Si antes tenía dudas, ahora tengo muchas más.
Renunció Rafael Simón Jiménez. Salvo declaraciones vagas, aún nos debe el exvicepresidente del Poder Electoral de Venezuela, las causas, sus verdaderas motivaciones, que ocultas, por ahora nos invitan a sospechar. Dimitió uno de los rectores, y en su lugar, no le sustituyó su suplente, como corresponde (art. 13, Ley Orgánica del Poder Electoral), sino un «outsider», Leonardo Morales, militante de Avanzada Progresista.
Si ya la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral avivaba dudas como un fuelle, el fuego de la leña ardiente, la designación como sustituto de Jiménez a uno de los directores del partido Avanzada Progresista (el de Henry Falcón), despeja dudas y echa sobre las venideras elecciones parlamentarias estiércol suficiente para poner en tela de juicio todo el proceso.
No voy a adentrarme en la inconsistencia del fallo que le permitió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia erigirse como un poder sobre el poder, como un ente supraconstitucional, y que ha sido el fundamento (falso) de la llamada «omisión legislativa», que es, a todas luces, una trampa caza bobos para birlar no solo las potestades de algún Poder Público díscolo, sino además, y más grave, para obviar el necesario consenso previsto en el espíritu de la norma constitucional y en los principios democráticos. Prefiero limitarme a la designación de un sustituto en lugar de convocar al suplente, lo cual viola flagrantemente la Ley Orgánica del Poder Electoral.
Bien sabemos, esas arbitrariedades no ocurren solo por capricho. Se corresponden con planes y maquinaciones orientados a la búsqueda de un beneficio. Así como se inventó la «continuidad administrativa» (que en derecho, refiere a otra cosa distinta a la argüida entonces) para mantener ilegalmente a Nicolás Maduro como presidente a pesar de haber cesado sus funciones, con las del resto del Ejecutivo, el 10 de enero de 2013 (y que por mandato expreso de la Constitución vigente, ante la ausencia temporal del presidente electo, debió asumir la presidencia temporalmente el entonces presidente del congreso, Diosdado Cabello), ahora se elige a un extraño para que supla la falta absoluta del rector Jiménez. Sospecho pues, de todo este tinglado, que a mi juicio busca construir una Asamblea Nacional sumisa al poder, que le allane los préstamos que por no contar con el aval del Legislativo, le han sido negados en el concierto de las naciones, aun las aliadas del régimen.
Mis sospechas trascienden a las que conceptualmente tengo sobre todas las acciones del régimen de Maduro. Mis dudas, mis sospechas y mis reservas se extienden a los políticos e intelectuales, periodistas y voceros que vehementemente defienden unas elecciones rechazadas por la mayoría de los venezolanos y de los gobiernos democráticos.
Si bien nuca le di crédito a Leocenis García (a quien considero un troyano) ni a Falcón o Fermín, de otros podía creer que eran solo tontos útiles, creyentes fanáticos que asumen las elecciones como un rito taumatúrgico, tras las cuales, nos hermanamos los ciudadanos, cuando en realidad pueden ser y de hecho agravarán la crisis aún más de lo que ya está si no se cumplen condiciones mínimas. Bien sabemos, esas condiciones no existen desde hace tiempo, y por ello, son muchas las reservas que los ciudadanos tenemos de las decisiones electorales anunciadas, desde el revocatorio del 2004, cuyo resultado final fue exactamente lo opuesto a lo que anunciaban las encuestas a boca de urna, hasta las de gobernadores del 2016, que pese a haber votado cerca del 60 %, diametralmente contrario a lo previsto por las encuestadoras, resultó en una victoria para los candidatos oficialistas.
Un baño de estiércol maloliente empapa las venideras elecciones de diciembre, y, como ya lo he dicho antes, lejos de aportar soluciones a la crisis, echarán más carbón en una caldera a punto de explotar.