Somos una revista independiente que sobrevive gracias a tu apoyo. ¿Quieres ser parte de este proyecto? ¡Bríndanos un café al mes!

Imprecisiones y vaguedades, errores tácticos y la soberbia de unos pocos

Allí donde termina la ley, comienza la tiranía si se infringe la ley en perjuicio de otro

John Locke

Aburre, o mejor dicho, agota leer las expresiones de no pocos líderes y sobre todo personajes que proceden de la intelligentzia en Venezuela. Obviamente, cada cual elige sus valores y el modo de defenderlos. No juzgo a nadie por ello. No debo, y tampoco lo deseo. Allá lo que Fernando Mires pueda suponer que es necesario para sacar a Venezuela de esta profunda crisis. No me interesan los arrebatos de Jesús «Chuo» Torrealba o de Carlos Raúl Hernández porque el electorado prefirió abstenerse en lugar de votar en unas elecciones amañadas en las que el ciudadano no eligió (ni elige). Creo que Henry Falcón tiene el derecho de asumir que su candidatura presidencial puede reunir a una ciudadanía que no cree en él. Sin embargo, no podemos aceptar, si nos reconocemos como verdaderos ciudadanos, imprecisiones jurídicas, como las que plantea Luis Enrique Alcalá (el Dr. Político), y, lo más importante, que seamos tratados los venezolanos como niños incapaces de tomar nuestras propias decisiones, sujetos siempre a la voluntad del «padrecito» de turno.

Si el Dr. Alcalá cree que es mejor negociar la transición con la élite, aunque la realidad demuestre que tal cosa es improbable, esa es su decisión. Sin embargo, resulta inaceptable argüir conceptos falsos, o cuando menos imprecisos, sobre el ejercicio de derechos que la doctrina jurídica reconoce desde la antigüedad. Insiste, el conductor del programa «Doctor Político», que solo es factible una salida que «se ajuste a la constitución», reduciéndola a unas elecciones dentro de los plazos previstos constitucionalmente, ignorando que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (compromiso asumido por las Naciones Unidas en 1948) prevé como un «recurso supremo» e inherente al ser humano (y por lo tanto existente más allá de su inclusión o no en el ordenamiento jurídico positivo, o lo que es lo mismo, se le tiene como un derecho natural) el de desconocer a un gobierno tiránico. Un derecho que ya proponía Platón en la antigüedad y San Isidoro de Sevilla y santo Tomás de Aquino en el medioevo.

Lo sé, es verdad que la Declaración reconoce el carácter extraordinario (supremo) del derecho a la rebelión (o su variante, el de desconocer a un gobierno tiránico), pero, en todo caso, la prevé como una medida democrática y justificada. Obviamente, esa medida extrema está sujeta a condiciones que ciertamente la legitimen. Si el Dr. Alcalá cree que no están dadas, que no se justifica ese derecho (natural), esa es su opinión (que como tal no es ni verdadera ni falsa). No hay dudas, empero, de que hay elementos de hecho que definen la existencia en Venezuela de un gobierno de facto que perdió su legitimidad para ejercer la autoridad y que, por lo tanto, no solo ostentamos el derecho de desconocerlo, sino que la propia constitución (que él tanto cita) nos impone el deber de restituir el orden violado (artículo 333 de la constitución vigente, que contemplaba igualmente el artículo 250 del texto de 1961).

Este asunto, sin dudas complicado, nos obliga a evaluar el escenario real y, desde luego, opciones realistas, cosa que, a mi juicio, no ha hecho buena parte de los líderes opositores, quienes, como los necios, creen posible obtener resultados distintos a pesar de seguir haciendo lo mismo una y otra vez.

Estoy al tanto de salidas electorales en otras naciones (aunque ciertamente menores en número). Sin embargo, no podemos obviar que en otras ocasiones (sin dudas, las más comunes), la transición ha tenido lugar por otros medios (desde protestas callejeras de mediana intensidad hasta intervenciones militares, como ocurrió con el genocida Slobodan Milosevic en la desaparecida Yugoslavia o incluso, la invasión humanitaria vietnamita para detener el horror impuesto por el régimen de Pol Pot en Camboya). No olvidemos que la génesis del Estado moderno se halla en dos procesos que quebraron la legalidad imperante para el momento en el cual tuvieron lugar: la Independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. No olvidemos tampoco las razones morales y éticas que tuvo Gran Bretaña para declararle la guerra al Eje y particularmente al régimen nazi en septiembre de 1939, y de los Aliados para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Negar el derecho natural de los pueblos a desconocer los gobiernos tiránicos desconoce los fundamentos filosóficos sobre los cuales se ha construido el Estado moderno, el orden occidental del cual deriva Venezuela como nación y obviamente, el debido respeto por los derechos humanos, tenidos como un valor supremo de la humanidad.

