Venezuela abril 2017: millares de jóvenes llenan las calles del país para protestar contra dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que despojan de sus funciones legales la Asamblea Nacional.
Nicaragua abril 2018: millares de jóvenes organizan marchas para protestar contra el gobierno de Ortega y en particular contra la imposición de unas reformas de la Seguridad Social.
En ambos casos la represión de los respectivos gobiernos, reflejando su talante autoritario, ha sido despiadada y violenta. En ambos casos mucha sangre joven ha sido derramada, centenares de estudiantes han sido encarcelados y torturados, otros han quedado heridos de gravedad.
A pesar de las protestas nacionales e internacionales el régimen de Maduro ha logrado sobrevivir, hasta el día de hoy, sin conceder espacios a la oposición y manteniendo un férreo control sobre las instituciones, los militares y las fuerzas policiales.
Para Daniel Ortega y sus acólitos las cosas podrían tomar un rumbo diferente. A pesar de haber dado marcha atrás en la reforma de la Seguridad Social, su aparente disposición al diálogo sonó tan falsa que la misma Conferencia Episcopal, que había aceptado un rol de mediación, denunció la falta de garantías y transparencia para seguir adelante.
Y así, a los estudiantes se unieron personas de toda clase social y edad en una manifestación oceánica que pidió a gritos paz, justicia y un cambio de gobierno.
Una situación que pone en serios aprietos a los Ortega, una dinastía que mantiene el poder del país de manera violenta y fraudulenta, a través del nepotismo (esposa, hijos y sobrinos de Daniel Ortega mantienen el control de los sectores estratégicos del país), de la corrupción de la cual se han beneficiado muchos empresarios nacionales e internacionales y de la ayuda de Venezuela que, durante muchos años, ha permitido subsidiar a los sectores más necesitados para asegurar al régimen una base electoral.
Frente a la violencia de la represión que ha causado la muerte de más de 41 personas en su mayoría jóvenes, entre ellos un periodista independiente, centenares de heridos y presos, el rechazo internacional ha sido casi unánime y la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó claramente que las muertes podrían ser consideradas “asesinatos no justificados”. Por su parte los empresarios nacionales e internacionales, asustados por el giro que están tomando los hechos, también se alejaron del Presidente Ortega ampliando el cerco de su soledad.
Tampoco sirvió de mucho la renuncia de la Jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, responsable de la dura represión, porque todo el mundo sabe que el verdadero mandante de la matanza es el mismo Ortega quien detiene el control absoluto de las fuerzas policiales.
Nicaragua es un país con grandes desigualdades que Ortega pudo mimetizar con dádivas populistas, gracias a la ayuda de Venezuela. Sin embargo tras la crisis económica que asola ese país la ayuda desapareció poniendo en serios aprietos al gobierno de Nicaragua. A pesar de todo Daniel Ortega mantenía la certeza de poder sofocar todos los focos de descontento y de oposición gracias al control de los sectores estratégicos del país.
Sin embargo sus cálculos podrían resultar equivocados.
El primer brote de manifestación surgió a raíz de un incendio que destruyó más de cinco mil hectáreas de selva en la reserva biológica Indio Maíz, una de las más importantes en Centroamérica. Un incendio que, según los ambientalistas y expertos nicaragüenses, fue provocado para desplazar a las poblaciones nativas rama y kriol y favorecer la penetración de los campesinos. Mostrando evidencias y pruebas los ambientalistas llevaron su denuncia hasta los relatores de las Naciones Unidas a quienes explicaron que este incendio “es la mayor catástrofe ecológica en los últimos años, provocada presuntamente por actividades humanas ilegales”. La acusación encontró ulterior respaldo en la lentitud que mostró el gobierno en atender una emergencia de tal magnitud.
La protesta por el incendio de la reserva biológica Indio Maíz fue la primera grieta en el dique del gobierno Ortega. Una pequeña fisura que creció tras la declaración relativa a la reforma de la Seguridad Social y ahora después de la respuesta despiadada y sangrienta a las manifestaciones.
La fuerza popular en Nicaragua ya es un río que podría llevar a la caída del gobierno autoritario, corrupto y violento de Ortega.
En ese caso las muertes de los jóvenes no habrían sido en vano. Sus tumbas se transformarían en unas ventanas hacia la democracia y la justicia. Y quizás podrían abrir una esperanza de rescate para los jóvenes asesinados en Venezuela hace un año, en un mismo mes de abril.