El nombramiento de Tarek El Aissami, como Vicepresidente de la República, en Venezuela, simboliza la fuga hacia el absurdo del gobierno madurista. El Aissami forma parte del círculo radical más identificado con el marxismo-leninismo del modelo cubano y el sector del régimen que ha mantenido relaciones estrechas con los gobiernos de Saddam Hussein y Gheddafi en el pasado, y en la actualidad con la clericocracia iraní y movimientos islamistas, como Hezbollah. Se está profundizando el modelo económico desastroso basado en las “ideas muertas” de un socialismo primitivo, que, como decía Bronislaw Geremek:”no sólo no creó riqueza sino ni siquiera distribuyó con justicia la pobreza”. Aumentan cada día los presos políticos y la policía política desconoce las órdenes de excarcelación de los pocos jueces que se atreven a producirlas. Frente a la tragedia socioeconómica que vive el país y la caída brutal en el apoyo popular al régimen, el gobierno ha aumentado la represión y la intimidación de los disidentes. En Venezuela no hay lucha de poderes, como afirman superficialmente algunos medios, el gobierno ha asumido arbitrariamente todos los poderes, confiscando y usurpando todas las atribuciones y funciones de un Parlamento, donde la oposición democrática tiene una mayoría de dos tercios. Un Tribunal Supremo de Justicia, electo inconstitucionalmente, durante los días de la Navidad antepasada, por la Asamblea Nacional (AN) anterior en los estertores de su mandato, sin respetar los tiempos, procedimientos y requisitos para los cargos de Magistrado, ha declarado ridículamente inconstitucionales todas las leyes que la Asamblea ha aprobado. El Ejecutivo ha gobernado arbitrariamente desde el inicio del 2016, basándose en un estado de excepción y de emergencia económica ilimitado, decretado unilateralmente, desacatando el voto negativo de la AN, el órgano que debía aprobarlo. Para colmo, el ejecutivo no ha transferido los fondos para el mantenimiento de la Asamblea y los sueldos de los diputados. A todo esto se le suma la negación del fundamental derecho al voto, concretada con la suspensión arbitraria del derecho constitucional al referéndum revocatorio y con la postergación indefinida de las elecciones regionales que constitucionalmente debían ser organizadas en el 2016. Al perder el apoyo popular, en el medio de un pavoroso desastre socioeconómico, el gobierno está dependiendo cada vez más del soporte de una cúpula militar, que está siendo cooptada con privilegios económicos y políticos, violando claramente el art 328 de la Constitución:”La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política….En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.” Por este motivo, la imagen de la Fuerza Armada se ha deteriorado sustancialmente.
Es evidente que en Venezuela ha habido una clara ruptura del orden constitucional, del sistema democrático y del Estado de derecho. La recuperación de la democracia pasa por la anunciada reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática, alrededor de la cual la alternativa democrática venezolana debe reactivar la presión de calle, con protestas, huelgas escalonadas, sectoriales y regionales, a través de la movilización social, conjuntamente con la sociedad civil. También debe fomentarse la reactivación de la presión internacional. En la OEA, en particular, dado el fracaso del proceso de “diálogo”, básicamente por incumplimiento del gobierno y el deterioro de la situación política y económica, el Consejo Permanente debería solicitar a los intermediarios un informe de su gestión y decidir el camino a seguir de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana. La formación de un Grupo de Amigos, integrado por gobiernos de la región, siguiendo el exitoso ejemplo de la pacificación centroamericana en las últimas décadas del siglo pasado, podría ser una opción interesante.