No voy a adentrarme en la injusticia intrínseca del socialismo, lo cual amerita un texto específico. Me limitaré al modo como la dictadura de Maduro (y antes, la de Chávez) perdieron su legitimidad y por ende, el derecho a ejercer la autoridad (auctoritas). No basta el origen legítimo, que en el caso de Maduro es, en todo caso, cuestionable. Un régimen puede perder su legitimidad (y por lo tanto, el derecho a gobernar) por el desempeño injusto de sus atribuciones y la degeneración aberrante de sus competencias. En julio del año pasado, la dictadura revolucionaria (y eso es, esencialmente, el orden imperante en Venezuela) se apartó de la institucionalidad al transferir poderes supraconstitucionales a un ente controlado por la élite, incompetente para hacer lo que hace y que sin pudor ignora las genuinas aspiraciones del pueblo (entendido como un cuerpo social y no como la encarnación de las masas depauperadas, cuya representación se atribuye la élite). Dicho de un modo más simple, la dictadura de Maduro gobierna en franca contravención al Estado de Derecho a través de mecanismos e instituciones de facto.

La intención de la élite chavista-madurista es la imposición de un modelo que la mayoría de los venezolanos no acepta ni ha aceptado históricamente. Amparados en el poder que sobre las instituciones le confirió el voto, se han apartado de la esencia del gobierno para revolucionar todo el orden político vigente, excediendo el mandato conferido electoralmente. Hoy por hoy, como se ha visto suficientemente, la voluntad ciudadana es irrelevante, cuando los Poderes Públicos han sido sometidos por la élite, que se erige como «el tirano» (en tanto que toda dictadura se construye sobre una élite que sirve de cimiento al dictador), y aquellos que permanecen díscolos, como la Asamblea Nacional y la legítima representante del Ministerio Público, han sido anulados de facto – y recalco este término, de facto – por esa abominación jurídica que sin serlo, se le atribuye el calificativo de Asamblea Nacional Constituyente, confiriéndole competencias que aun siendo legítima (y no lo es), no detenta ni puede detentar.

Sumemos a este hecho, el de ser un gobierno de facto, que su poder no lo ejerce en función de unos principios y valores establecidos en el «contrato social», sino para adelantar un proyecto revolucionario cuyo fin último es la sustitución del orden democrático por otro socialista (y por ello, contrario a aquel) en oposición a la genuina voluntad mayoritaria de los ciudadanos. En ese sentido, el poder se ejerce mediante la coerción y el chantaje, mediante métodos violentos (como la tortura y la persecución de toda actividad disidente), que definen a la dictadura como cruel e inhumana y, por ello, contraria a los verdaderos valores democráticos y a la dignidad humana. Queda claro pues, que, aun cuando los detractores de aquellas otras vías que no sea el sufragio (a todas luces improbable cumplir en la actualidad su auténtico cometido: el de permitir elegir a la ciudadanía) crean lo contrario, el régimen chavista-madurista es una dictadura comprometida con la imposición (aun por la fuerza) de un modelo fracasado, incluso a espaldas de la mayoría de los venezolanos, y que para ello, no tendrá pudor (como no lo ha tenido) para abusar de su poder con el fin de lograrlo, y, consecuentemente, la sociedad no solo tiene el derecho de desconocerla plenamente (art. 350, que recoge un derecho natural), sino que debe hacer lo que esté a su alcance para restituir el orden violado (art. 333 de la constitución vigente).

Dicho esto, cabe preguntarse entonces si es aceptable, como lo proponen el conductor de Doctor Político (quien no es abogado y como ya he dicho, incurre en graves imprecisiones jurídicas) y aquellos que no admiten in pectore el talante tiránico del gobierno revolucionario de Maduro, deslegitimar otras formas ajustadas al derecho natural y a los principios reconocidos universalmente para lograr la legítima (y urgente) transición de esta dictadura a un genuino orden democrático, e incluso, si no es reprochable acusar con epítetos descalificativos a los que como yo, creemos que toda acto tendente a restituir el orden constitucional ultrajado es en esencia democrático, e indudablemente, un mandato de la propia constitución a todo ciudadano, esté o no investido o no de autoridad. Cabe cuestionar, igualmente, la eficacia de una estrategia que, a todas luces, ha sido insuficiente para lograr el cometido fundamental de la alianza opositora: construir la pretendida transición a la brevedad posible.

No creo que haya dudas al respecto, la dictadura de Maduro abolió la ley en perjuicio de todos los venezolanos y, por ello, no solo tenemos el derecho natural a desconocerla sino que además, se nos impone como un mandato.

Hey you,
¿nos brindas un café?