Mientras el número de muertes de civiles en Irak sigue creciendo ininterrumpidamente, también crecen los pedidos de enjuiciamiento de quienes llevaron a los Estados Unidos y Gran Bretaña a la guerra: George W. Bush y Tony Blair. A ellos hay que añadir al ex presidente del Gobierno de España, José María Aznar, aunque España tuvo una participación menor en dicha guerra. Al mismo tiempo, la difusión pública de 200 fotografías que muestran la tortura de prisioneros por personal militar de los Estados Unidos en Irak (y también en Afganistán) enfatiza la oportunidad de llevar a cabo esos juicios. De aplicarse los Principios de Nuremberg y las Convenciones de Ginebra, es probable que tanto Bush como Blair pudieran ser condenados por su responsabilidad en esa guerra terrible.
Los Principios de Nuremberg son las directivas establecidas después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar los crímenes de guerra cometidos por los nazis. Estos mismos principios deberían aplicarse para deslindar la responsabilidad penal imputable a quienes llevaron a la guerra de Irak y, como consecuencia previsible, a la muerte de cientos de miles de personas – muchos de ellos niños – devastando la infraestructura del país.
Una de las infracciones más graves del derecho internacional por parte de la administración Bush fue la doctrina de la llamada «guerra preventiva», invocada por su gobierno para justificar la guerra de Irak. Esta guerra se llevó a cabo sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y en violación de la Carta de la ONU, que prohíbe, con la sola excepción de la defensa propia, la agresión armada y las violaciones de la soberanía de cualquier estado.
«El lanzamiento de una guerra de agresión es un crimen que ninguna situación política o económica puede justificar«, dijo Robert Jackson, quien fue fiscal principal ante el Tribunal de Nuremberg y miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otra eminencia jurídica del derecho internacional, Benjamin Ferencz, también ex fiscal de los juicios de Nuremberg, se expresó en favor de la responsabilidad “prima facie” que pesa sobre el gobierno Estados Unidos por delitos contra la humanidad, por “llevar a cabo una guerra ilegal de agresión contra una nación soberana«.
Los crímenes cometidos en la guerra de Irak son contemplados en el Principio VI de Nuremberg como «Crímenes contra la Paz y la Guerra», definidos como «(i) La planificación, preparación, iniciación o realización de una guerra de agresión o una guerra en violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales; «(ii) La participación en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos mencionados en (i).” En el apartado dedicado a los “Crímenes de Guerra”, el Principio VI de Nuremberg incluye «el asesinato o maltrato de prisioneros de guerra o de personas en el mar, causando la muerte de los rehenes, y el saqueo de la propiedad pública o privada.»
«Aunque los Principios de Nuremberg carecen de la fuerza vinculante que tienen las reglas incorporadas a un tratado internacional, no dejan de constituir, cada vez con fuerza más creciente, reglas de derecho consuetudinario que obligan a las naciones tanto como un tratado internacional», dice el Profesor Alejandro M. Garro, que enseña el derecho comparado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Columbia.
En enero de 2003, un grupo de profesores estadounidenses de derecho advirtió al presidente George W. Bush que él y altos funcionarios de su gobierno podrían ser procesados por violar normas del derecho internacional. Este grupo de juristas, liderados por el Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York (“CDC”), envió advertencias similares al ex primer ministro británico, Tony Blair, y al ex premier ministro canadiense Jean Chrétien.
Michael Ratner, Presidente Emérito del CDC, afirma que aun cuando Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, Bush y otros exfuncionarios estadounidenses también podrían ser igualmente procesados bajo la IV Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales que prohíben atacar poblaciones civiles desprovistas de valor militar.
Además, la responsabilidad de George W. Bush y otros funcionarios de su gobierno se extiende a otros delitos. El abuso penal de los presos en las cárceles militares estadounidenses en Irak, Afganistán y Guantánamo son una clara evidencia de malos tratos, tortura e incluso de asesinato.
Curiosamente, fue Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa durante la presidencia de George W. Bush quien validó la aplicabilidad de las Convenciones de Ginebra.
El 25 de Marzo de 2003, durante una rueda de prensa para informar sobre el progreso de la guerra de Irak, Rumsfeld dijo: “Esta guerra es un acto de defensa propia, por cierto, pero también es un acto de humanidad…En días recientes, el mundo ha sido testigo de la brutalidad de los Irakíes y de su desprecio por las leyes de guerra. Su tratamiento de los prisioneros de guerra de la coalición es una violación de las Convenciones de Ginebra”.
Además, hay claros indicios que antes de que comenzara la guerra, funcionarios del gobierno norteamericano habían elaborado planes para privatizar y vender propiedad iraquí, particularmente la relacionada con el petróleo, conducta evidenciada en los saqueos a la propiedad pública y privada de ese país por los soldados de la coalición y la protección de todas las instituciones irakíes relacionadas con la comercialización del petróleo.
Son muchos los obstáculos de índole política y jurídica que se interponen para investigar y perseguir criminalmente a un ex presidente de Estados Unidos y a un ex primer ministro Británico y sus asociados. Sin embargo, los tres países de América Latina, Argentina, Chile y Perú, que llevaron adelante sus juicios con éxito y condenaron a sus líderes a prisión, lo hicieron por delitos de mucha menor magnitud que los perpetrados en la guerra de Irak. Los Principios de Nuremberg y particularmente las Convenciones de Ginebra y el respeto a la dignidad humana que impone el derecho consuetudinario internacional justifican plenamente el esfuerzo.