Años de gobierno chavista en Venezuela han logrado dos objetivos: llevar el país hacia un verdadero desastre económico y la disolución social, y al mismo tiempo crear en sus gobernantes la certeza de dominar un poder inquebrantable. Demasiados intereses crearon una madeja que se suponía compacta y capaz de resistir cualquier embestida externa. La omnipotencia ciega de un poder que devora la capacidad de análisis de la realidad, unida a la desesperada situación económica frente a los próximos compromisos de pago que Venezuela deberá enfrentar teniendo las arcas vacías, han llevado al Presidente y sus aliados en el Tribunal Supremo de Justicia a intentar la maniobra de desmantelar definitivamente la Asamblea Nacional, asumir sus funciones, y así tener la posibilidad de disfrazar de “legalidad” acuerdos económicos internacionales. Quizás también confiaron en el miedo que produciría la decisión del TSJ de borrar la inmunidad parlamentaria a los miembros de la Asamblea y dar al Presidente poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil.
Sabían, y posiblemente confiaban, en que este nuevo golpe iba a encontrar a una población agobiada por problemas inimaginables hasta hace unos años: la lucha diaria, constante, para sobrevivir al hambre, las enfermedades y la delincuencia. La ceguera del poder no les permitió evaluar las reacciones nacionales e internacionales. Quizás pensaron que iban a lograrlo como lo hicieron la dinastía de los Ortega en Nicaragua o la de los Castro en Cuba. Pero, por suerte, Venezuela es un país con un sentir democrático muy hondo, tan hondo que el repudio y el verdadero parado lo recibieron de su misma gente, porque de la oposición no se esperaba menos. La declaración de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien al condenar la decisión del TSJ habló de “ruptura del hilo constitucional”, tuvo la fuerza de una bomba y mostró las grandes costuras de un poder que se creía monolítico. Que en el chavismo existiera un descontento creciente era bien sabido pero hasta el momento lo manejaban con el tácito acuerdo de “lavar los trapos sucios en casa”. La declaración de la Fiscal rompió definitivamente esa práctica creando un precedente que podría realmente marcar el fin del gobierno y de los sectores más autoritarios y corruptos del chavismo para dejar espacio a los más democráticos, aquellos que están dispuestos a medirse en el terreno político al igual que cualquier otro partido de un país con una democracia real y no solamente aparente.
Una acción tan soberbiamente ciega tuvo importantes consecuencias tanto internas en el gobierno y en la oposición como internacionales ya que obligó a muchos gobernantes a salir de sus zonas de confort, de sus actitudes “diplomáticamente” blandas. Todo el mundo sabía que en Venezuela ya no existía democracia sino democradura, que la división de poderes era inexistente, que existen prisioneros políticos, exiliados, perseguidos. Lo dijo Almagro en la OEA, con su informe detallado, lo dijeron en distintas ocasiones otros organismos que se ocupan de derechos humanos y de legalidad. Sin embargo gobiernos y organismos internacionales preferían patinar en los caminos resbalosos de la democracia, diciendo sin decir nada, evitando la papa caliente de un enfrentamiento con un gobierno “electo democráticamente”.
Este es un momento pliegue también para los partidos de oposición que deben enfrentarse al reto enorme de unirse para crear un programa articulado y coherente que sea capaz de evitar derivas autoritarias y de romper indiferencia y desesperanzas.
La marcha atrás, parcial, del Tribunal Supremo de Justicia no borra la nueva herida que sufrió una democracia que ya sangra desde hace mucho tiempo. Más bien puso en evidencia otras heridas.
Venezuela es un país agonizante y no lo merece. No lo merecen las personas que sufren día a día las consecuencias de un gobierno ineficiente y corrupto y no lo merecen quienes salieron a la desbandada, aceptando cualquier sacrificio, con tal de conservar la vida en una guerra que, como admitió la misma Fiscal General, dejó un saldo de 21.752 muertos asesinados en 2016 con un incremento del 22,3 por ciento con respecto al año anterior.
Quizás haya llegado el momento en el cual los chavistas que no se dejaron cautivar por el canto de sirenas de la corrupción y que un día creyeron en la posibilidad de vivir en un país más justo, empiecen a desmarcarse de los otros, que la oposición deje las divisiones internas en pro de un proyecto país y dibuje un camino claro para lograrlo y que gobiernos y organismos internacionales entiendan que ya no pueden jugar al juego de los tres monitos: no veo, no oigo, no hablo.
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Photo Credits: Julio César Mesa