Desde sus inicios, la era chavista ha estado obsesionada con la constitución de Comisiones de la Verdad. En estas ya casi dos décadas se han creado al menos tres de ellas.
La primera, apenas comenzando el gobierno de Chávez, buscaba revindicar la lucha armada de los años sesenta. Se pretendía ensalzar la gesta heroica del guerrillero alzado en armas, no contra una incipiente democracia, sino contra un gobierno que había traicionado a su pueblo. Por supuesto, esa Comisión que funcionó en la Asamblea Nacional hasta el 6 de diciembre del año pasado, sólo recibía solicitudes de militantes de la izquierda venezolana. Ningún familiar de los miles de policías, campesinos, soldados y demás asesinados por la guerrilla tuvieron acceso a ella. Ese listado por cierto, fue presentado en un informe muy completo ante el Congreso Nacional en el año de 1962. La unilateralidad pues, quedó para la Historia.
Recientemente, el gobierno ha querido crear otra Comisión de la Verdad para investigar los sucesos de violencia desde la llegada del chavismo al poder. Es decir: desde 1999 hasta nuestros días. Diligentemente, el gobierno se autonombró como miembro participante en la Comisión e invitó a la oposición a integrarla igualmente. Curiosamente, un grupo de activistas de la oposición tomó la invitación en serio y se mostró interesado en participar en dicha Comisión, tal vez interpretando que ellos representan a la sociedad civil. La obsesión del gobierno de tratar de dominar el relato es tal vez comprensible: su lugar en la Historia y la infinita vanidad que de ello deriva, ocupa buena parte de sus acciones e intenciones. De manera ingenua, un grupo de presos políticos ha manifestado su intención de ventilar su caso ante esa Comisión. Ante el estrepitoso fracaso de un sistema de justicia intervenido, sometido y manipulado, tal vez esas personas piensen que al menos hablar ante esa Comisión les da la oportunidad de explicar ante la opinión pública su caso.
Lo cierto es que tampoco esa Comisión tiene la más mínima posibilidad de éxito. En primer lugar, porque el gobierno bajo el cual se cometieron las violaciones de Derechos Humanos sigue en el poder y en la medida en que sienta que su fin está cerca va arreciar la represión y la consiguiente violación de los derechos de las personas.
Todas las Comisiones de la Verdad y Reconciliación se han creado una vez que hay un cambio de gobierno de corte autoritario a uno de formas más democráticas. Existen sólo dos ejemplos históricos donde un régimen se revisó a sí mismo (lo de Colombia aún no está resuelto): El de la Unión Soviética, cuando denunció las prácticas estalinistas y el segundo lo constituyó el amago de crítica por parte del PRI mexicano, años después de la masacre de Tlatelolco. No pareciera haber en los hermanos Rodríguez y personajes oficiales como los Jaua, Maduro, Cabello y compañía, intenciones de revisionismo ideológico de ningún tipo.
La segunda razón es que nadie que sea protagonista de los hechos de estos largos años puede ser un miembro activo de Comisión alguna. Ni siquiera una angelical ONG y mucho menos el gobierno, quien es por definición el sujeto violador de los DDHH de acuerdo al Derecho Internacional. Paradójicamente, el gobierno, al sostener que la oposición viola los Derechos Humanos de los ciudadanos, le da un reconocimiento político a ésta, reconocimiento que sistemáticamente busca anular en su acción diaria.
En un país tan fracturado como Venezuela, donde no nos ponemos de acuerdo sobre el nombramiento de magistrados o rectores electorales, es imposible encontrar una persona de consenso que presida una eventual Comisión. En Guatemala, por ejemplo, tuvieron que recurrir a Christian Tomuschat, un profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Turingia en Alemania, quien presidió la Comisión y luego de rendir su informe, más nunca quiso saber de ese infortunado país.
Sin duda, cuando pase la era del chavismo, cuandoquiera que esto suceda, los venezolanos vamos a necesitar mecanismos que devuelvan a una sociedad maltratada y profundamente ofendida la posibilidad de ventilar dichas ofensas. El sistema de justicia venezolano no tiene esa capacidad ni la legitimidad para hacerlo. Tenderemos que diseñar mecanismos de justicia transicional que van a requerir de consensos y de personas ajenas a la diatriba nacional. En Suráfrica éste fue el papel del Arzobispo Desmod Tutu. Es difícil que en Venezuela la iglesia pueda jugar ese rol. Tampoco organismos internacionales como la UNASUR o la OEA. El panorama luce ahora muy restringido y desolador, el conflicto venezolano se ha llevado por delante la credibilidad de instituciones, personalidades y organismos internacionales. Lo que sí es cierto es que debe tratarse de una instancia donde puedan acudir todos y ser señalados todos. En el caso surafricano, hasta Winnie Mandela tuvo que rendir cuentas ante la justicia por unos asesinatos que habían cometido sus escoltas. La ONU tiene una buena experiencia supervisando procesos de reconciliación nacional y pudiera ser un referente a ser tomado en cuenta. En general, las Comisiones de la Verdad están integradas por académicos y expertos forenses, abogados e historiadores, no por políticos o activistas. Se trata de establecer una verdad histórica, no de sacar ventajas políticas o satisfacer una postura ideológica.
Muchos sentirán que la justicia se queda corta, que no es posible una reparación, pero al menos será una contribución para poner orden en los sucesos de estos años atropellados.
Los Juicios de Núremberg ciertamente no podían lograr una reparación al inmenso daño causado, pero al menos han servido para desmentir las siempre recurrentes voces negacionistas de una de las mayores tragedias de la humanidad.
Los venezolanos, en cambio, seguimos acumulando deudas con la Historia.