Los entretelones de las estafas inmobiliarias en España tienen, con Cinco metros cuadrados (2011) del realizador Max Lemcke, una tragicómica resolución, mediante el viacrucis de una joven pareja queriendo casarse y comprar su primera vivienda. Ello, dentro de la línea de producciones como El pisito (1959) de Marco Ferreri, donde una pareja del franquismo quiere hacer realidad el sueño de tener casa propia, durante la crisis habitacional anterior al despegue económico de los años sesenta.
El film se abre con las panorámicas del Benidorm de rascacielos y desarrollos habitacionales, surgidos antes del estallido de la burbuja inmobiliaria durante la crisis financiera del 2007, que acabó con un lugar paradisíaco de la Costa Blanca valenciana; y se centra en la conversación entre Montañés, un especulador de bienes raíces, y Arganda, el alcalde corrupto de la localidad, donde con la complicidad de funcionarios del organismo encargado del medio ambiente quieren construir el conjunto “Señorío del Mar”, recalificando una zona protegida desde la cual además no se vislumbra mar alguno.
“—Dame la licencia. —¿Y si lo miran en Medio Ambiente? —En Medio Ambiente estamos todos, hombre”. Con este diálogo, los dos amigos zanjan un negocio sucio más en la larga cadena de proyectos realizados conjuntamente desde el fraude y la confabulación con la colaboración de los sectores dirigentes. Algo que la gran recesión de 2007-2008 demostró, cuando el Estado financió la recuperación de bancos y fondos de inversión que habían especulado con el dinero de los pequeños ahorristas, pero no auxilió a los ahorristas mismos.
El film centra las prácticas oscuras de estos individuos, las trabas legales introducidas por ellos para impedir una vista judicial de los compradores afectados y la desintegración de la pareja, como consecuencia de las presiones familiares y la falta de un lugar donde vivir. Un lugar ya de por sí destinado al fracaso, pues la estructura de los edificios en construcción está siendo realizada con materiales defectuosos. “Esto no es hormigón ni es nada. Esto está adulterado”, declara otro de los propietarios quien, como ingeniero técnico de obras públicas, está revisando las fundaciones el día cuando Álex y Virginia van con los padres de esta a ver el progreso de la construcción, en una escena reminiscencia de la serie televisiva Aquí no hay quien viva (2003-2006), donde trabajaron los actores que encarnan a la pareja en crisis, y que relataba desde la comedia los problemas existentes en una casa de vecindad.
La cámara se detendrá aquí en las estructuras del complejo, abandonadas por constructores y obreros, como esqueletos inservibles y condenados a ser derribados; si bien uno de los vendedores del proyecto le asegurará a Álex que “la estructura está fenomenal” cuando vaya a la empresa a reclamar, y le pedirá otros 13.000 euros a fin de seguir adelante con el negocio, ya trunco, pues en la siguiente visita los jóvenes se enterarán de que Medio Ambiente ha cerrado la obra porque sostiene haber encontrado un lince merodeando por el lugar. Pero las circunstancias apuntan mejor hacia la estrategia de querer ocultar su responsabilidad en el desfalco, e impedir que haya una investigación judicial de sus componendas ilegales.
“—Han parado la obra. —Tengo el culo pelao de que me paren obras. —Van a sacar las cosas. —¿Qué cosas. —Las cosas —Cosas viejas, dices. —Cosas viejas, cosas nuevas, todas las cosas. —¿A quién tienes en Medio Ambiente?”, vuelven a conversar los dos mafiosos empresarios, buscando utilizar a sus contactos políticos en la Administración para eludir responsabilidades y silenciar a las víctimas. Aunque la película no se detiene en los resultados de tales acercamientos, se infiere que fueron positivos pues no hay ninguna averiguación con respecto a este u otros negocios del grupo.
Se observa entonces una instancia más de corrupción en las altas esferas que queda en la impunidad y el secretismo más absoluto, amparados los especuladores por la legalidad del Estado de derecho, donde no obstante se ponen en funcionamiento los mismos mecanismos viciados de las autocracias. Ello conlleva una pérdida de la credibilidad institucional, puesta a minar las bases democráticas y encender las protestas de la gente exigiendo transparencia.
Sin embargo, el film de Lemcke empañará más aún tales aspiraciones, cuando muestre cómo los especuladores buscarán arreglar el impasse con los compradores estafados, al ofrecerles otros apartamentos a fin de sacárselos de encima y que no se descubran los desfalcos anteriores, pudiendo ellos preservar así una mampara de respetabilidad y confianza. Pero ese simulacro de verdad no convencerá a quienes quieren enfrentar legalmente esta situación signada por la ambigüedad, la falsedad y el robo aparentemente legal de su dinero con diabólica premeditación y alevosía. De hecho las viviendas ofrecidas por la constructora, en unos superbloques sin vistas y pésimos acabados, serán rechazadas por el grupo, en aras de llevar adelante una demanda contra la compañía.
Al contratar un abogado e ir a Corte, los compradores estafados se darán de bruces con la laberíntica estructura del sistema judicial español, que ha sido repetidamente puesto en tela de juicio, nunca mejor dicho, por los demandantes y los medios de comunicación, dada su cercanía con quienes forman parte de las élites políticas, sociales y económicas. Los entretelones del sistema, donde los grupos de poder influyen en muchas resoluciones para llevarlas a su terreno y salir favorecidos, actuará una vez más en contra de la ciudadanía, al reconocer el súbito cambio de sede jurídica de la empresa constructora, hecho con objeto de no necesitar presentarse a la vista ni responder a las acusaciones. Los costes legales de iniciar nuevamente el proceso desanimarán al grupo dejándoles en manos de los estafadores, quienes amparados por las componendas de un sistema viciado les ofrecerán ahora unos pocos miles de euros, enfrentándolos ahí a la realidad de haberlo perdido todo.
Se repite así a pequeña escala la ruina de ahorristas, contribuyentes y nuevos propietarios por culpa de la especulación financiera de 2008, en que el Gobierno cínicamente pidió a las familias y a los bancos apretarse el cinturón, austeridad y respeto al dinero del contribuyente cuando ya era demasiado tarde. La economía especulativa que llevó a la pérdida de esos ahorros, y en muchos casos las viviendas compradas con hipotecas de alto riesgo durante la burbuja inmobiliaria, fue salvada por los generosos rescates institucionales, pero quienes se quedaron sin nada en su mayoría nunca volvieron a encontrar trabajo y tampoco pudieron rehacer sus finanzas ni salvar sus casas, tal como veremos en la segunda parte de este artículo.