Nieto de gato, cazo ratones. No rindo mi criterio. Estoy y estaré siempre en la oposición.
Se dice, y sé que muchos se sienten presionados por los dictámenes de una comunidad de naciones pusilánimes, que la crisis venezolana se resuelve con unas elecciones libres, pero yo, que bien decía mi madrina de bautismo, soy un iconoclasta y sin dudas, un hombre negado a claudicar su capacidad de análisis y su juicio, rechazo tamaña simpleza. Me repugna y me provoca náuseas.
En todos los casos en los cuales se ha resuelto la crisis mediante elecciones, está implícito el reconocimiento de las autoridades cuyo comportamiento contrario a la ley y a los principios democráticos ha dado lugar a la crisis. Señalan el caso chileno, pero pregunto yo a esa corte de defensores de las elecciones qué dirían si el plebiscito del año 1988 lo hubiese ganado el general Augusto Pinochet (y no era apenas una utópica posibilidad del dictador, sino, como quedó demostrado, una contingencia más que probable, en tanto que la diferencia de votos fue estrecha). Más que la espesa y fétida soberbia disfrazada de bonhomía que enseñan los sufragistas extremistas, hay una mirada mágico-religiosa de un evento que bien podría oscurecer más que aclarar.
Si asumimos que unas elecciones, aun si son celebradas con la ayuda diligente de los expertos más avezados del mundo, resuelven la crisis, aceptamos entonces que esta no se genera en la violación sistemática de los derechos humanos y la corrupción flagrante e impune de los funcionarios públicos, sino en la incapacidad interna para resolver las diferencias, y, sin lugar a dudas, este último no es nuestro caso, como no lo era en infinidad de lugares, aun en aquellos en los que la dictadura cayó mediante el voto de los ciudadanos. Venezuela está secuestrada por una corte de felones que en su afán por concentrar y conservar el poder con fines ajenos a la naturaleza de su ejercicio, no solo ha pactado con lo peor de este planeta y que por ello, la conservación del poder deviene en su salvoconducto, sino que además, y aún más importante, perdió el derecho y la legitimidad para ejercer la autoridad.
Lo he dicho hasta el hartazgo pero la mediocridad (u otras razones más oscuras) de buena parte de la oposición y de no pocos analistas (con una importante exposición en los medios) me obliga a insistir sobre esto. El régimen nazi no llegó por el Putsch de Múnich de 1923, sino por elecciones libres y legítimas. Y las leyes de Núremberg se aprobaron dentro de la legalidad imperante en la Alemania nazi. Si asumimos la misma postura que hoy defienden tantos dentro y fuera del país, entonces la Segunda Guerra Mundial fue un acto criminal de las potencias aliadas, que sin derecho a ello, se inmiscuyeron en asuntos que no les eran propios. Sin llegar muy lejos en tiempo y espacio, aquí en estas tierras no tendríamos nada que celebrar cada 23 de enero, porque al fin de cuentas, Marcos Pérez Jiménez era el presidente constitucional de Venezuela (como rezaba una guaracha de la época).
Ya lo dije antes, lo repito: intentar resolver la crisis mediante unas elecciones puede agravar la ya bastante crítica situación. No solo porque eventualmente pueda ganar la dictadura de Maduro, en cuyo caso quedarían legitimados todos sus crímenes, sino porque aun ganando la oposición sin la construcción de un escenario auspicioso para la celebración de unas elecciones libres, la transición puede degenerar en un caos.
Antes de acudir a unas elecciones libres, en la que participen todas las fuerzas, incluyendo al chavismo, lo cual es, sin lugar a dudas necesario, hay que reconstruir la institucionalidad democrática. Sin un nuevo acuerdo que vigorice y fortalezca las instituciones, la transición podría terminar siendo una quimera y en todo caso, una anarquía mucho peor, en tanto que la ralea revolucionaria ha demostrado carecer de pudor alguno para conducir al país hacia una guerra civil. No se trata entonces de un evento que traerá la paz (cuando conocemos las altísimas posibilidades de originar mayores conflictos), como lo son unas elecciones sin las condiciones políticas y económicas mínimas para asegurar que ese resultado se respete y que la nación no fracase en su empeño, sino de un pacto que tanto como el de Puntofijo (31/10/1958), cree un marco propicio para el cultivo de una democracia y unas instituciones robustas.