, Venezuela y luego el desarrollo de la Conferencia de las Partes (COP20) que se realizará en la ciudad de Lima, Perú donde se busca establecer un nuevo acuerdo climático más robusto, sólido y vinculante que sustituya el marco de acción del Protocolo de Kioto que perdió vigencia en 2012.