En vez de estar disfrutando de la prosperidad que destilan los petrodólares –como lo hacen nuestros colegas qatarí–, Venezuela atraviesa una crisis alimentaria sin precedentes en América Latina. Con reservas de crudo más vastas que las de Arabia Saudita, Venezuela es víctima de la administración más absurda e incongruente de los nuevos Estados-Nación.
Conocida por encabezar los rankings de violencia y asesinatos del mundo, la imagen de Venezuela se desfigura por una inflación que supera el 1000% (2017). ¡Si, ha leído bien, el 1000%, ni un cero más ni uno menos!
Sin embargo, la escasez y la falta de insumos ha superado incluso las ya devastadoras condiciones que atormentan a una población claramente desconcertada y traumatizada. Un cóctel de catastróficas medidas reguladoras y unas arcas vacías son sólo algunas de las causas del desolador paisaje socio-económico que vislumbra una sociedad que alcanza su máxima expresión de caos, violencia y desidia.
Decir que en Venezuela “la gasolina es más barata que el agua” ya resuena a argumento trillado, pero sirve para ilustrar y entender por qué la economía de un país que literalmente regala al mundo su recurso más preciado, no puede ser sino un desastre.
Tomando en cuenta que Venezuela es un país mono-productor, casi 100% dependiente de su crudo y, por lo tanto, de sus precios, no es de extrañar que sufra las consecuencias de la espectacular caída, en 2008, del valor del petróleo -de 140 dólares a 40 dólares el barril.
Entretanto, miles de hectáreas de tierras fértiles yacen improductivas, producto de los ridículos precios de venta de hortalizas y legumbres y los elevados costos de producción. A esto se les suma la falta de maquinaria agrícola y su costosa importación. Es por ello que el Estado regula la mayoría de los productos básicos, ya que sin esta medida los precios se dispararían aún más y la disparidad sería mayor.
Mientras que en Europa no hallan en qué balcón ni en qué azotea inaugurar un sofisticado huerto urbano, tan de moda en estos días, en Venezuela los agricultores decidieron deliberadamente darle la espalda a la tierra y apostar por la importación, acrecentando así sus ganancias, pero dejando de lado lo único que podría salvar al país de su grave crisis alimentaria: la producción nacional.
Entre el 2012 y 2015, la producción de granos bajó un 80%, la de carne un 40% y la de vegetales un 18%. Estos déficit antes eran disimulados por una buena inyección de petrodólares que el Gobierno se podía permitir, pero que ahora debe invertir en pagar su colosal deuda externa de 134.5 billones de dólares (2014).
Brasil y Argentina han presenciado panoramas de hiperinflación, similares a los de Venezuela, en los años 80’ y 90’ respectivamente, sin embargo la actual situación de este país es aún más dura, si se toma en cuenta que los desajustados salarios han llevado a un desolador colapso del poder de compra de sus ciudadanos.
A pesar de todo, en Venezuela todavía se consiguen productos importados en abundancia, pero accesibles solo para quienes pueden pagar sus elevados precios con alguna moneda extranjera. En cambio el venezolano que depende de sus 22.500 bolívares de sueldo mínimo (20$) para costear sus gastos y los de su familia, se ve obligado a depender del consumo único de los contados insumos que subsidia el Gobierno. La producción de estos productos es notoriamente insuficiente para satisfacer las necesidades de más de 30 millones de habitantes, quienes, como consecuencia, están hambrientos y con una salud deplorable.
Casos de malnutrición y enfermedades largamente erradicadas – como el dengue y la difteria – vuelven a abrirse paso debido a la falta de defensas en el sistema inmunológico. En un ambiente de ansiedad e incertidumbre la “dieta de Maduro” ha obligado a millones de venezolanos a reducir el número de comidas diarias y a acrecentar el consumo de alimentos de poca calidad. Lo peor de todo esto es que, al menos el 25% de los niños venezolanos, están padeciendo de malnutrición y al menos la mitad de esos niños no va más a sus escuelas, en cuanto los colegios ya no están en capacidad de ofrecer almuerzos ni mucho menos meriendas.
Algunas de las personas que se levantan a las 4 ó 5 a.m. para ponerse en fila en las infinitas colas de los supermercados son médicos, maestros, administradores que dejaron sus trabajos porque hacen más dinero revendiendo lo que consiguen que desempeñándose en un cargo público.
La producción y distribución de alimentos le ha quitado la batuta a la violencia, la inseguridad y la corrupción. Este es un problema mayor, un problema que va más allá de las barreras ideológicas y políticas. Es un problema de todos.