La controversia territorial entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo está enmarcada jurídicamente en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que tiene como objetivo primordial “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”. Sin embargo, mientras no se logre la solución de la controversia, el Acuerdo deja a Guyana la posesión del territorio en reclamación, con las consecuencias y ventajas que eso significa. No obstante, basándose en el artículo V del Acuerdo, todos los gobiernos venezolanos desde 1966 se habían opuesto a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos en la zona en reclamación. El propio presidente Chávez, el 19 de marzo y el 1 de abril de 2000, expresó su enérgica oposición al otorgamiento de una concesión a la empresa estadounidense Beal Aerospace Technologies, para construir una plataforma de lanzamiento de satélites en el Esequibo. Obviamente, el mantenimiento del “status quo” es, para Guyana, una alternativa preferible a un acuerdo negociado, que implicaría algún tipo de concesión territorial a Venezuela. Por tanto, la posibilidad de desestimular los proyectos de inversión foránea en el Esequibo era una de las escasas herramientas que Venezuela tenía, para deteriorar las ventajas que la posesión del territorio le concede a Guyana. En marzo del 2004, en cambio, el Presidente Chávez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas armas de negociación. En febrero del 2007, el Presidente Chávez afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, por parte del gobierno de Rómulo Betancourt, fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el gobierno autónomo de izquierda (pero todavía no independiente) del Primer Ministro de la entonces Guayana Británica, Cheddi Jagan. El entonces embajador guyanés en Caracas, Odeen Ishmael, en una entrevista concedida al diario El Nacional, sustentándose, en esa declaración presidencial, afirmó que el Presidente Chávez debería “dar un paso al frente para retirar el reclamo venezolano”. En realidad, la posición guyanesa es una absoluta falsedad histórica, que, en privado y me consta, no se la creen ni los mismos guyaneses. La reactivación de la reclamación fue un proceso absolutamente autónomo, dentro del gobierno venezolano, provocado por la inminencia de la independencia de Guyana. Además, es obvio que, siendo Guyana en 1962 todavía una colonia británica, para evitar que, en el futuro Estado independiente, surgiese un gobierno filocomunista no fue necesario “utilizar” la reclamación venezolana, sólo bastó que el gobierno británico postergara la independencia hasta que Jagan perdiera las elecciones de 1964. Chávez, muy probablemente por sugerencia de Cuba, que desde mediados de los años ’70 siempre ha apoyado la posición guyanesa, se desinteresó completamente de la reclamación, creyendo también que de esa forma, junto con el subsidio petrolero de Petrocaribe, podía contar con el apoyo de los 15 países de la CARICOM en la OEA y en la ONU.
¿Por qué Maduro ahora invierte totalmente el rumbo después de, por lo menos, 11 años de abandono de la reclamación, habiendo además sido el Canciller durante seis años? ¿Por qué, como afirma la prensa guyanesa y caribeña, “traiciona” el legado internacionalista del “Comandante Supremo y Eterno”? Fundamentalmente por dos razones: 1) El gobierno cree que exacerbar el nacionalismo alrededor de la reclamación puede hacerle recuperar puntos en el alicaído apoyo popular, distraer la atención sobre el creciente desastre socioeconómico del país y además “complicarle la vida” a la oposición por la exigencia de la necesaria unidad nacional frente a la agresión de la Exxon, instrumento del Imperio y de sus “títeres guyaneses”. 2) Tranquilizar y distraer al sector de la Fuerza Armada, interesado y preocupado por el abandono de la reclamación y la defensa de la fachada atlántica del delta del Orinoco.